El pleno del poder legislatura dió la primera lectura del proyecto de decreto que envió el gobernador Mario López Valdez para que Sinaloa tenga una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Para estar en concordancia la Ley General de Transparencia, la propuesta está compuesta por 210 artículos -en contraste con los 65 que tiene la legislación vigente- y contempla como sujetos obligados a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ayuntamientos, partidos políticos, agrupaciones políticas, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos.
La nueva ley incluye la forma que serán designados los integrantes de la Comisión Estatal de Acceso a la Información por parte del Congreso del Estado, pero no especifíca los parámetros mediante los cuáles los diputados pueden analizar los perfiles más idóneos.
El proyecto de ley contempla a la Plataforma Nacional de Transparencia como el instrumento electrónico que permite a los sujetos obligados cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas.
En su capítulo de las obligaciones de transparencia comunes se contemplan un total de 60.
En cuanto a la clasificación de información reservada se establece hasta por un periodo de cinco años -en lugar de los ocho que establece la ley vigente- pudiendose ampliar hasta por cinco años adicionales.
En acato a una disposición constitucional, el Congreso del Estado tiene como plazo límite el 4 de mayo para expedir la nueva Ley de Transparencia de Sinaloa que armonice con la Ley General vigente.
