Limitada a los elementos mínimos obligatorios ya contemplados en la Ley General de Transparencia, la propuesta Malova de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Sinaloa no incluye elementos audaces para colocar a la nueva legislación de Sinaloa como de avanzada en el panorama nacional.
Solamente contempla la obligación de presentar la declaración patrimonial de los funcionarios en su versión pública, tal como se incluye en la Ley General, pero no incluye la obligatoriedad de los funcionarios de incluir declaraciones fiscales ni de conflicto de interés, a pesar de que hay un sólido movimiento ciudadano a nivel nacional a favor de este tipo información.
La propuesta de Ley de Transparencia de Malova contempla 210 artículos, en lugar de los 62 que tiene el actual marco vigente a nivel local. El dato pudiese marcar un gran avance, sin embargo, debe precisarse que la Ley General, la cual ahora es obligada tomarla como referencia, contiene 216 artículos.
Apenas 23 días antes de que concluyera el plazo legal constitucional que se fijó para que todas las entidades federativas armonizaran su ley local a los señalamientos de la ley general, el gobernador Mario López Valdez envió el proyecto de ley de transparencia.
De acuerdo con el texto de la Ley General de Transparencia, desde el día 5 de mayo de 2015 las legislaturas de todas las entidades tenían un año como plazo para armonizar sus leyes locales.
En Sinaloa, la única propuesta de iniciativa para una nueva ley de Transparencia, recibida por el Congreso del Estado, es la presentada por Mario López Valdez, en su último año de gobierno.
Previa a la elaboración de dictamen de la nueva ley de transparencia, los integrantes de las comisiones unidas firmaron un dictamen para realizar una audiencia pública para recibir los puntos de vista de los ciudadanos. El acuerdo fue dado a conocer el miércoles 20 de abril para que la audiencia se realizara el día viernes 22, sin embargo, durante la sesión del jueves 23, la diputada del PRD, Carmen Romanillo acusó que se les había sorprendido a los integrantes un “supuesto punto de acuerdo convocando a una presunta consulta pública”.
La diputada pidió detener lo que llamó simulación de compromisos como la audiencia pública porque consideró solo se hizo para “cubrir de manera forzada el expediente”. Pidió en tribuna se aceptara en cambio convocar públicamente a todos los sectores interesados de la sociedad a participar en la construcción de la nueva ley de transparencia para Sinaloa, usando para ello todos los medios de comunicación disponibles, no solamente la página de internet del poder legislativo.
“Si esto no muestra que el Congreso va de un desfiguro a otro, mucho se parece, porque después de congelarse casi una decena de iniciativas en materia de acceso a la información, acumulándolas desde que inició la legislatura”, expresó la legisladora.
Como temía la legisladora perredista, el día de la audiencia pública abierta a los ciudadanos solamente se registraron seis participantes, ante un auditorio escaso.
De los seis participantes, tres coincidieron en demandan a los diputados que se modifique la propuesta de Malova en la nueva ley de Transparencia en sus artículos 44 y 45 que otorga la facultad al gobernador de vetar el nombramiento de comisionados de la CEAIP que realice el poder legislativo, dentro de un plazo de diez días.
Guillermo Padilla Montiel de Vigilantes Ciudadanos; Norma Sánchez de Iniciativa Sinaloa, y Justine Dupuy, Coordinadora del área de Transparencia y Acceso a la Información de la asociación civil Fundar México, reiteraron la importancia de dar independencia a la CEAIP, por lo que se pronuncian por eliminar la facultad que el ejecutivo tendría de oponerse al nombramiento de los comisionados.
“El gobernador no tenga injerencia en este tipo de cosas”, expresó Padilla Montiel al argumentar que los comisionados de la CEAIP son quienes se supone van a defender a los ciudadanos en su derecho de información, por lo cual no es posible que sean nombrados por el ejecutivo estatal.
Por su parte Norma Sánchez, directora de Iniciativa Sinaloa, consideró que si se expide una ley en donde el gobernador tenga la facultad de objetar el nombramiento de los comisionados, sería inconstitucional, al vulnerar la autonomía del órgano garante. “Si no quieren que termine en la Suprema Corte de Justicia se tendría que eliminar completamente”.
Para garantizar la autonomía e independencia real, es importante que los comisionados que formen parte de la CEAIP tengan perfiles profesionales y que gocen de legitimidad, la cual se logrará a través de un proceso de elección claro que no corresponda a una repartición de cuotas de parte de los partidos, opinó Justine Dupuy, Coordinadora del área de Transparencia y Acceso a la Información de Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Tanto COPARMEX como el periódico Noroeste se pronunciaron porque los funcionarios presenten sus declaraciones tres de tres antes de que asuman el cargo, independientemente que el Senado de la República aprueba la Ley de Tres de Tres.
