La ASE se niega a auditar uso de aeronaves durante gobierno de Quirino

Aunque la Comisión de Fiscalización del Congreso local señaló que no había transparencia en el uso de las aeronaves del gobierno estatal y solicitó la realización de una auditoría específica, la Auditoría Superior del Estado (ASE) no realizará una revisión a los costos de operación porque consideró que no era factible.

La auditoría específica había sido solicitada por la Comisión de Fiscalización, entonces encabezada por la diputada de Morena, Graciela Domínguez Nava, en la anterior Legislatura, bajo un acuerdo unánime de los legisladores por la falta de transparencia en el uso de las aeronaves por parte del gobierno estatal.

La Comisión de Fiscalización realizó la solicitud desde el 1 de julio de 2021 porque cuando revisaron las bitácoras de vuelo de las aeronaves, los diputados detectaron que no se informó al Congreso quienes fueron los pasajeros que utilizaron las aeronaves, simplemente el número de personas, mas no sus nombres.

En la información que el gobierno estatal había proporcionado a los diputados en la Legislatura anterior era escasa: las bitácoras de vuelo no tenían las firmas de quiénes las autorizaban, se omitían las horas de vuelo, tampoco se incluía la hora de salida y regreso de las aeronaves oficiales al hangar.

En el uso de aeronaves del gobierno estatal, a los diputados de la anterior Legislatura se les omitieron los motivos de los viajes, solo se consignaba de manera genérica “agenda de trabajo”.

Se requiere saber con certeza, dijeron al aprobar solicitar la auditoría específica, cuál era el costo que representaban para el erario, las siete aeronaves, de las cuales cinco estaban en funciones.

La solicitud de los legisladores, explicaron en junio de 2021 en la Comisión de Fiscalización, obedecía a revisar si el Gobierno del Estado había cumplido con la Ley de Austeridad en el uso de aeronaves en 2019, 2020 y de enero a junio de 2021.

En específico, la Comisión de Fiscalización explicó a la ASE que el objetivo de la auditoría era para verificar el procedimiento administrativo de los vuelos y cotejarlos con la bitácoras, así como conocer los lugares en donde pernoctan las aeronaves y los contratos existentes para ese motivo.

La ASE comunicó a la Comisión de Fiscalización, encabezada por el diputado Sergio Mario Arredondo, en la nueva Legislatura, que era posible realizar una auditoría a la Secretaría de Seguridad Pública sobre el uso de las aeronaves, pero no factible la verificación del costo de operación por cada uno de los vuelos nacionales y extranjeros.

La razón que esgrimió Nuria Guadalupe Valenzuela Peñuelas, titular de la Dirección de Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero, fue que verificar la operación de cada uno de los vuelos implicaría solicitar un dictamen técnico realizado por peritos en aeronáutica para establecer posibles diferencias de los costos operativos efectuado con su real “saber y entender”, considerando diversas variables que afecten el consumo de combustible, tales como las condiciones de la ruta en dichos vuelos, datos como la cantidad de pasajeros transportados, el mantenimiento correctivo y preventivo de la aeronaves, entre otras circunstancias.

Para fines de la auditoría, aseguró la funcionaria de la ASE, no contaban con un método establecido para determinar el costo de operación exacto por aeronave, permitiendo por lo tanto que el posible daño o perjuicio al erario, en caso de haberlo, no se encuentre debidamente soportado, comprometiendo con ello los principios de certeza y seguridad jurídica.

De acuerdo a la Ley de Austeridad para el Estado de Sinaloa, aprobado en diciembre de 2018, el Ejecutivo Estatal dispondría de un inventario básico de aeronaves oficiales para operación en asuntos esenciales, y se conservarían las vinculadas a tareas de seguridad pública, atención de desastres naturales y de asistencia social, o de atención a la ciudadanía por parte del gobernador.Pa

ra acatar en la Ley de Austeridad en el caso del uso de aeronaves, se presupone que el Ejecutivo Estatal contaría con un inventario de naves que ya no se utilizarían, por lo que procederían al plan de desincorporación, y con ello prohibir absolutamente la utilización para otros fines.

A pesar de que la Ley Austeridad prohibió el uso de las aeronaves propiedad del Gobierno del Estado para el transporte de funcionarios, el gobernador Quirino Ordaz Coppel y sus acompañantes continuaron usando el avión Jet DASSAULT A.M. FALCON para trasladarse, cuando el marco legal señaló que debiese usarse solo en vuelos comerciales.

La bitácora de vuelos de la Secretaría de Seguridad Pública registró en 2019 un total de 123 viajes por asuntos de “agenda de trabajo del Gobierno”; en tanto que en 2020 el número de vuelos descendió a un total de 38 viajes del gobernador con dos a ocho pasajeros más.

No se puede disponer de aeronaves oficiales o mediante alquiler para el traslado de los funcionarios, quienes en todo caso deben utilizar aeronaves comerciales, se indica el artículo 28 de la Ley de Austeridad del Estado que entró en vigor el día 7 de febrero de 2019.

La respuesta de la ASE sobre la no factibilidad de una auditoría sobre el costo de las aeronaves del gobierno estatal, no provocó ninguna reacción, posicionamiento o cuestionamiento entre los nuevos diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización; solo se contempló su lectura en su más reciente reunión de trabajo.

“Se le ha dado lectura al informe presentado por la auditora. ¿Es solamente la lectura diputado Sergio Mario”, preguntó la diputada del PAS, Alba Virgen Montes, durante la reunión.

“Así es diputada, solamente lectura” respondió el diputado del PRI y presidente de la Comisión de Fiscalización, quien explicó que la información ya se les había entregado en un cuadernillo. Y ahí se agotó el punto, para pasar a otro tema.

Artículo publicado el 30 de enero de 2022 en la edición 992 del semanario Ríodoce.