Juez revoca veto, pero aprueba nueva prohibición; alcalde de Ahome no define aún otorgar o negar permisos municipales
La construcción de la planta de 2 mil 200 toneladas métricas de amoniaco que se edifica en las inmediaciones del puerto de Topobampo no para de dar vuelcos legales y su continuidad aún está en el limbo, por una serie de juicos de amparo que no concluyen, mientras que el rechazo social va en aumento.
En tanto, la empresa Gas y Petroquímica de Occidente que promueve el proyecto de petroquímica entró a una nueva fase de confrontación mediática con el colectivo “Aquí No” conformado mayoritariamente por indígenas y “yoris”.
En esos humores quedó atrapado el alcalde de Ahome, Manuel Guillermo Chapman Moreno quien debe de decidir si otorga o niega el permiso de uso de suelo y la licencia de construcción, cuya vigencia terminó en junio.
Este fin de semana, el presidente municipal se metió hasta la enramada del centro ceremonial del campo pesquero Lázaro Cárdenas, que es el nido del rechazo a la industria, y sostuvo que no ha dado una orden ejecutiva para liberar los permisos que los industriales requieren para reiniciar la construcción, que fue detenida por orden judicial en dos juicios de amparo vigentes.
Y no ha tomado una determinación porque las opiniones en favor y en contra están divididas, y porque los juicios legales no concluyen.
Buscando obtener consensos, el munícipe convocó a las partes confrontadas a una concertación escuchando a los técnicos y científicos de cada bando, pero la asamblea no prosperó.
Dijo que esperará hasta el último momento para decidir, pero en algún momento tendrá que hacerlo o mediante juicios legales se lo exigirá cualquiera de las dos partes.
Mientras, Javier Güemes e Iván Carballo Robledo anunciaron que el Juez Sétimo de Distrito, José Francisco Pérez Mier revocó el 15 de julio la sentencia provisional en el juicio de amparo 724/2018-1 interpuesto por el campo pequero El Muellecito y su representante, Agustín Álvarez entorno a la prohibición de la construcción por considerar que mantenerla ocasionaría un perjuicio para los empresarios porque estos demostraron que no afectaría el ecosistema sino que resarciría el daño a la bahía, además de que los promoventes no continuaron con el procedimiento.
Ello, dijeron, restableció los efectos legales del resolutivo de impacto ambiental SGPA/DGIRA/DGB5576 del 21 de abril del 2014 que aprobaba la construcción y operación de la planta de amoniaco.
No obstante, reconocieron que el juicio no se resuelve de fondo, y que aún tienen otros procedimientos por desahogarse.
Ulises Pinzón y Gerardo Peña Avilés, del colectivo “Aquí No”, afirmaron que la explicación de os voceros de la industria es sesgada, porque la sentencia fue modificada porque los dirigentes del campo El Muellecito y su abogado traicionaron al movimiento.
Y mientras estos discutían sus verdades, el mismo juez Pérez Mier resolvía el juicio de amparo 358/2019 decretando la suspensión definitiva a la construcción de la planta de amoniaco, por lo que la industria debería continuar parada. “Es el mismo caso, pero aquí si hubo respuesta legal y se obtuvo una suspensión definitiva”.
Lo que ocurre es que la empresa está comprando a uno por uno de los cabecillas del grupo para eliminar la resistencia legal; sin embargo, el grueso de la población se opone a la instalación de la industria, y está dispuesta a llegar hasta las “últimas consecuencias”, incluso la movilización en las propias instalaciones.
Pinzón, acompañado del doctor José Francisco Villegas miembro del mismo colectivo y directivo de la asociación “Vigilantes Ciudadanos por la Democracia”, afirmó que los industriales no podrán sostener que se trata de petroquímica limpia y no contaminante, así pregonan que sus procedimientos sean los menos tóxicos del planeta.
Aseguraron que por la movilización ciudadana, el rechazo a la industria petroquímica tiene ahora respaldo político desde regidores en el cabildo de Ahome, en la cámara de diputados local e incluso en la cámara baja, restando sólo que el gabinete de Andrés Manuel López Obrador le entre al análisis serio del asunto desde la adquisición de los terrenos en un sitio con protección internacional a la contaminación hasta la veracidad del manifiesto de impacto ambiental, en donde también existe oposición.
Los dirigentes del colectivo “Aquí No”, aseguraron que la oposición a la industria petroquímica no es a ultranza, sino sólo a la ubicación.
Pinzón fue firme: “Si es tan benéfica como dicen, que busquen otro punto al centro o sur del estado. Nosotros no nos oponemos a que la construyan, sino al lugar en donde quieren colocarla, y que destruiría la vida de un bahía que le ha dado sustento a miles de familias del norte de Sinaloa.
Artículo publicado el 28 de julio de 2019 en la edición 861 del semanario Ríodoce.
