Por vetar los decretos reprobatorios de los Informes de las cuentas públicas del 2017, la Comisión de Fiscalización aprobó por unanimidad interponer controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el gobernador Quirino Ordaz Coppel.

En el texto del acuerdo que será presentado ante la presidencia de la Mesa Directiva, la Comisión de Fiscalización señaló que el Ejecutivo Estatal con el veto pretende intervenir en el desarrollo de las funciones internas del Congreso, con el objeto de que no se le revisen las cuentas públicas.

El Ejecutivo Estatal, señaló la Comisión, pretende que no se le revisen las cuentas públicas a la administración pública estatal y paraestatal, municipios y sus órganos paramunicipales, a los órganos autónomos, ni a ningún otro en Sinaloa, que realice gasto público, aún cuando la misma Constitución determina que se pueden vigilar gastos, incluso hasta de los particulares que reciban recursos públicos.

“Está soberanía observa que en el Informe de Resultados, la Auditoría Superior del Congreso omitió deliberadamente demasiada información convirtiendo a este documento en un acto enteramente inconstitucional e ilegal”.

En el mismo texto del documento se cuestiona que aún cuando el Ejecutivo tiene la obligación de publicar decretos que le envíe el Congreso, decidió argumentar que éste no cuenta con atribuciones para llevar a cabo la fiscalización de las cuentas.

El acuerdo fue aprobado por los diputados integrantes de la Comisión de Fiscalización, el presidente Marco Antonio Zazueta, legislador de Morena, así como sus compañeros de bancada y Flora Isela Miranda Leal, Cecilia Covarrubias, Marco César Almaral (PT) y del PAN, Jorge Iván Villalobos. No estuvo prrsente la diputada del PRI, Cecilia Moreno.