Critican como “ley hitleriana” la segregación promovida por el “Químico”

Apenas desde el 2 de agosto, el gobierno de Mazatlán empezó a exigir a la ciudadanía portar el certificado de vacunación, para poder entrar a lugares públicos y establecimientos como restaurantes, centros nocturnos, bares, farmacias, casinos y mercados municipales, y algunos ciudadanos ya critican al Alcalde Químico Benítez, de adoptar una medida “hitleriana” contra la población.

Juan Torres Navarro, diputado federal electo por Morena, criticó dicha medida de anticonstitucional: “Nadie puede obligarme a mí a ponerme la vacuna, aclarando hay que vacunarnos para mitigar, es una buena idea vacunarnos pero conforme a los derechos, no obligada; es una ley hitleriana (en alusión al tristemente célebre, Adolfo Hitler)”.

Lo anterior fue expresado en el contexto de la inconformidad ciudadana desatada a raíz de la “Ley “Químico” y que está abarrotando de algunos mazatlecos los despachos jurídicos donde promueven amparos.

“De manera hipócrita”

Para el ciudadano Antonio Páez Lamadrid, de 66 años, independientemente de lo que dice la Constitución Política, el gobierno del Químico Benítez está violando el tratado de Núremberg, surgido durante los juicios a los agentes y médicos nazis que fueron castigados por cometer violaciones graves a los derechos humanos en nombre del Tercer Reich, desde 1939 hasta 1945.

“De ahí sale el tratado de Núremberg que establece que ningún tratamiento terapéutico y médico se va a llevar a cabo sin el consentimiento del paciente y es lo primero que de manera hipócrita e indirecta se está aplicando en el gobierno del señor Químico Benítez”, critica Páez Lamadrid.

El alcalde de Mazatlán, añade, dice que no está prohibiendo nada, pero sí está prohibiendo el acceso a lugares públicos; entonces es un veto disfrazado, doble discurso como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La mañana del martes 10 de agosto, Páez Lamadrid acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para interponer una queja en contra de la exigencia injustificada del gobierno municipal de Mazatlán.

“De que el quejoso se vacune contra la enfermedad conocida como COVID-19; vacuna a todas luces experimental, puesto que al vacunarme desconocería los efectos positivos para mi salud, al observar que personas ya vacunadas de manera posterior contraen dicha enfermedad, existiendo datos oficiales de defunciones después de la vacunación”, argumenta en su queja.

Páez Lamadrid aclara que él no está en contra de la vacunación, pero en periodo de vacunas, estaba sintiendo los síntomas de COVID-19, razón por la cual no pudo vacunarse y cuando fue para aplicársela ya se habían terminado.

La segregación

En la misma tesitura, otros damnificados acusan: “La segregación promovida por mandato de las autoridades municipales que están obligando en el sector público municipal, en espacios comerciales y de servicios, al no permitir el libre tránsito, trastoca nuestras libertades y nuestros derechos humanos”.

El miércoles 11 de agosto, los mazatlecos inconformes con la disposición del gobierno de Luis Guillermo Benítez, el Químico Benítez, de exigirles la tarjeta de las dosis de vacunación contra el COVID-19, para permitirles la entrada a centros comerciales, farmacias y mercados de abastos, hacían cola en las oficinas del abogado Guadalupe Morales Carrillo, ubicadas en esquina de calle Teniente Azueta y avenida Manuel Gutiérrez Nájera, para ampararse.

“El presidente Constitucional Lic. Andrés Manuel López Obrador ha subrayado que esta ‘vacunación’ no es obligatoria, sin embargo, en los hechos, como es el caso de Mazatlán, acciones fuera de toda legalidad promovidas y aplicadas por el presidente municipal, el C. Luis Guillermo Benítez Torres, ponen en entredicho y en tela de juicio las libertades conquistas, los tratados internacionales y a nuestra propia Constitución Política”, gritaban los ciudadanos en letra impresa.

Una ciudadana como una verdadera defensora de la Constitución, entregaba a los inconformes, cartas impresas dirigidas a la ciudadana María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Manifestaban su inconformidad por la grave afectación a sus derechos humanos, debido a la segregación a la que estaban siendo objeto quienes no tienen o portan el comprobante del tratamiento génico experimental (Vacuna).
“Al que está llamando el sector salud, y que por razones científicas, médicas y éticas no estamos de acuerdo”, argumentaban.

Antonio Páez Lamadrid se emocionó cuando se enteró que el licenciado Guadalupe Morales Carrillo apoya a los ciudadanos inconformes y hacia dicho despacho jurídico va para dar formato de amparo a su queja ante la CEDH.

“Oyes cómo es posible que llegas tú a la tienda comercial equis a comprar la canasta básica; no, pues no puede entrar, porque no tienes tarjeta de vacunación, aguas ahí va el doctor para aislarte; ahí va el que nos va a contagiar; oiga no se vale, cuando realmente, pues cuánta gente vacunada no se ha enfermado e inclusive muerto, después de haber sido vacunada”, critica.

Artículo publicado el 15 de agosto de 2021 en la edición 968 del semanario Ríodoce.