Luis Ángel Pineda Ochoa era un desconocido. Un funcionario menor. Fuera de reflectores. Sin responsabilidades importantes. No manejó presupuesto que dependiera exclusivamente de él durante los seis años de Malova. Nadie se fijaba en él. Lo suyo era detrás de bambalinas.
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Cuando surgió el nombre de Luis Ángel Pineda Ochoa en las investigaciones sobre delitos relacionados con corrupción en el sexenio de Malova, pocos sabían de quién se trataba. Fue difícil inicialmente encontrar una fotografía. Las primeras que se difundieron son de la ficha de captura, que desde algún lado del gobierno se filtraron. LAPO, lo llamaron algunos medios por las iniciales de su nombre.
Tenía Luis Ángel una carta de presentación única en 2010: ser mochiteco. Suficiente. La misma tierra del gobernador. Su experiencia en la administración era que tenía un tienda de conveniencia. Pero en la administración pública nada. Después sabríamos que la CFE detectó que en el medidor de energía eléctrica del “supercito” había diablitos, es decir, el artefacto estaba truqueado para medir menos luz de la que se consumía. Alguien sabía de esa acusación, posiblemente, porque en 2011 se solicitó vía ley de acceso la carta de no antecedentes penales que presentó para ser funcionario en la Secretaría de Seguridad Pública.
Ahí fue la primera estación de Luis Ángel Pineda Ochoa, como Secretario Técnico de la SSP en tiempos de Francisco Córdova, el sonorense. No lo conocía, pero Córdova aceptó la imposición de la Secretaría de Gobierno desde donde se otorgaron todos los puestos. Cuando Córdova sale de seguridad y va a Turismo, se lleva a Pineda Ochoa al mismo puesto, pero en diferente secretaría.
Luis Ángel es una pieza muy pequeñita del entramado. Un charalito, por aquello de la comparación clásica sobre peces gordos cuando se habla de capturas importantes en la justicia.
La acusación de la Fiscalía General es simple: Transfirió 8.6 millones de pesos de las cuentas de la Secretaría de Turismo a cuentas bancarias de un grupo de familiares. Según el testimonio su exjefe Rafael Lizárraga en el juicio —el primer juicio oral en Sinaloa sobre una acusación de corrupción en el servicio público—, le dijo el mismo Luis Ángel que lo hizo a la “antigüita”, falsificando facturas, firmas y documentos. Esos 8.6 millones supuestamente se aprobaron para una campaña turística que nunca existió.
Margen de error
(Des-pa-ci-to) Todo empezó en noviembre de 2017 cuando la Fiscalía Estatal detuvo a Pineda Ochoa en Los Mochis, lo trasladaron a Culiacán y solo pasaría unas horas en el penal, después lo liberaría el juez para que enfrentara la acusación en libertad, previo pago de una fianza por un millón de pesos. Tendrían que pasar un año y seis meses para que el juicio diera inicio.
Unos meses antes de su captura, Luis Ángel Pineda estaba incluido en el primer paquete de funcionarios de la administración de Malova que fueron sancionados administrativamente por la Secretaría de Transparencia del gobierno de Quirino Ordaz. Todos ellos recibieron inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y se pedía que resarcieran el daño al patrimonio público. En el caso de Pineda Ochoa la sanción fue por ocho años y pagar 12 millones de pesos.
Se ofreció como la primer acción contundente del nuevo gobierno contra las irregularidades detectadas en los tiempos de Malova. Aunque en el paquete solo había peces pequeños, ningún pez gordo.
Mirilla
(Hundido) De los varios funcionarios malovistas enredados en investigaciones administrativas, penales o en la Auditoría Superior, el de Luis Ángel Pineda es el más avanzado, por eso se convirtió en el primer juicio oral sobre corrupción.
Pineda Ochoa asiste a las citas en los juzgados siempre con la cabeza cubierta y si no le toma la noche se coloca lentes oscuros. Su cachucha favorita, de la suerte, es una verde con blanco con una marca de maquinaria agrícola. Desentona con su atuendo, siempre formal, pero no se la quita para nada.
Con él la Fiscalía no afloja, como sucedió con el Secretario de Salud, Ernesto Echeverría, que no llegó a juicio y se opto por un proceso abreviado donde aceptó el pago de 7.5 millones de pesos para resarcir el daño al erario. Incluso lo aprieta. En esta semana elevó la acusación al delito de peculado, lo que de entrada complicará su defensa.
Primera cita
(Redes) Desde el Estado se está pescando con anzuelo, la Fiscalía con su cañita de pescar, la Auditoría con sus anzuelos, Transparencia con los suyos…así sucesivamente. Los pescadores saben que la pesca con anzuelo requiere de paciencia, pero sobre todo que con ella solo es posible capturar solo un pez en cada lance. Podrá ser un pez gordo, o una llanta vieja tirada al mar, pero solo uno a la vez.
Ni la Fiscalía, ni la Auditoría Superior del Estado en su momento, ni la Secretaría de Transparencia, reconocen hasta ahora que se trató siempre de una red. No hay acciones aisladas de funcionarios públicos, sino una red interconectada.
Aunque se convive con la corrupción diariamente, no hay un entendimiento pleno y claro de sus modos de operación. Las redes de corrupción se definen como un conjunto de conductas organizadas de manera deliberada, frente a la visión limitada que la entiende como la conducta anómala de individuos que se corrompen de manera aislada. La corrupción más grave se manifiesta en redes.”
Mientras se siga investigando caso por caso, sin relacionarlos, quedándose en las ramas, no se profundizará en el ataque a la corrupción. Todo será simulación. Mascara. Atraparán a uno, dos o tres, pero no se descubrirá sus actuaciones, ni la totalidad de participantes en la red.
Deatrasalante
(Fin) En el juicio se han soltado unas claves. Una: Que el dinero se aprobó porque eran órdenes de arriba. ¿Qué tanto? Administración y Finanzas (Armando Villarreal) ¿o el despacho del gobernador? (Malova). Y la segunda: “no puedes atrapar un zorrillo sin salir apestado”, le diría Luis Ángel Pineda a Rafael Lizárraga. Nadie quiere ser orinado por el zorrillo(PUNTO)
Columna publicada el 30 de junio de 2019 en la edición 857 del semanario Ríodoce.
