Un lugar dónde vivir, la principal demanda de los desplazados por la violencia

Las secuelas que las víctimas de desplazamiento a causa de la violencia son un tema recurrente cada vez que se define el presupuesto que el gobierno del estado ejercerá, pues de éste depende en gran medida que la calidad de vida de las familias mejore.

Las consecuencias del desplazamiento interno forzado no han sido reparadas por los gobernadores de Sinaloa, y de ello dan cuenta los hombres, mujeres, niñas y niños que padecen la falta de un empleo formal que les ofrezca prestaciones a los jefes de familia y una alimentación y educación de calidad a sus hijos tanto en el sur como en el centro norte.

Y es que de acuerdo Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, líder del  Movimiento Amplio de Acción Social (Mass), ni siquiera pueden contar con un patrimonio donde vivir.

Mientras que durante la gestión del exgobernador Quirino Ordaz Coppel la insistencia fue asignar presupuesto para la adquisición de terreno, Gutiérrez Sánchez asegura que en esta ocasión no van por el dinero sino por la construcción de viviendas y adquisición de reserva territorial para construir más casas y que todos los desplazados cuenten con su patrimonio.

En 2019 Ordaz Coppel destinó cero pesos para desplazados en el presupuesto, fue el año en el que le solicitaron 50 millones de pesos para la adquisición de terrenos para vivienda, y no fue sino hasta en diciembre de 2020, en vísperas del año electoral, que asignó el recurso y la adquisición del terreno prosperó.

“Hoy nosotros no pedimos dinero, pedimos vivienda, porque el dinero puede surgir tripartitamente entre los tres niveles de gobierno y una cuarta opción es que la gente también aporte” explicó.

A lo que aspiran es que el presupuesto asignado por el Congreso del Estado se complemente con el de la federación a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), municipio y aportación de beneficiarios.

Gutiérrez Sánchez precisó que piden mil 200 acciones de vivienda

Con Ordaz Coppel solo lograron 50 acciones de vivienda, “nada más el último año construyó vivienda, los anteriores fue para la adquisición de terreno, hoy ya tenemos reservas territoriales casi la mayor parte, tenemos en el estado casi 2 mil terrenos…en todo Sinaloa, en el sur tenemos más de mil terrenos”.

Sin embargo, todavía hay municipios como Rosario, agregó, donde no hay nada, y en Mazatlán que falta una compensación, mínima.

“Se puede decir que es muchísimo mil 200 acciones de vivienda, sí es muchísimo, pero son muchas las familias que están en todo el estado en estas condiciones, son más de 4 mil familias que están tentativamente las que están siendo valoradas, pero hay más, desde 2012 al 2021”, mencionó.

Son mil 200 accione de viviendas solo para el sur y 9 hectáreas de tierra: para Rosario, tres y para Mazatlán seis, porque Concordia, Villa Unión ya tienen.

Gutiérrez Sánchez indicó que si bien el sur no concentra el mayor número de desplazados, sí son las más organizadas.

Consideró que sí es posible que los desplazados puedan beneficiarse con las acciones de vivienda porque para construir 50 inmuebles se requieren 10 millones de pesos, pues es la inversión que hizo Ordaz Coppel en Mazatlán.

Descartó la opción de ocupar viviendas del Infonavit desocupadas porque no hay suficientes y la gente que representa no cuenta con prestaciones les permita obtener un crédito.

El contexto del desplazamiento

Los cruentos enfrentamientos que agudizaron la inseguridad en la zona serrana del sur de Sinaloa desde la gestión de los exgobernadores Jesús Aguilar Padilla, pasando por Mario López Valdez y Quirino Ordaz Coppel, tuvieron un efecto devastador para las familias que vivían de sus cultivos de temporada, ganado y trabajos temporales que la federación otorgaba con la reparación de vialidades.

Cuando los grupos armados se dieron una tregua y aparentemente los hechos de alto impacto habrían disminuido, las familias se encontraron con que no había opciones laborales ni recursos para volver a ser productivos.

Ese factor fue determinante para que decidieran permanecer en las zonas urbanas de Mazatlán principalmente y que cada vez más familias decidan hacer lo mismo.

“Ya no se desplazan por la violencia, se siguen desplazando a causa de la falta de oportunidades, es que en la sierra ya no hay oportunidades porque los pueblos se volvieron fantasma, el que tenía un restaurante, una llantera, un negocio…tuvo que venirse y son desplazados por la falta de oportunidades y eso es en todo el estado, porque el gobierno ni la iniciativa privada invierte ya porque los grupos criminales todavía están allá, entonces, la gente se sigue viniendo”, dijo.

Sigue creciendo el número de desplazados, en el sur sigue creciendo, pero ahora por la falta de oportunidades, subrayó.

Los programas sociales no han llegado, y los que hay como Sembrando Vida en Concordia, dijo, son muy limitados, dan por ejemplo un apoyo de 5 mil pesos cada mes, “eso no les sirve para comer y vivir allá porque están plantado árboles como guayabos, naranjos, limones para auto consumo, cuando la gente lo que necesita es que se controle la violencia para que haya inversión pública y privada (…) y eso es también en el norte”.

Desplazados del Centro Norte

María Esperanza Hernández Lugo, representante de desplazados del centro norte de Sinaloa, defensora de Derechos Humanos, reconocida por con Comisión Interamericana de Derechos Humanos, consideró que los recursos que se presupuesten para atender a los desplazados por la violencia son insuficientes para atender las necesidades de vivienda que hay.

“En la zona que yo represento son como mil 140, una parte son de Culiacán, tengo como un número aproximado de 100 familias, pero también hay en Guamúchil, Salvador Alvarado, Guasave, Sinaloa municipio, Mochis y pues también Choix”, señaló.

Son muchas las necesidades, dijo, pero la demanda mayor es la vivienda o bien un terreno.

“Estimó que con el centro de Sinaloa, donde también se ve reflejado el desplazamiento de gente que vivía en Badiraguato, son mil 240 familias.

“Son mil 240 familias, lo toman como personas, pero son familias y todos necesitan vivienda porque todos perdieron su patrimonio y lo siguen perdiendo porque ustedes saben que en Choix sigue el desplazamiento, aquí no solo es la zona serrana sino que ahora se ha dado cerca de la capital, allá en Tepuche masivamente, pero estamos hablado también de lo que no se conoce, de gota a gota, del día a día de familias que son amenazadas”, explicó.

Y el desplazamiento continua a causa de la violencia, dijo, “tengo conocimiento de acá de Choix, me he dado cuenta de los de Tepuche”.

Sin un proyecto claro para atender a desplazados

Hernández Lugo dijo que en la reunión con los desplazados que tuvo el gobernador Rubén Rocha Moya los primeros días de su gestión, no se les presentó un proyecto claro y definido de las acciones que realizaría para ayudarles.

“En la reunión no nos presentó un plan de vivienda ni nada de eso, pues dijo que iba a atender el desplazamiento y que se iba a buscar la mejor manera de que así fuera, pero un plan, una estrategia que él tuviera para eso, no”, expuso.

A poco más de 40 días de iniciada la gestión de Rocha Moya, consideró que el gobernador no puede definir todavía un plan “sin escuchar las propuestas que nosotros tenemos, las necesidades de los desplazados, ahí en la reunión se acordó que habría una reunión mensual con él, los líderes, pero hemos esperado, hizo un mes el 3 de diciembre, y no se ha dado esa oportunidad”.

Artículo publicado el 19 de diciembre de 2021 en la edición 986 del semanario Ríodoce.