En el primer día de aplicación de medidas sanitarias mediante el parámetro del semáforo, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Victoria Sánchez Peña, aseguró que falta una mayor comunicación del gobernador Quirino Ordaz Coppel con la ciudadanía, para que explique cuáles serán los pasos que se darán para la reapertura.
Precisó que falta que el mandatario explique cómo va a trabajar el gobierno estatal con el federal para reactivar la economía y poder empezar a reabrir el mercado.
La diputada de Morena afirmó que existe mucha inquietud de parte de la ciudadanía porque no está claro, cómo serán los lineamientos que aplicará el Gobierno del Estado de Sinaloa, tomando en cuenta que ahora los gobernadores podrán aplicar medidas acorde con la región, siguiendo las disposiciones federales.
Calificó que el Congreso del Estado está “gritando en el desierto”, como lo están los pequeños y medianos empresarios, por no poder tener una reunión con el titular de la Secretaria de Administración y Finanzas para tener una reunión, al menos virtual para que los escuchen sobre las propuestas de rescate.
Se tienen, dijo, que implementar reglas para que las empresas con toda responsabilidad tomen las precauciones para que no se disparen los contagios.
“No podemos señalar que hay un plan de reactivación económica ni ayuda al sector Salud, cuando el ejercicio del gasto en remodelación y adquisición de bienes inmuebles está por encima de todo apoyo a los sectores vulnerables”.
Insistió que en el presupuesto estatal se han hecho ajustes en el presupuesto en cosas no prioritarias, cuando debería darse apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que puedan reabrir y reactivar el mercado, sin necesidad de recurrir al endeudamiento.
Criticó que Ordaz Coppel ha realizado adecuaciones presupuestales pero no encaminadas a la atención de las prioridades de la emergencia sanitaria ni a la reactivación económica, sino a remodelar y adquirir insumos para el funcionamiento del Poder Ejecutivo.
La legisladora sostuvo que el gobierno estatal no converge con los lineamientos del gobierno federal, en austeridad, transparencia y rendición de cuentas.
No se puede, señaló, hablar de un plan de austeridad y responsabilidad ante la crisis, cuando se gastan 375 millones de pesos que no fueron presupuestados ni aprobados por el Congreso del Estado, para incrementar gastos en servicios generales y suministros.