Veamos: para otorgar todos los servicios médicos a los 75 millones de mexicanos que no son derechohabientes del IMSS o del ISSSTE se requieren 441 mil millones de pesos más que los presupuestos sumados de Seguro Popular e IMSS Prospera del 2019 y si se regulariza la situación de 80 mil trabajadores de salud ello implicaría 17 mil millones anuales más. No hablamos de construir más infraestructura.
Si las intensiones no se acompañan de ese dinero, no se convertirán en hechos, por más que se repitan, solo serán palabras.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. establece que el impacto presupuestario de la iniciativa actual pudiera superar 3 por ciento del PIB sin considerar los costos laborales y una inminente transición epidemiológica que significa que con el envejecimiento de la población y la prolongación de la esperanza de vida las enfermedades serán cada vez más costosas y numerosas. Las enfermedades crónico degenerativas han empezado a sustituir de manera creciente a las enfermedades infecciosas.
Al utilizar el gasto que reporta el IMSS por cada asegurado al sistema de atención médica y aplicarlo al total de la población que no cuenta con seguridad social, es decir, la población con Seguro Popular y/o IMSS Prospera más la población que no cuenta con ninguna afiliación, se alcanza un total de 611 mil 402 millones de pesos. Al restar el presupuesto que se destinó para SP y FASSA a los sistemas de salud de los estados en 2017, (169 mil 840 millones), se llega a un impacto presupuestario de 441 mil 562 millones de pesos.
Se calcula que en un año solo el 40 por ciento de los derechohabientes solicitan y reciben un tipo de servicio médico. No se supone que todos vayan a pedir el servicio.
Se utilizó el gasto por asegurado a los servicios de salud reportado por el IMSS (IMSS 2017), se ponderó de acuerdo con la estructura demográfica ya que dicho costo se presenta por edad, se actualizó por inflación y se expresó en pesos de 2019, por lo que se llega a un total de 8 mil 068 per cápita.
Como población objetivo se ubica a las 53 millones 256 mil 613 personas que se autorreportaron afiliadas al Seguro Popular y/o al IMSS Prospera. Se incluye también a la población, hasta ahora excluida del Sistema de Salud, que no cuenta con seguridad social y que tampoco es beneficiaria de ninguno de estos dos programas; esta es una población potencial adicional que suma 22 millones, 526 mil 298 personas.
El total de la población objetivo del INSABI es de 75 millones 782 mil personas.
Habría un segundo escenario. Este consiste en que el llamado del presidente López Obrador anime a acudir al INSABI a todos aquellos que manifiestan tener una necesidad de salud y son parte de su población objetivo.
35 millones 681 mil 035 personas afiliadas al SP y/o al IMSS Prospera reportaron tener alguna necesidad de salud. En cuanto a la población que tuvo alguna necesidad de salud y que no cuenta con seguridad social, esta población potencial adicional, sumó 13 millones 837 mil 355 personas. En total son poco mas de 49 millones derechohabientes del INSABI que dicen tener necesidad de sus servicios, ya en este momento.
Al utilizar el gasto por usuario del IMSS y aplicarlo al total de la población que manifiesta tener una necesidad de salud y no cuenta con seguridad social, se alcanza un total de 1 billón 075 mil 067 millones de pesos. Al restar el presupuesto que se destinó para SP y FASSA en 2018, 169 mil 840 millones de pesos, se llega a un impacto presupuestario de 905 mil 227 millones de pesos. Un escenario muy demandante.
Por otra parte, el costo laboral por basificación asciende a 17 mil 991 millones de pesos. A este resultado será necesario agregar el costo por pago de cuotas a la seguridad social.
Al desglosar los resultados por tipo de plaza se observa que el mayor costo se obtiene al basificar al personal de enfermeras generales tituladas A, con 3 mil 791 millones de pesos, seguido de los médicos generales A con 3 mil 748 millones de pesos; en tercer lugar está la basificación de médicos especialistas con 2 mil 839 millones de pesos, después el personal auxiliar de enfermería A con 1 mil 940 millones de pesos, por último el personal de apoyo administrativo suma 1 mil 056 millones de pesos. La estimación de basificación de las plazas restantes suma 4 mil 581 millones de pesos.
Estas son las cantidades que harán que las palabras se traduzcan en hechos.
Artículo publicado el 19 de enero de 2020 en la edición 886 del semanario Ríodoce.
