Los tres principales sindicatos de docentes universitarios en Argentina están en huelga desde el martes y no irán a las aulas hasta el viernes.

Hoy no ha habido clases en todas las universidades públicas argentinas; tampoco en los colegios secundarios que dependen de ellos. Los profesores reclaman un aumento salarial del 30 por ciento, a tono con la inflación prevista para este año. El Gobierno de Mauricio Macri dice que no tiene dinero y ofreció 15 por ciento, una cifra considerada inaceptable por los sindicatos, de acuerdo a El País.

Gratuito para los alumnos y sostenido por el presupuesto del Estado, el sistema universitario argentino es el orgullo de muchos argentinos. Pero sufre cada vez que las crisis económicas ponen en peligro el financiamiento.

Esta vez no se habla de arancelamiento, como en los neoliberales años 90, pero la comunidad académica denuncia que la falta de dinero terminará por promover el éxodo hacia las universidades privadas. Por eso la demanda salarial se mezcla esta vez con otros reclamos estructurales, como más financiamiento para investigación e infraestructrua. La semana pasada, cientos de científicos e investigadores marcharon frente al Congreso. El reclamo cuenta con el apoyo más o menos velado de los rectores.

Los profesores exigen al Gobierno un incremento de salarios en línea con la inflación. En enero acordaron un 15 por ciento dividido en tres partes, pero el año no fue lo que todos esperaban.

El peso perdió desde entonces la mitad de su valor, el dólar pasó de 20 a 30 pesos por unidad y el IPC se disparó. Ya nadie duda que la inflación de diciembre estará por encima del 30 por ciento interanual, y eso activó nuevos reclamos.

El Gobierno cumplió con el 5 por ciento programado para mayo y prometió 5,8 por ciento en agosto “a cuenta de futuros aumentos”. En un comunicado, el ministerio de Educación dijo que la idea es negociar los salarios con los profesores en las aulas. El aumento otorgado “iguala la inflación del cuatrimestre marzo – junio. Allí se le propuso a las agrupaciones continuar negociando sin medidas de fuerza que imposibiliten el normal dictado de clases”, dijeron desde Educación.

Para los profesores, la oferta fue poco seria y llamaron a la huelga general.

“El Gobierno tiene que dar una respuesta efectiva. El no inicio de clases, los abrazos a las universidades y las múltiples instancias de lucha son el emergente del profundo malestar de los docentes y la comunidad universitaria”, dijo Carlos De Feo, secretario general de la Conadu, una de las federaciones gremiales que agrupa a los profesores.

Esta vez, la huelga total alcanzó también a los colegios secundarios preuniversitarios, como el Nacional Buenos Aires y el Carlos Pellegrini, dos centros considerados de excelencia académica. El rector “del Buenos Aires”, como se lo conoce, ya anticipó a los alumnos que no tendrán clases durante toda la semana “por carecer del personal mínimo que garantice la organización diaria”. A la huelga de esta semana, los sindicatos sumaron una movilización para el 30 de agosto, que promete ser multitudinaria.

El reclamo de los docentes tiene como telón de fondo un recorte en el presupuesto para las universidades públicas. Es en este punto donde el conflicto suma a los rectores, que temen que 2019 los encuentre sin fondos para cubrir las nóminas, responsables del 80 por ciento de todo el gasto universitario.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), donde se agrupan los directivos, advirtió al Gobierno que el año que viene necesitará para sus “gastos mínimos e indispensables” aportes por 133 mil millones de pesos (4.333 millones de dólares), un 32 por ciento más que en 2018.

El presupuesto nacional que el Congreso debatirá a partir de la semana que viene contempla para las universidades una partida 25 por ciento mayor que la de este año, cinco puntos por debajo de la inflación estimada por los más optimistas.

Macri tiene un problema en las universidades. Sus gremios tienen alto poder de movilización y sus alumnos suelen apoyar las medidas de fuerza. La estrategia del Gobierno ha sido, hasta ahora, subidas unilaterales de salarios, pero sin el consenso de los profesores. La manifestación del 30 de agosto será el termómetro que medirá la presión que enfrenta Macri en la calle, en un escenario de creciente crisis económica.