Por no estar conformes con la fiscalización que ha realizado el erario público, diputados de diferentes grupos parlamentarios cuestionaron el desempeño de Emma Félix Rivera, titular de la Auditora Superior del Estado al comparecer ante el Pleno del Congreso del Estado.

Diputados de Morena, PAN, PT y PRD manifestaron su desacuerdo con los resultados del trabajo de la Auditoría Superior del Estado, incluso algunos le pidieron que renunciara a su puesto; en tanto los legisladores del PRI respaldaron la actuación porque consideraron se ha apegado a sus tareas como órgano técnico de fiscalización.

En diversas intervenciones los diputados del Grupo Parlamentario de Morena reclamaron a la auditora la falta de resultados al frente de la ASE,  en una sesión extraordinaria y presencial que  duró tres horas con 18 minutos.

Los legisladores de Morena acusaron a la auditora en diversas ocasiones de ser omisa y actuar con complicidad ante diversos actos de posible corrupción, como el caso del estadio futbol de Mazatlán, los estadios de Culiacán y Los Mochis , la construcción del Parque Central y la compra del edificio Homex.

“La ASE, se hace que no ve nada que no detecta nada, que no escucha nada”, recriminó la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Graciela Domínguez Nava al calificar conflictiva la relación que el Congreso tiene con la Auditoría Superior del Estado.

Domínguez Nava aseguró que la actuación de la titular de la ASE ha sido poco objetiva y que incluso sistemáticamente ha sobrepasado sus atribuciones , comportándose como si fuese un organismo fiscalizador superior totalmente independiente y constitucionalmente autónomo.

Cuestionó que los asuntos  que son verdaderos escándalos del gobierno estatal actual no tengan la correspondencia debida en los informes de la cuenta pública, por lo que aseguró que los intereses personales del Poder Ejecutivo se cruzan inadmisiblemente con la administración pública, sin ninguna investigación, y menos con una resolución de fondo.

Lo anterior, sostuvo, despierta fundados temores que los recursos públicos estatales están siendo canalizados a la operación de indebidas estrategias políticas durante el presente proceso electoral, como la entrega de tarjetas de alimentos entre 150 y cuatro millones de operaciones con carencia de transparencia.

En su intervención, el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Jorge Iván Villalobos, aseguró que desde hace dos años se hizo el señalamiento del bajo desempeño que estaba teniendo la fiscalización  de los recursos públicos, como la baja solventación y  presentación de denuncias por presunta comisión de hechos delictivos.

Precisó que en el informe de 2019 se habla solamente de un reintegro a favor de la hacienda pública de 988 mil pesos respecto de un universo de más de 987 millones de pesos, además del bajo número de denuncias o querellas presentadas.

Recordó que al cierre de 2016 se presentaron 96 denuncias de hechos, pero fueron regresadas más de la mitad por está indebidamente integradas, pero con excepción de los casos de casos de consignas políticas de la Secretaría de Administración y Finanzas, Servicios de Salud, y Secretaría de Turismo, no se percibe que se hayan presentado más denuncias.

Cuestionó la falta de transparencia con que se remiten al Congreso del Estado los informes de solventaciones en solo tres páginas, lo que muestra la falta de comunicación y entendimiento entre el Congreso del Estado y la ASE.

El diputado del PRD, Edgar González, sostuvo que existe un evidencia mala relación entre el Congreso y la ASE.

Aseguró que los auditores no están haciendo bien su trabajo y que las auditorías no están dando resultados.

En su participación en tribuna, el diputado de PT, Víctor Manuel Calderón Cabanillas, calificó el desempeño de auditora como gris, no satisfactorio y no confiable, precisamente por los mínimos casos de querellas presentadas durante su gestión.

Recordó que a su llegada de la ASE había encontrado una institución desarticulada, sin embargo pese  a haber duplicado el número de empleados, comete omisiones que permite que los funcionarios señalados salgan impunes.

Citó el caso específico del exsecretario de Administración y Fianzas del gobierno de Mario López Valdez que salió exonerado gracias a un resolutivo que emitió la ASE, cuando debió ser esta quien la impugnara.

Tanto la diputada Ana Cecilia Romero, como Mónica López y Margarita Inzunza, todas integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, coincideron en resaltar la responsabilidad de la ASE en una adecuada fiscalización de las cuentas públicas.