La Fiscalía General del Estado pidió al Juez imponer una pena de 14 años de prisión, el pago de 4.5 millones de pesos por reparación del daño, 28 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y una multa de 440 días al acusado de comprar los colchones podridos entregados a damnificados por la tormenta 19E en 2018.
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En la audiencia intermedia realizada esta tarde, la Fiscalía presentó acusación formal contra el Coordinador Administrativo de Sedesol, Carlos Castro Olivas, por los delitos de peculado y negociaciones ilícitas y el Juez dictó auto de apertura de juicio oral.
Por el delito de peculado solicitaron una condena de 10 años de cárcel e inhabilitación de 20 años; y por el de negociaciones ilícitas una pena de cuatro años de prisión e inhabilitación de ocho años.
Como reparación del daño solicitaron el pago de 4 millones 554 mil 650 pesos y una multa de 440 días.
Durante alrededor de cuatro horas la Fiscalía y la defensa debatieron las pruebas que presentarán durante el juicio oral.
Para el juicio el Juez admitió 23 testimoniales.
Entre quienes serán llamados a declarar se encuentran el ex Secretario de Desarrollo Social, Raúl Carrillo y la subsecretaria de Economía, Morayma Yaseen Campomanes.
Ambos rendirán su declaración primero como testigos de la Fiscalía y en una segunda ocasión como testigos de la defensa.
También declararán las cinco personas que vendieron los colchones, quienes se dedican a la venta de colchones reciclados y una mujer que fue la intermediaria entre Carlos y los proveedores.
Además darán su testimonio dos jefes y un subjefe de departamento de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaria particular de Carlos, dos agentes investigadores, y dos peritos.
La fiscalía pretendió llevar a declarar al ex Secretario de Desarrollo Social, Álvaro Ruelas Echave, pero fue rechazado por solicitud de la defensa ya que no fue ofrecido como testigo.
Por solicitud de la defensa, el Juez excluyó los testimonios que ofreció la Fiscalía de cinco personas que recibieron los colchones podridos, por considerar que eran innecesarios ya que el estado en el que fueron entregados los colchones es un hecho probado.
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De acuerdo con la Fiscalía por los colchones se pagaron 2 millones 970 mil pesos, por incinerarlos se pagaron 433 mil pesos y por comprar nuevos colchones se gastó un millón 151 mil pesos.
Según los Fiscales Carlos sabía que estaba comprando colchones reciclados, cuyo costo oscila entre los 100 y los 700 pesos.
El juicio oral será programado durante las próximas semanas.
