Celebran PAN y PRI respaldo de la SCJN a continuación de estancias infantiles

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Diputadas del PAN y PRI coincidieron en celebrar la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permitirá que las estancias infantiles puedan operar con las reglas aplicadas hasta el 31 de diciembre de 2018, dejando de lado el programa del gobierno federal que les cortaba el recurso.

La diputada local del PRI, Elva Margarita Inzunza Valenzuela, confío en que los 200 ciudadanos que han promovido amparos en Sinaloa en contra de la disposición federal para eliminar el subsidio para las guarderías infantiles ganen, al contar con el respaldo de la ley, como sucedió recientemente en el estado de Chihuahua.

Reiteró que la bancada del PRI, junto con varios homólogos en diferentes estados de la República, formaron un frente común para apoyar a todas estas personas que están luchando por una causa justa, como es la protección a la niñez y la construcción de un mejor futuro para ellos.

“Con la ley en la mano, con el respaldo de las decisiones judiciales, con el apoyo y la solidaridad social y material de muchos mexicanos, la lucha de las estancias infantiles estamos seguros llegará a buen puerto”, manifestó en su posicionamiento.

Destacó que, pese a existir una jurisprudencia a favor dictada por los juzgados de Distrito en el caso de Chihuahua, el gobierno federal sigue con la misma insensibilidad social y se resisten a cubrir a las estancias infantiles los recursos a que legítimamente tienen derecho.

En tribuna, la diputada del PAN, Roxana Rubio, manifestó que esperan que el gobierno federal y Morena maduren en su forma de hacer política.

“Dejen de usar las descalificaciones infundadas como carta de presentación, estas descalificaciones comúnmente sin pruebas, ni argumentos sólidos, generando en la sociedad división y desinformación”, manifestó.

La legisladora panista expuso que la resolución emitida por el Poder Judicial de la Federación favorece a 329 niños y a 10 mil estancias a nivel nacional, que recibían 950 pesos por niño, mediante las instituciones y no a los padres, como planteaba el gobierno federal.

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