El insólito ‘levantón’ del sub recaudador de rentas.
Días después de la privación ilegal de la libertad de dos de sus compañeros de trabajo y de él mismo, el sub recaudador de rentas, dejó de presentarse a sus oficinas, para reponerse de la pesadilla vivida durante cuatro horas.
Para unos rosarenses fue un hecho insólito, para otros, histórico, lo cierto es que en la historia reciente de la inseguridad pública del “Pueblo Mágico” de Sinaloa, nunca había ocurrido que gente armada irrumpiera en el inmueble de las oficinas del Gobierno del Estado, “levantaran” a los empleados y después los liberaran.
“Existe la misteriosa coincidencia de que la gente armada se llevó a personas de conducta intachable y que se han inconformado por el acoso laboral de la Recaudadora”, susurran algunos empleados de la Unidad Administrativa.
Autoridades estatales investigan los móviles de la misteriosa privación ilegal de la libertad de tres empleados perpetrada por un grupo armado el jueves 22 de octubre en la Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, ubicada en la calle 20 de Noviembre, casi esquina con Enrique Pérez Arce, en El Rosario.
La investigación preliminar afirma que serían aproximadamente las 14:00 horas, cuando los empleados Deisy Parra Peinado, Joaquín Armenta Heredia y José Román Muñoz, fueron intempestivamente abordados por cuatro hombres que portaban armas y los encapucharon para luego llevárselos con rumbo desconocido en tres camionetas, color rojo, blanco-cremita , y azul marino.
Las víctimas de dicha pesadilla, fueron Joaquín Armenta Heredia, de 50 años, sub recaudador de rentas del Gobierno del Estado, Deisy Parra Peinado, de 38 años, defensora de oficio y José Román Muñoz, de 56 años, guardia de seguridad.
Trascendió que a la fémina la habían subido a la camioneta azul marino, mientras a sus otros dos compañeros, en la camioneta color blanco-cremita, custodiados ambos vehículos por los ocupantes de la camioneta color rojo.
Las pesquisas señalan que a los tres empleados plagiados los habrían llevado hacia un pueblo aledaño a la ciudad y después trasladado a un paraje más apartado, donde una persona los habría interrogado insistentemente sobre qué sabían de unas denuncias que había en contra de la Recaudadora.
Cuatro horas después de ser plagiados e interrogados, fueron regresados sanos y salvos a su lugar de origen, mientras las corporaciones policiales, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, instrumentaban un operativo para capturar a los presuntos responsables de la privación de la libertad.
Se desconocen los móviles del “levantón” y del interrogatorio sobre las denuncias contra la Recaudadora, pero en la Unidad Administrativa se sabe que desde abril de 2020, cuando aquella tomó posesión como funcionaria estatal, genera inconformidad por el supuesto acoso laboral de la interfecta.
El presunto acoso laboral perpetrado por la Recaudadora, al principio lo sufrían con estoicismo los tres empleados.
El hartazgo tanto de Armenta Heredia y Román por el acoso laboral, los obligó a enviar una queja donde narraban su inconformidad a David Moreno Ramos, director de Servicio de Administración Tributaria del Gobierno del Estado.
Moreno Ramos, no había mostrado empatía alguna por los inconformes y Román N, habría interpuesto una denuncia de probable violación de sus derechos laborales ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Otra de las versiones que circulan sobre el presunto acoso laboral instrumentado por dicha funcionaria estatal, es que algunas de las víctimas pidieron ayuda a los líderes del Sindicato de los Trabajadores al Servicio del Estado (STASE), pero éste inexplicablemente nunca tomó cartas en el asunto.
La queja de los damnificados nunca fue enviada al director general del Servicio de Administración Tributaria del Estado, Gabriel García Coppel, y no se sabe si fue informado por su subordinado inmediato, David Moreno Ramos.
Trabajadores de la Unidad Administrativa, conjeturan que tanto la indolencia del STASE como de Moreno Ramos que no hicieron nada para intervenir en los hechos denunciados por los empleados, habría llegado a su clímax el jueves 22, cuando irrumpieron los hombres armados para privarlos de la libertad.
Hay que recordar que la Unidad Administrativa en El Rosario, alberga las oficinas de Catastro, Registro Civil, Recaudación de Rentas, Juzgado de Primera Instancia, Inspección de Trabajo, Vialidad y Transportes, Registro Público de la Propiedad, Defensoría de Oficio y la Fiscalía General del Estado.
Fueron agentes de investigación de la FGES quienes tomaron la declaración a las víctimas del plagio, mismos que buscan esclarecer los móviles del “levantón” de los empleados.
Mientras se esclarecen los hechos, al miedo de las víctimas se juntó la incertidumbre de la inseguridad pública y piden que el director de Servicios de Administración Tributaria y los líderes del STASE, hagan lo pertinente para que hechos tan graves como los del jueves 22, no se repitan.
“Si siguen con su postura de que aquí no pasa nada, vamos a acudir con el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, para que tome cartas en el asunto y no vengan a querer tapar el pozo, después del niño ahogado”, advierten.
