López Obrador arrebata la bolsa de salud a estados

Una palabra en la ley y la indefinición en las reglas, mantienen al sistema de salud en México con un diagnóstico incierto. La palabra es “gratuidad” universal y en todos los servicios. La indefinición está en las reglas de operación, desconocidas aún. Como solo se aprobaron las líneas generales, el nuevo sistema arrancó sin recursos para los estados, y partir de este 2020 será la federación quien los concentre.

Como se hizo con los programas sociales, las becas y otros apoyos, ahora la administración de Andrés Manuel López Obrador arrebata el presupuesto de salud a los estados que lo administraban a través del Seguro Popular. En el caso de Sinaloa el recurso transferible para 2020 será de 763 millones de pesos.

Enero lleva más de la mitad de días y no se transfiere un solo peso, excepto el pago de nómina. Aun así Quirino Ordaz, el gobernador, no deja lugar a dudas de que firmará el convenio de colaboración para apegarse al nuevo sistema. Se deslinda así de los seis gobernadores de México que se oponen a la implementación —cinco del PAN y el de Movimiento Ciudadano, en Jalisco—, y piden que a ellos se les envíen de manera directa los recursos correspondientes.

“Tenemos que ver para adelante…ya no hay Seguro Popular, pues tenemos que ajustarnos y adaptarnos a buscar que haya un buen sistema de salud y un buen servicio”, dijo Ordaz Coppel esta semana en medio de la polémica nacional.

Efrén Encinas, el Secretario de Salud en Sinaloa, admite dos preocupaciones de entrada: incremento de usuarios e insuficiencia presupuestaria.

Con casi 30 años en las áreas de salud, conoce los intestinos del monstruo: el sistema vive en una saturación permanente.

Hospitales llenos, áreas de consulta en largas esperas. Y en una entrevista hace los cálculos, aritmética pura: Los sinaloenses sin seguridad social, IMSS, ISSSTE o cualquier otra, son 1.4 millones, eso es casi una cuarta parte más de los afiliados al Seguro Popular (cerró con un millón 80 mil).

“Ese 20 por ciento (de incremento en usuarios) deberían de incrementar también los recursos, tanto de medicamentos, material de curación y recursos financieros, para poder dar la cobertura necesaria a toda la población sinaloense”.

En los gobiernos estatales solo se habla en lo bajito de las repercusiones de la muerte del Seguro Popular y el nacimiento del Instituto Nacional de Salud y Bienestar, INSABI. El nuevo Programa Sectorial de Salud 2019-2024, PROSESA, modifica por completo la esencia del sistema de salud en el país. El que se mantuvo en los últimos 15 años, desde su creación en los tiempos de Vicente Fox, el Seguro Popular.

Mientras llega el dinero y mientras se emiten las reglas de operación, el gobierno de Sinaloa anuncia que garantiza la atención médica en todos sus niveles y de manera gratuita para quienes carecen de seguridad social.

Las resistencias

López Obrador defendió en la semana al INSABI: “el sueño se va a convertir en realidad”, dijo en la mañanera del jueves 16 de enero, dos días después de reunirse con los gobernadores en una comida. Todos pensaban que el tema sería el nuevo sistema de salud, pero ni siquiera se tocó. El trago amargo se lo pasaron los gobernadores con agua de pitahaya.

“Es que se tiene presupuesto, pero se roban mucho dinero, por eso también hay resistencias a la aplicación de este plan”, insistió AMLO en la mañanera del jueves donde se acompañó de todos los funcionarios relacionados con la salud, a quienes les asignó nuevos encargos —”no cargos”, dijo.

Comprometió que todos los martes darán cuenta en la mañanera de la radiografía de salud, al implementarse el nuevo plan.

Para Imelda Castro, la Senadora por Sinaloa, la resistencia tiene que ver con el manejo de los recursos. El nuevo sistema obliga a la adhesión de los estados, donde la administración, compra de medicamentos, infraestructura y basificación de personal estará a cargo del gobierno federal.

“Antes solo se les depositaba a través del Seguro Popular los recursos a los gobiernos de los estados. Y ellos los usaban y comprobaban con facturas ese gasto. Ahora no”. Responde la Senadora vía telefónica.

E insiste en que el tema es también de confianza: “Esa forma de administración del pasado, del Seguro Popular, no genera la confianza para desarrollar ahora el nuevo modelo de salud en el país”. Y ahí está la resistencia, agrega, porque la aportación del gobierno estatal también la administrará la federación.

Castro Castro es optimista y asegura que se ha superado la resistencia, y adelanta que es inminente la firma de todos los estados. “Porque de otra manera, el gobierno federal podría firmar un convenio de colaboración en donde toda la responsabilidad recayera en los estados, y no tienen capacidad para ello”.

La extinción del Seguro Popular

Rosa Elena Millán, última encargada del organismo descentralizado conocido como Seguro Popular, no es tan optimista como Imelda Castro. Mientras liquida a la plantilla de 278 trabajadores —102 de ellos mantendrán el empleo porque fueron asignados por los servicios de salud— admite las bondades del nuevo sistema, pero solo en el papel.

“¿Qué no le veo de bueno? Que lo hagan en el papel, por decreto. Y has de cuenta que llegaste y quitaste esto de aquí y quieres con el papel paliar el impacto que representa en la ciudadanía y en los estados el decir todo es gratuito”.

Millán Bueno agrega que al no existir un padrón de derechohabientes no hay manera de saber si es real que una persona tiene o no seguridad social. Y eso incrementará la demanda de servicios.

Habla que debió ser gradual el cambio, una etapa de transición. Primero, operando ambos: INSABI y Seguro Popular, donde éste amplia la cobertura y se incrementan los recursos presupuestales. Al tiempo que INSABI coordina acciones con los organismos estatales.

Sobre los constantes señalamientos de la corrupción en los servicios de salud en los estados, vía Seguro Popular, Millán Bueno responde: “Yo no he visto una sola persona que esté con un procedimiento iniciado por casos de corrupción desde que entró López Obrador”.

Asegura que el sistema tiene blindados todos los procedimientos. Los controles son estrictos, “no tuve una sola observación de ninguna situación de irregularidades graves. Ni de la (auditoría) del estado ni de la federación”.

Extinguir el organismo público descentralizado llamado Régimen Estatal de Protección de Salud (Seguro Popular) costará unos 15 millones de pesos en indemnizaciones.

Un ex secretario muy crítico

El principal crítico del giro en la política de salud en México es quien puso en marcha el Seguro Popular en la administración de la alternancia de Vicente Fox. A través de ensayos, columnas e informes, el doctor Julio Frenk se ha encargado de analizar el arranque de INSABI. Y es contundente. Asegura que prevalece la ideología por encima de las evidencias científicas. “(PROCESA) regresará nuestro sistema de salud a los años setenta del siglo pasado”, escribe Frenk.

Luego dice que se habla de un sistema que busca parecerse a los de primer mundo: Inglaterra, Noruega o Suecia. Pero en su estructura se parecerá más al de Cuba, Venezuela o Corea del Norte. Es decir, el otro extremo en resultados de salud pública.

En el día a día, Efrén Encinas, el Secretario de Salud de Sinaloa, lo que tiene que atender es la falta de medicamentos y la infraestructura siempre saturada. Apenas la semana pasada se atendió una emergencia de falta de medicamentos en el hospital Pediátrico y el gobierno estatal tuvo que buscar recursos para su compra inmediata.

“Se ha tenido que hacer en otras unidades médicas para salir adelante”, admite. Y luego recuerda que el sistema de compras consolidadas, que se siguió en 2019 y será también para 2020, no logró un abasto del 100 por ciento de los medicamentos.
Del total de claves de medicinas que se solicitaron este año, solo les surtieron poco más de la mitad.

Por lo pronto algunas unidades médicas ya incrementaron la demanda, entre ellas el Hospital de la Mujer. Con el Seguro Popular una parte de los embarazos los atendía el Hospital Civil, pero ya no es gratuito y regresó a las cuotas de recuperación. Esos partos ahora llegan al Hospital de la Mujer, donde el nuevo plan de salud obliga a la “gratuidad” universal.

Artículo publicado el 19 de enero de 2020 en la edición 886 del semanario Ríodoce.