La prevención para ejercer el periodismo con libertad, el cese a la impunidad en casos de agresiones contra reporteros, la existencia de un organismo autónomo y confiable, así como la reacción inmediata en la que participen los diferentes niveles de autoridad en forma coordinada, fueron planteados por representantes de diversas organizaciones en un panel organizado por el Congreso del Estado de Sinaloa.
El panel forma parte de un análisis de propuestas para la formulación de una iniciativa de Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que próximamente será presentada al Pleno del Poder Legislativo.
Manuel Celaá García, oficial del Área de Seguridad y Protección de Servicios y Asesoría para la Paz e integrante de Espacio de Organizaciones de Sociedad Civil, señaló que la implementación de mecanismos de protección clásicos no están siendo suficientes para atender las necesidades de las personas defensoras y periodistas en México.
Propuso en pensar más allá para generar políticas públicas que sean realmente voluntad de todo el Estado y aborden problemas estructurales, para que no sean solamente medidas de protección.
Alberto Xicoténcatl Carrasco, presidente del Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, planteó la importancia de trabajar en medidas de prevención para evitar agresiones, así como reducir la burocracia en los procesos de prevención.
Israel Hernández Sosa, representante de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas de Veracruz, ponderó la importancia de contar en Sinaloa con un organismo en la materia que sea autónomo y con ello confiable.
Comentó que en Veracruz el organismo autónomo está concentrado solamente en atención a periodistas y surgió ante la presión internacional por el creciente número de homicidios contra reporteros, que ya suman 26 en los últimos nueve años.
Destacó que en Sinaloa el organismo que surja deberá atender al contexto y necesidades que se vivan en la entidad, para que sea un mecanismo que genere confianza y apertura entre los periodistas.
Mario Andrés Hurtado Cardozo, oficial del Área de Investigación de Incidencia de la organización Propuesta Cívica, lamentó que en México existen un total de 15 organismos para protección de periodistas, pero solamente funcionan parcialmente dos porque no han dado los resultados deseables planteados en las legislaciones bajo cuyo marco fueron creados.
Al comentar los resultados de un estudio a nivel nacional en la materia, indicó que hay también un total de 11 entidades en donde se trabajan en iniciativas de ley sobre el tema con una gran pluralidad de normas.
Consideró necesario que los marcos legales y los organismos vayan más allá de la seguridad y del discurso de derechos y garantías, para ir a la protección física y medidas de prevención.
Hurtado Sánchez indicó que entre el 45 y el 50 por ciento de las agresiones de defensores de Derechos Humanos y periodistas provienen de funcionarios públicos.
La mejor protección es el ejercicio de medidas contra la impunidad, subrayó.
Ricardo Neves, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para la Protección de Derechos Humanos, expuso que no existen fórmulas mágicas para la construcción de un modelo de protección.
Precisó que es necesario que se trabaje en el marco normativo en tres ejes básicos: el monitoreo de situaciones y prevención, eficiencia de mecanismos de protección a nivel local, capacidad de atención inmediata en coordinación con el mecanismo federal, y el seguimiento a las medidas de protección otorgadas.
