jueves, enero 20, 2022
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  • Dias de Impunidad

Endeudamiento desbocado

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Desde el arranque de su administración, el gobernador Mario López Valdez ha pedido 62 préstamos que suman casi 15 mil millones de pesos. Lo ha hecho sin autorización del Congreso y sin rendir cuentas a nadie, con un sigilo total, oscuro el destino de los recursos.
 
Cada año, desde que inició su administración, el gobierno de Mario López Valdez se endeudó con la banca para sacar adelante el gasto corriente. Los intereses de esos créditos, los pagó usted, el ciudadano común.
Casi cerraba el tercer año de su gobierno, cuando López Valdez lanzó una curiosa exigencia a la prensa: “No me etiqueten a mí como el rey del crédito”, pidió mientras crecía la polémica por la solicitud de un segundo crédito tras el paso del huracán Manuel.
Hoy, a pocos meses de cerrar el sexenio, Malova podría presumir su corona al haber obtenido todos los créditos para los que pidió autorización al Congreso, pero también otros que ni siquiera se hicieron públicos.
De acuerdo con datos obtenidos a través de seis solicitudes de acceso a la información pública, en los seis años del gobierno de López Valdez, la tesorería estatal utilizó préstamos a corto plazo en 62 ocasiones, un monto que en suma alcanza los 14 mil 854 millones 668 mil 452 pesos.
Sin embargo, el gobierno de López Valdez saldó cada año su deuda a corto plazo con pagos que se realizaban hasta en el último día del año, pero al día siguiente la cuenta volvía a empezar.
La Tesorería de Sinaloa, dirigida por Armando Villarreal Ibarra, hizo uso de los préstamos a corto plazo para pagar nóminas o adelantarse al retraso de los recursos federales. Con el paso de los años, la práctica se convirtió en casi una dependencia.
Manuel Guadarrama, coordinador del área de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), consideró que esta práctica evidencia a una administración desorganizada, dependiente del erario federal y que utiliza recursos de la ciudadanía para pagar intereses que son producto de una administración ineficaz.
 
endeudamiento 
Pedir prestado por encima de la ley
 
Se les denomina créditos quirografarios y su uso está contemplado en el artículo 9 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Sinaloa, sin embargo, dicho artículo establece dos requisitos que la tesorería estatal no cumple a cabalidad.
Las obligaciones a corto plazo que adquieran las entidades tendrán que ser pagadas en el mismo ejercicio fiscal en el que sean contratadas y el saldo total acumulado de los créditos no deberá exceder el 5 por ciento de los ingresos ordinarios del ejercicio fiscal.
Es a partir de esta normativa que la Auditoría Superior del Estado ha ordenado sanciones en cuatro ocasiones para el Gobierno de Sinaloa por violentar la ley de Deuda Pública local, al exceder el 5 por ciento de su límite para adquirir créditos en un año y por contratar deuda sin autorización del Congreso del Estado.
En este punto, el auditor Antonio Vega Gaxiola y el tesorero Armando Villarreal Ibarra no coinciden. Las interpretaciones de ambos especialistas contables son encontradas.
La postura de la tesorería estatal se centra en argumentar que nunca se rebasa el cinco por ciento permitido, pues a lo largo del año va pagando cada uno de los préstamos y el monto total disminuye conforme avanza el ejercicio fiscal. También asegura que el ingreso ordinario del que se calcula el 5 por ciento, es el equivalente al presupuesto de ingresos anual.
En contraparte, la auditoría se apega a lo que la ley dice textualmente y suma el saldo acumulado de los créditos al año. Además, se guía por lo establecido por el Código Fiscal de Sinaloa, que define al ingreso ordinario como la suma de varias contribuciones que representan sólo un 40 por ciento, aproximadamente, del presupuesto total.
En entrevista, Vega Gaxiola admitió que existe un problema de interpretación de la ley entre ambos titulares, pero confirmó que la ASE ha ordenado sanciones por esta irregularidad en 2011, 2012, 2013 y 2014. El segundo semestre de 2015 actualmente se encuentra en revisión.
De acuerdo con datos entregados por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de Sinaloa (SAyF), en 2011 la tesorería contrató cuatro créditos en el segundo semestre.
Los cuatro préstamos se adquirieron entre el 26 de agosto y el 13 de diciembre. Tres se contrataron con Banorte y uno con BBVA Bancomer, por un saldo total de 841 millones de pesos.
En 2011, cuando la tesorería que apenas cerraba su primer año de administración, el 5 por ciento permitido se superó levemente con un 5.7 por ciento, pero el siguiente año el excedente se duplicaría.
Al llegar 2012, los créditos a corto plazo comenzaron desde el segundo día del año.
Apenas era 2 de enero y el gobierno de Sinaloa ya había adquirido dos créditos por 300 y 200 millones de pesos con Banorte y al cerrar ese mes, el 31 de enero, se pedirían 400 millones de pesos más a Bancomer.
Los préstamos continuaron en mayo, junio, julio, noviembre y diciembre. En total, durante 2012 se contrataron 10 créditos con Banorte, uno con Bancomer y dos con el Banco del Bajío. Los 13 préstamos suman 2 mil millones de pesos.
Ese año, la tesorería alcanzó en créditos un 12.5 por ciento del total de los ingresos ordinarios, violentando así la Ley de Deuda Pública que sólo permite un 5 por ciento.
Para el tercer año de la administración, la normatividad quedó prácticamente anulada cuando la suma total de los préstamos llegó a un 27 por ciento del total de los ingresos ordinarios de ese año.
A lo largo del sexenio, 2013 destaca por ser el ejercicio en que más préstamos quirografarios se adquirieron. Según la información reportada por la SAyF, en 2013 se contrataron 26 créditos quirografarios con Banorte, Bajío, Banamex e Interacciones. El monto llegó a los 4 mil 489 millones 429 mil 093 pesos.
 
“Señor secretario, luego hablamos”
 
En el informe 2014 de la fiscalización que cada semestre realiza la Auditoría Superior del Estado, los préstamos a corto plazo llenan nueve páginas en las que se detallan cinco observaciones que derivan en dos solicitudes de aclaración, una recomendación y dos promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Es decir, la ASE pide en dos ocasiones que se sancione al funcionario público responsable de incurrir en las irregularidades, tan sólo en 2014.
Una de ellas, consiste en el incumplimiento del artículo 9 de la Ley de Deuda Pública que pone como límite para contratar créditos a corto plazo un 5 por ciento del ingreso ordinario. Según el Código Fiscal del Estado en su artículo 2, el ingreso ordinario resulta de la suma de las contribuciones que se clasifican en impuestos y derechos, productos y aprovechamientos, participaciones federales y las contribuciones que provengan de indemnizaciones. Este monto representa aproximadamente un 40 por ciento del presupuesto de ingresos anual.
De este 40 por ciento, la tesorería sólo puede pedir un cinco por ciento en créditos a corto plazo. Cuando el porcentaje se excede, la tesorería estaría obligada a pedir autorización al Congreso local para contratar el crédito, según el artículo 33 de la Ley de Deuda Pública de Sinaloa.
Por esta violación, la ASE recomendó a la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno de Sinaloa que investigue y sancione a los funcionarios públicos que incumplieron con la normativa.
El pasado 15 de junio, Antonio Vega Gaxiola, titular de la ASE, expuso ante un concurrido público la conferencia “Implicaciones de la Ley de Disciplina Financiera”, que se dictó en la sala de usos múltiples del Poder Legislativo.
Entre los oyentes, además de servidores públicos, alcaldes electos y salientes, diputados locales y profesionistas, se encontraba en primera fila el secretario de Administración y Finanzas estatal, Armando Villarreal Ibarra.
Ya entrado en la plática, veinte minutos después de haber comenzado su exposición, Vega Gaxiola se refirió al debate que existe entre el fiscal y el fiscalizado, en torno a la contratación de crédito a corto plazo y el 5 por ciento como límite rebasado o no.
A modo de broma, Vega Gaxiola cerró su comentario con una sonrisa y una frase que lanzó directo a Villarreal: “Señor secretario, luego hablamos”.
Al concluir la ponencia, Ríodoce mostró al Auditor del Estado los documentos que la SAyF entregó vía acceso a la información y en los que se observa el saldo total de los créditos a corto plazo por cada año desde 2011 a 2016.
“Se supera el 5 por ciento, cada año”, se le señaló a Vega Gaxiola.
—Ajá, se hace acreedor a una sanción administrativa.
 
—¿Y sí han señalado ustedes estas acciones?
—Sí, está notificada al órgano interno de control que es la Unidad de Transparencia y Rendición de Cuentas.
 
—Pero cada año se incurre en  la misma práctica.
—Sí, cada año, cada año se le está notificando a la Unidad esa situación. Es por la falta de liquidez, si no te llegan las participaciones y tienes que pagar sueldos, tienes que pagar esto y lo otro, tienes que contratar deuda, pero si se excede llegas a una sanción administrativa. Se ha excedido, por eso están las sanciones administrativas.
 
—El secretario Villarreal insiste en que están dentro de la norma.
—Yo también lo haría, yo se lo dije ahorita, yo haría lo mismo que él pero estamos en fuentes distintas, él tiene la razón en defenderse, y a lo mejor me dice ‘oye pero estos créditos no son’, yo lo que hago es que si está el problema mando la notificación a la Unidad de Transparencia. En 2011, 2012, 2013 y 2014 está esa observación.
 
—Y 2015 y 2016 también se repite.
—(risas) Hay que revisarla.
 
“Sin créditos, gobierno pararía”
 
En la segunda mitad del sexenio la contratación de créditos a corto plazo continuó aunque en menor cantidad. Aún así, 2014 se convirtió en el segundo año, después de 2013, en el que se contrató la suma más alta de créditos.
De nuevo, en el segundo día de enero de 2014, la Tesorería comenzó el año con dos créditos, uno de 550 millones de pesos con Interacciones y otro por mil millones de pesos con Banorte.
Para el 25 de abril, se pidieron 500 millones de pesos y tres días después, se contrataron 750 millones de pesos con Banorte. Ese año, los créditos a corto plazo sumaron 3 mil 514 millones 334 mil pesos, repartidos en 10 préstamos contratados entre los días primeros y últimos de enero, marzo, abril, julio y septiembre.
Para 2015, los préstamos reportados por la SAyF sólo fueron requeridos entre los primeros días de enero y los últimos del mismo mes. Ese año, la suma total llegó a mil 852 millones de pesos por cinco préstamos contratados con Interacciones y Bancomer.
El titular de la SAyF, Armando Villarreal Ibarra, defendió que sin la contratación de créditos a corto plazo, la operatividad del gobierno de Sinaloa se pararía.
“Cada mes recibimos ingreso y cada mes tenemos un número específico de obligaciones, ¿cuándo tenemos que recurrir a estos créditos?, cuando el ingreso del mes no es el suficiente para hacerle frente a los compromisos de ese periodo, si no incurriéramos en el uso de esta herramienta financiera pararíamos la operación de gobierno”, explicó Villarreal Ibarra.
A veces, agregó, “es razonable y aceptable que dejemos de pagar algunos conceptos y no es necesario pedir el crédito, sino esperarnos a que esté el dinero suficiente, pero hay otros conceptos en los que no puedes dejarlos de pagar como los subsidios a las universidades, las nóminas, principalmente”.
El tesorero estatal defendió su interpretación de las reglas al señalar que el monto que nunca debe exceder el 5 por ciento del ingreso es el saldo insoluto, es decir aquel que se va reduciendo conforme se realizan los pagos antes de concluir el año.
También defendió que el ingreso ordinario no es el que precisa el Código Fiscal de Sinaloa sino el que se contempla como ingreso total en la Ley de Presupuesto de Ingresos de cada año.
“Los ingresos ordinarios son los que pusimos en la ley de ingresos, el total, que ascienden a 45 mil millones al año, aproximadamente y entendemos que no es la suma de los créditos solicitados sino el saldo insoluto que nunca exceda del 5 por ciento de los ingresos ordinarios. Independientemente que hayamos pedido 60 créditos, ninguno rebasó el 5 por ciento de los ingresos, siempre tomando como valor el saldo insoluto”, detalló.
 
Administración desorganizada
 
A solicitud de Ríodoce, el Instituto Mexicano para la Competitividad revisó y analizó la relación de créditos a corto plazo contratados en el sexenio de López Valdez, así como la normativa local que regula la deuda.
Vía telefónica, Manuel Guadarrama, coordinador del área de Finanzas Públicas y responsable de los índices de Información Presupuestal que elabora el IMCO, señaló la desorganización administrativa de la tesorería de Sinaloa que se evidencia con la recurrencia a los créditos a corto plazo.
El especialista alertó sobre el pago de intereses por los 62 créditos y la opacidad de la información que imposibilita determinar cuántos intereses se han pagado en el sexenio por un recurso que se va a gasto corriente.
“No tendría porque estarse pagando ningún tipo de interés para pagar gasto corriente, independientemente de como se le llame si es deuda pública, financiamiento, crédito de corto plazo, deuda a proveedor. Es una mala planeación de las finanzas, una mala coordinación fiscal y no solamente es el Estado sino también Hacienda, esto refleja un problema estructural”, destacó.
El también responsable de las iniciativas de Gobierno Abierto que empuja el IMCO en el país, explicó que la práctica de la SAyF se relaciona con una viciada dependencia que han desarrollado las entidades federativas y los municipios hacia las transferencias federales.
Destacó que la recurrencia a los créditos no es una práctica exclusiva de Sinaloa, pero esto no significa que sea correcta y que no genere un daño a las finanzas del estado.
“Esta falta de coordinación con Hacienda es lo que ocasiona que algunos estados tengan que acudir a este tipo de préstamos para solventar el gasto corriente. Por supuesto que no es la mejor práctica, existen estados que sí son más precavidos, que tienen más disponibilidad al inicio del ejercicio fiscal, pero en general, en los estados ni siquiera tienen el uno por ciento del presupuesto cuando inicia el ejercicio fiscal, prácticamente, terminan todos los años con las cuentas vacías. No es exclusiva de Sinaloa pero tampoco es una buena práctica”, enfatizó.
 
—¿Esto afecta las finanzas públicas?
—Sí, por supuesto, en ese sentido es una muy mala práctica porque no tendría por qué estarse endeudando para gasto corriente y aunque no se le denomine deuda pública, de todas formas están generando un costo para el erario público, estos préstamos quirografarios que son muy sencillos de obtener y no tienen para su ejecución ningún requisito de garantía, pero a cambio de no exigirle garantía les están cobrando una tasa (interés).
 
Hasta marzo de 2016, el último año de gobierno de Mario López Valdez, la tesorería había pedido prestado dos mil 157 millones 905 mil 361 pesos a través de cuatro créditos con Bancomer, Interacciones, Banamex y Bajío.
En la solicitud de información que realizó Ríodoce se pidió a la SAyF que especificara el destino de cada uno de los préstamos. La respuesta fue que este era imposible de determinar.
“En cuanto al destino de cada crédito se le informa que no existe un destino específico, sino que son recursos que se utilizan para resolver los problemas de flujo de caja”.
 
Qué dice la ley:
 
Ley de Deuda Pública de Sinaloa
Artículo 9: No constituirán deuda pública las obligaciones directas a corto plazo que se contraigan por las entidades, cuando se cumplan con los siguientes requisitos:
III. El saldo total acumulado de estos créditos no exceda el cinco por ciento de los ingresos ordinarios del ejercicio fiscal correspondiente.
Artículo 5: Queda prohibido a las entidades contraer obligaciones de pasivo que constituyan deuda pública para financiar gasto corriente.
 
Código Fiscal de Sinaloa
Artículo 2: Los ingresos del Estado se clasifican en ordinarios y extraordinarios;

  1. Son ingresos ordinarios, aquellos que se perciben regularmente, incluyéndose en cada ejercicio fiscal en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, entendiéndose como tales los siguientes:

a). Las contribuciones, que se clasifican en: Impuestos y Derechos
b). Los Productos y Aprovechamientos.
c). Las Participaciones a que tenga derecho a percibir el Estado de Sinaloa, derivadas de la aplicación de la Ley de Coordinación Fiscal.
d). Los que provengan de indemnizaciones.
 
 
 
 
 
 

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