Uno de los ex funcionarios de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAyF) imputado de desviar recursos trató de suspender el proceso penal en su contra, pero la Jueza de Control negó la suspensión, mientras que otro de los implicados decidió ir a juicio oral.

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En audiencias celebradas la semana pasada en el Centro de Justicia Penal, la Fiscalía ajustó el monto desviado de 293 millones 479 mil pesos, a 260 millones 937 mil pesos.

Según el Ministerio Público, la Auditoría Superior del Estado (ASE) modificó el monto, debido a que solventaron 21 millones de pesos.

Los imputados están señalados de trasferir el dinero de cuentas de recursos federales a cuentas estatales y lo usaron con fines distintos al que estaba destinado.

El ex director de la Tesorería, Ernesto Herrera Félix, intentó suspender el proceso penal en su contra y ofreció pagar la reparación del daño.

Su abogado propuso pagar 209 mil 193 pesos con ocho centavos, en tres pagos de 69 mil 731 pesos.

El primer pago sería el día que se aprobara la suspensión, el segundo 90 días después y el tercero en seis meses.

Además planteó que el acusado residiera en un domicilio determinado y someterse a la vigilancia que la Jueza estableciera durante un periodo de seis meses.

Señaló que la suspensión condicional del proceso era procedente ya que cumplía con los requisitos que exige la Ley, como no haber tenido una suspensión anterior, la pena de los delitos que acusan no superan la media de 5 años y se ofrecía la reparación del daño.

Explicó que los 209 mil pesos es la que se establece como monto exigible para reparar el daño en un peritaje contable de la Fiscalía.

El Ministerio Público dijo que no estaba de acuerdo con el plan de reparación del daño que proponía la defensa.

La cantidad es irrisoria, no es idónea, ni pertinente ni suficiente, ni justa, ni proporcional, ni se resarce el daño, mencionó.

Aseguró que los 209 mil pesos que refiere el abogado en el peritaje se establecieron como base para la multa económica que solicitarán se imponga de ser encontrado culpable, y no como reparación del daño.

Como reparación del daño, indicó, el peritaje señala los 293 millones de pesos, que luego fueron ajustados a 260 millones.

Aseguró que la FGE está en condiciones de acreditar más allá de toda duda, que el ex funcionario sí cometió los delitos.

El asesor victimal también se opuso a la suspensión del proceso, porque de aceptar la propuesta del pago, dijo, se violarían los derechos constitucionales del ofendido y no tendría una reparación del daño integral.

El representante legal de Gobierno del Estado manifestó no estaba de acuerdo porque con la cantidad ofrecida no se repara el daño causado al erario.

No es reparación del daño como trata de hacerlo ver la defensa, expresó.

La Jueza de Control manifestó que era en esta etapa del proceso era complejo determinar la reparación del daño porque son tres los imputados.

Dijo que tomando en cuenta la afectación de 260 millones, le parecía sumamente desproporcionada la cantidad ofrecida por la defensa.

No hay condiciones para aprobar la suspensión, no se autoriza, determinó.

Herrera Félix había promovido un amparo contra el auto de vinculación a proceso y la garantía económica de 100 mil pesos que impuso el Juez para garantizar que cumplirá con el proceso penal.

El pasado 30 de septiembre el Juez de Distrito negó el amparo por considerar que hay datos de prueba suficiente para dictar el auto de vinculación y en el caso de la garantía porque antes de recurrir al amparo debió presentar un recurso de apelación.

El ex auxiliar de la Tesorería, José Carlos López Ramírez, también acudió ante la Jueza pero por separado.

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El ex funcionario irá a juicio oral tras agotar las negociaciones con Gobierno del Estado y no llegar a un acuerdo.

El Ministerio Público y la defensa estaban preparados para realizar la audiencia intermedia en la que darían a conocer las pruebas que presentarán durante el juicio oral.

El Ministerio Público dijo que sí habían estado en pláticas con la defensa y con Gobierno del Estado para llegar a un acuerdo de suspensión pero no se logró.

El abogado defensor mencionó que ya agotaron el diálogo y no hay posibilidad de hacer un acuerdo para pagar la reparación del daño y suspender el proceso.

La Jueza canceló la audiencia debido a que la tenía programada como suspensión condicional del proceso y no como intermedia.

Tanto Herrera Félix y López Ramírez volverán a la sala de audiencias en enero del próximo año para celebrar la audiencia intermedia en la que se dictará el auto de apertura de juicio oral.

El tercer implicado, es el ex Secretario de Administración y Finanzas, Armando Villarreal Ibarra, quien acudirá ante el Juez en diciembre.

Los tres ex funcionarios de la administración de Mario López Valdez están acusados de lo delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.

Según la Fiscalía, en el último semestre de la administración en 2016, realizaron 112 trasferencias bancarias de cuentas de recursos federales a cuentas de recursos estatales.

De acuerdo con la FGE los recursos federales estaban etiquetados y no debían ser usados con otros fines.

Artículo publicado el 10 de noviembre de 2019 en la edición 876 del semanario Ríodoce.