Han transcurrido 10 años de la masacre de cuatro civiles por militares en Santiago de los Caballeros

Para los cuatro civiles asesinados por elementos del Ejército hace 10 años en Santiago de los Caballeros, Badiraguato, la justicia no llega por errores en el proceso penal.

Los cinco militares involucrados ya habían recibido sentencia de nueve años y cuatro meses pero con un amparo lograron anularla para que el Juez reponga el procedimiento.

Los cinco soldados están acusados de asesinar a cuatro civiles y a dos de sus compañeros soldados, cuando dispararon contra una camioneta Hummer sin motivo alguno.

Los civiles muertos son Edgar Geovany Araujo Alarcón, de 28 años; Zenón Alberto Medina López, de 30; Manuel Medina Araujo, de 29; e Irineo Medina Díaz, de 53; y los soldados Damián López Altamirano y Emmanuel Malohua Domínguez.

En la agresión resultaron heridos Wilfredo Madrid Medina y Miguel Ángel Medina.

La emboscada ocurrió el 26 de marzo de 2008, en la comunidad de Santiago de los Caballeros, en Badiraguato.

De acuerdo con la sentencia de amparo, el Juez de Distrito debe dejar insubsistente la condena y reponer el proceso penal.

El amparo fue concedido debido a que el Juez valoró como evidencia la prueba de rodizonato de sodio practicada a los soldados, pero durante el juicio no fue ratificada por los peritos, por lo que según el Tribunal Colegiado carece de valor.

Los militares están acusados de los delitos de homicidio simple intencional, violencia contra las personas causando lesiones, homicidio imprudencial y lesiones imprudenciales.

Los militares fueron sentenciados el 7 de julio de 2014 por el Juez Séptimo de Distrito con sede en Los Mochis y apelaron la sentencia, por lo que fue modificada el 12 de noviembre por el Segundo Tribunal Unitario.

Los soldados promovieron un amparo contra la resolución y el Tribunal Colegiado en Materia Penal lo concedió y anuló la sentencia.

Los soldados acusados son el Teniente de Infantería, Víctor Ruiz Martínez; el cabo de infantería Antonio Rojas Reyes y los soldados Jorge Jiménez Castañeda, Misael Solano Muñoz y José Francisco Javier Balam May.

‘Ya no disparen, nos estamos dando entre nosotros’

La noche del 26 de marzo, seis jóvenes circulaban en una camioneta Hummer H2 rumbo a una fiesta a la comunidad de Guanajuato.

En el camino fueron atacados a balazos por un grupo de militares asignados al combate al narcotráfico en esa zona.

Supuestamente, la Hummer pasaba por un lado del camión militar, cuando uno de los soldados sacó su fusil MP-5 por la ventana del camión y disparó contra la camioneta.

Los otros soldados oyeron el balazo y empezaron a disparar contra los civiles.

“Ya no disparen, nos estamos dando entre nosotros mismos”, gritó uno de los militares durante el supuesto tiroteo.

Uno de los soldados declaró que por el movimiento, impactó a algunos de sus compañeros.

En la Hummer el piloto fue el primero que resultó herido y soltó el volante; cómo era un camino de subida el vehículo empezó a ir hacia atrás, mientras los soldados les gritaban que se detuvieran.

Como el piloto ya había muerto, los civiles no podían detener el vehículo por lo que empezaron a gritar a los soldados que no tiraran y que no traían armas, sin embargo, los militares siguieron disparando y asesinaron a otros tres de los ocupantes.

Momentos después de la agresión, dos hombres a bordo de una cuatrimoto que circulaban por ese camino se acercaban al lugar y uno de los soldados disparó una ráfaga al aire para que se detuvieran.

Los dos hombres bajaron del vehículo y se tiraron al suelo boca abajo con las manos extendidas.

Los afectados narraron que los soldados les decían que los iban a matar y uno de ellos disparó dos veces hacia el suelo y les amenazó con que “le valía madre matar gente”.

Wilfredo y Miguel Ángel sobrevivieron al ataque a la Hummer y el Ejército trató de acusarlos.

El 27 de marzo, los soldados los pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación por el delito de homicidio, lesiones y los que resulten a pesar de que ellos eran víctimas.

Dos días después fueron puestos en libertad debido a que las evidencias apuntaban a que los militares eran los que habían disparado contra los civiles y no al revés cómo pretendió hacer creer el Ejército.

En las indagatorias se advirtió que los civiles que resultaron muertos y los lesionados no portaban armas de fuego, ni en la Hummer se hallaron rastros de que desde el vehículo se efectuaron disparos.

El 4 de abril, la Secretaría de la Defensa Nacional admitió que no hubo tiroteo y el Ministerio Público consignó a los militares involucrados.

A 10 años de la masacre e iniciado el proceso penal, todavía no se dicta sentencia.

“La sentencia reclamada que convalidó la de primer grado es contraria a derecho, pues aun cuando el dictamen de rodizonato de sodio practicado al quejoso y otros, emitido por peritos oficiales es prueba imperfecta dado que no fue ratificada, le fue conferido calor probatorio pleno para tener comprobados los elementos de los tipos penales señalados, por los que resultó condenado el aquí quejoso y otros elementos militares”, señaló el Tribunal.

Artículo publicado el 15 de abril de 2018 en la edición 794 del semanario Ríodoce.