La Universidad Politécnica de Sinaloa (UPSIN) y Conapesca implementaron un esquema similar al de la “Estafa Maestra” durante 2018.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que Conapesca pagó 31 millones 577 mil 117 pesos a la UPSIN por servicios para los que no tenía la capacidad técnica, material, humana y financiera para prestarlos, y ésta a su vez subcontrató a siete empresas que no tenían personal ni tampoco capacidad.

Durante la auditoría la UPSIN y Conapesca no pudieron acreditar que los trabajos se realizaron.

La Universidad tampoco pudo acreditar el gasto de otros 4 millones de pesos en la realización de eventos y programas de emprendedores.

En 2017, una investigación periodística de Animal Político dio a conocer que el Gobierno Federal implementó un esquema con empresas fantasma con el que desviaron recursos públicos.

En 2019 se dio a conocer que la Universidad Autónoma Indígena de Sinaloa también formó parte de la Estafa Maestra y trianguló 106 millones de pesos.

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De acuerdo con la ASF, en 2018 la UPSIN y Conapesca tuvieron un esquema similar.

Según la Auditoría, de los 31 millones de pesos que Conapesca pagó a la Universidad, la institución pagó 21 millones 254 mil 780 pesos a siete empresas subcontratadas, 4 millones 264 mil 465 pesos a personal de la institución; y en los 6 millones 57 mil 870 pesos restantes, no acreditó el destino.

En 2018, la rectora de la Universidad era Alma Hortencia Olmeda Aguirre por lo que fue llamada por la ASF en octubre de 2019 para que compareciera por las irregularidades.

La ex rectora, dijo que sólo firmó los convenios, que ella no seleccionó ninguna empresa, desconoce quién realizó las actividades, a qué personas morales contrató la UPSIN, cómo acreditaron las personas morales contratadas a la UPSIN que contaban con la capacidad técnica, material, humana y financiera, el importe que se pagó a cada persona moral contratada, dónde se llevaron a cabo los servicios.

También manifestó que no se cercioró que la UPSIN cumpliera a cabalidad con la prestación de los servicios, desconoce cuál es la evidencia documental de la supervisión a los servicios, no realizó la entrega definitiva de los servicios, y que la autorización de los pagos, así como la coordinación de todo lo anterior se hizo cargo el Director de Biotecnología de la UPSIN.

Las empresas subcontratadas son Asociación de Profesionales de la Tecnología y las Ciencias del Mar, A.C., Proservicios Corporativos Globales, S.A. de C.V., Solufidex, S.C., Ixma Sistemas TI, S.A. de C.V. , Redes Atarashi, DG Asesoría Integral, S.C. y Stai y Asociados DPM, S.A. de C.V.

Una vez que recibieron el pago, las empresas Solufidex, Ixma Sistemas TI S.A. de C.V., Redes Atarais y Stai y Asociados transfirieron 10 millones 596 mil pesos a Balena Medios S.A. de C.V. sin que se haya justificado el motivo.

Las empresas Asociación de Profesionales de la Tecnología y las Ciencias del Mar y Proservicios Corporativos Globales tienen al mismo apoderado legal.

Personal de la ASF visitó las instalaciones de ambas empresas y encontró que no contaban con ningún empleado, contrataron personal por el régimen de asimilados a salarios para prestar los servicios a la UPSIN y las herramientas, mobiliario y equipo que aparentemente fueron utilizados en la prestación de los servicios fue propiedad del personal contratado por las empresas.

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En el IMSS las empresas no cuentan con un registro patronal, trabajadores activos, trabajadores dados de baja, total de cuotas ni total de cuotas por retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.

A las otras cuatro empresas, la ASF intentó practicar visitas domiciliarias pero no fue posible notificar los oficios de visita domiciliaria, en virtud de no haber encontrado, en ningún caso, al representante legal, apoderado legal o alguna persona con facultades para atender al personal auditor.

Los auditores solo constataron que los inmuebles de las cuatro empresas existen y tienen similitudes en cuanto a que están constituidos dentro de edificios diferentes, en específico, con departamentos de uso habitacional; en la recepción de los edificios, desconocen que haya empresas, negocios o actividades de uso comercial y por lo tanto desconocieron a las cuatro empresas.

Además los inmuebles poseen la misma infraestructura, toda vez que, en la entrada de cada departamento, se encuentra una pequeña sala de recepción, sólo hay una persona que informó que efectivamente el lugar corresponde a las personas morales buscadas y señaló que no cuenta con identificación laboral referente a la persona moral a la que presta sus servicios, los inmuebles no presentan logos, insignias o algún elemento que haga alusión a la razón social.

En las supuestas oficinas no se aprecia que se lleven a cabo actividades laborales, comerciales o de cualquier otra índole, así como también se carece de la infraestructura requerida, no cuentan con personal, no se aprecia maquinaria, equipos, dispositivos, aparatos, utensilios o instrumentales, entre otros.

En junio de 2019, los auditores acudieron a Conapesca para verificar y cotejar la información y documentación, así como el funcionamiento de los servicios prestados por la UPSIN pero la dependencia no exhibió la información.

Adicionalmente, señala la ASF, sin proporcionar una razón fundada, no se permitió al personal auditor el acceso a los equipos, plataformas y demás herramientas informáticas donde fueron desarrollados, instalados, establecidos y/o actualizados los servicios correspondientes al Convenio para verificarlos.

Los auditores pretendían evaluar los servicios para comprobar el correcto funcionamiento, así como el cumplimiento de sus características.

“La UPSIN, CONAPESCA y las 7 personas morales subcontratadas por la UPSIN no sustenta ni acreditan el ejercicio y aplicación de los recursos públicos federales que le fueron pagados por la CONAPESCA en el ejercicio 2018 por un importe total de 31,577.1 miles de pesos”, señala la ASF.

“Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 31, 577,117.00 pesos (treinta y un millones quinientos setenta y siete mil ciento diecisiete pesos 00/100 M.N.), por no acreditar la prestación de los servicio. En razón de que no tuvo la capacidad técnica, material, humana y financiera para la prestación de los mismos”.

En la misma auditoría, la ASF encontró irregularidades en otros gastos.

La UPSIN no pudo comprobar el ejercicio de un millón 40 mil pesos que le entregó la SEP para el Programa de Desarrollo Profesional Docente.

Para la implementación del modelo de diagnóstico de talento emprendedor Pascal-Fábrica de emprendedores, el Instituto Nacional del Emprendedor entregó 2 millones 25 mil pesos para beneficiar a mil 125 jóvenes.

Para implementar el modelo, la UPSIN subcontrató a

Catalizador Empresarial, A.C., pero no pudo acreditar que se llevó a cabo el diagnóstico.

La UPSIN presentó el convenio con el Inadem suscrito el 15 de octubre de 2018, pero carece de firmas autógrafas de ambas partes; además, lo firman en la Ciudad de México el 15 de octubre de 2018; sin embargo, al calce se señala que la UPSIN lo firmó electrónicamente el 1 de junio de 2018; es decir, cuatro meses anteriores a su celebración y el Inadem lo firmó electrónicamente el 17 de octubre de 2018; dos días posteriores a su celebración, lo cual no guarda un orden lógico en la consecución de eventos, indica la ASF.

La Universidad tampoco pudo acreditar que realizó el evento Sexto Encuentro de Jóvenes Investigadores por el que pagó 370 mil pesos; y en la Cuarta Edición de Activando el Nervio Creativo: Prototipos de Acción, por el que pagó 200 mil pesos.

La ASF solicitó a la UPSIN realizar las investigaciones e iniciar un procedimiento administrativo por las irregularidades.

Artículo publicado el 1 de marzo de 2020 en la edición 892 del semanario Ríodoce.