Expulsan a candidato a diputado local y flanquean a dos pretensos a alcalde

El gobierno municipal del alcalde con licencia, Manuel Guillermo Chapman Moreno y de la alcaldesa provisional sustituta, Socorro Calderón Guillén prometieron con bombo y platillo que resolverían el desabasto de agua que durante décadas han padecido más de 600 familias que habitan la zona de El Jitzámuri, comunidad pesquera y campesina marginal.

Han transcurrido 17 meses y gastado 14 millones de pesos y la promesa aún no se cumple a cabalidad. Pretextos sobran, desde culpar a los usuarios y hasta el robo de agua hasta silencios sepulcrales cuando se cuestiona la calidad de la ampliación del sistema múltiple de potabilización.

Por los pretextos y las largas oficiales a la solución del desabasto de agua potable, habitantes del Jitzámuri, campo pesquero marginal de Ahome ubicados en los linderos de la sindicatura Higuera de Zaragoza, decidieron expulsar a cuanto político se arrimara a pedirles el voto.

El primero en ser corrido del campo fue la comitiva de César Ismael Guerrero Alarcón, candidato a diputado local común por los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Sinaloense (PAS).

El 28 de marzo, el convoy de tres vehículos equipados con perifoneo fue interceptado por los habitantes a la entrada de la comunidad.

Ellos argumentaron que estaban en el lugar por cuestiones de la iglesia, pero los colonos les cerraron el paso y los obligaron a retornar. Era la avanzada de César Ismael Guerrero Alarcón.

La causa, un acuerdo comunitario con el que impedían el paso a políticos que no llevaran documento notariado en el que se comprometían a resolver el desabasto de agua.

Los colonos que son reacios a identificarse y aducen que el movimiento es comunitario, sin cabeza visible, tomaron el acuerdo de impedir el acceso a los políticos que sólo llegaran a pedirles el voto, sin nada a cambio.

Para hacer sentir su molestia, los residentes colocaron lonas en cuanto anuncio publicitario tuvieron a la mano. El más grande fue colocado a la entrada del pueblo, sobre un cerco. Y se lee “En Jitzámuri queremos agua potable… no partidos políticos”.

En esa posición estaban, cuando Guerrero Alarcón llegó, fue interceptado y obligado a abandonar el pueblo pues no llevaba una sola propuesta para la comunidad, excepto pedirles el voto.

Al día siguiente, el 29 de marzo, el pueblo modificó el criterio en contra de los políticos y emplazó a que aquel que quisiera llegar a la comunidad debería llevar un documento notariado con el que se comprometía a resolver el desabasto de agua como una acción prioritaria en cuando ganase la elección.

El primero en llegar fue Marco Antonio Osuna Moreno, por la alianza PRI-PAN-PRD, seguido de Gerardo Vargas Landeros de Morena-PAS. Ambos cumplieron la exigencia comunitaria y suscribieron el documento.

Vargas Landeros, quien ya había sido gerente de Japama fue más allá y presumió conocer el caso porque lo atendió 18 años atrás. “Me comprometo a resolver el tema de fondo”, dijo.

Osuna Moreno ofreció que ganada la elección, 24 horas después iniciaría un estudio para determinar el problema; una semana posterior a asumir el cargo iniciaría las modificaciones al sistema para mantener el abasto y luego la supervisión para garantizar el suministro constante.

Los habitantes ya habían advertido que se movilizarían y radicalizarían sus protestas por la acusada ineficiencia de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) para resolver el desabasto de agua potable. Incluso ante la oferta del alcalde en turno que ofreció una inversión sin precedente para acabar con la sequía de la comunidad que afectaba a más de 600 familias de una de las regiones más alejada de la cabecera municipal.

Chapman Moreno gastó 14 millones de pesos en la rehabilitación del sistema múltiples de potabilización, pero el desabasto de agua continuó.

La población protestó, y Japama se vio forzada a movilizarse. Técnicos de la dependencia revisaron las obras nuevas, y encontraron un culpable. El robo de agua. Excavaron en las líneas de conducción y sellaron las aparentes tomas clandestinas, pero el agua continuaba sin llegar a las tomas domiciliarias.

Modificaron la culpa y aseguraron que era problema de bombeo y de llenado del tanque elevado.

La alcaldesa, Socorro Calderón Guillén encontró una salida al desabasto: compraría una pipa para llevarles agua a los habitantes.

Estos se opusieron, porque el resultado es el mismo que no tener el líquido. El agua de las pipas se pudre rápido, además de que no es potable.

La derrama de dinero público terminó en nada. Los políticos no se cansan ni enfadan prometiendo.

Así, el Jitzámuri continúa en las mismas: sequía forzada.