De las 55 compras que ha realizado la Secretaría de Salud, 43 fueron realizadas por adjudicación directa, 10 mediante licitación pública, la Secretaría de Administración Pública y Finanzas licitó dos.
De acuerdo al análisis realizado por la organización Iniciativa Sinaloa, a través del mecanismo Monitor Covid-Sinaloa, encontró que la información sobre los 55 procedimientos de compras es insuficiente para confirmar que existía para determinada y población identificada que justifique las contrataciones.
El estudio hizo una revisión de los procedimientos de compra para a adquisición de equipo e insumos médicos por parte del gobierno estatal, casi cuatro meses de la emergencia sanitaria en Sinaloa.
La asociación señaló en su reporte que tener clara la necesidad y la población a la que se va a beneficiar con una compra es fundamental durante una emergencia sanitaria, ya que con esta información se asegura que los servicios y bienes lleguen a quienes más lo necesitan.
Señalaron que aunque los datos sobre las compras por Covid-19 del Gobierno del Estado están disponible en formatos abiertos y descargables lo cual facilita el acceso a la información pública, no es posible identificar la partida presupuestal de acuerdo con el clasificador del gasto para el pago de la compra.
Transparentar el gasto y su partida, señalaron, contribuye a reducir el uso de partidas discrecionalmente.
Indicaron que en 53 de las 55 compras realizadas, se publicaron los precios unitarios y globales de las adquisiciones, pero no es posible saber cómo fue finalmente pagado porque no hay contratos y comprobantes de pago disponibles, como tampoco hay evidencia de entrega y/o distribución de bienes comprados, como documentos, fotos o video.
En menos de la mitad de las compras realizadas, es decir, en 25 de 55, se elaboró un estudio sobre para conocer las condiciones de del mercado con proveedores.
Indicaron también que se divulgaron las especificaciones técnicas de los bienes o servicios adquiridos para 53 de las 55 compras, pero se publica información sobre los proveedores, como la identidad, la ubicación datos de contacto, fiscales, identidades de los cuerpos de gobierno o titulares de las acciones de participación social, lo cual ayudaría a alerta hechos de corrupción como lo es comprar a empresas con operaciones inexistentes.
El estudio reportó que la mayor parte de los recursos aplicados durante la emergencia sanitaria provienen del gobierno estatal con un 71 por ciento mientras que el 7 por ciento al gobierno federal, y un 22 por ciento son una mezcla entre el gobierno federal y estatal.
Hasta el 29 de junio, 53 contratos de la Secretaría de Salud se concentraron en la compra de equipo hospitalario, mientras que la Secretaría de Administración adquirió ocho ambulancias y el suministro de despensas a través de tarjetas electrónicas.
Iniciativa Sinaloa identificó que el monto total contratado por el gobierno estatal se distribuyó en 38 proveedores, pero no es pública la etapa en la que se discutió, acordó y emitió un fallo a su favor. “En una emergencia como la de ahora es esencial aprovechar las tecnologías de la información para incentivar la vigilancia ciudadana. Una vía son las transmisiones de las reuniones en tiempo real”.
