Quiere Malova otro cheque en blanco, ahora para planta solar

Apenas dos meses antes, el gobierno estatal de Mario López Valdez había enviado al poder legislativo el proyecto para el desarrollo de la Planta Fotovoltaica 30MW a instalarse en Topolobampo, bajo la modalidad de contrato de colaboración público-privada.

Todavía estaba vigente la polémica por el proyecto del gobierno estatal de construir hospitales bajo el esquema asociaciones público-privadas, cuando  llegó al Congreso del Estado el expediente  el 19 de octubre de 2015, con el principal argumento de abastecer de energía barata a los sectores público y privado.

En busca de los mejores tiempos para su análisis y discusión, la propuesta no había llegado formalmente al poder legislativo, aunque mediáticamente ya era conocido el interés del gobierno estatal de enviar la iniciativa de la planta solar, pero los plazos en los planes de la empresa desarrolladora empezaron a presionar, por lo que fue necesario empujar el proyecto en la agenda legislativa.

Control de Energía (CENACE), fechado en abril 27 de 2015, el proyecto entraría en operación el primer semestre de 2016, pero sería sujeta a una nueva revisión de la infraestructura requerida, si se modificaba la fecha de entrada en operación del proyecto.

La planta requiere en su etapa de construcción y ensamblaje de al menos seis meses, por lo que para entrar en operación en el primer semestre, requeriría tener el visto bueno urgentemente los primeros días del mes de enero de 2016.

En contraste con la lentitud que tienen otras iniciativas que llegan al poder legislativo, el expediente tuvo luz verde para darle celeridad. Al interior de la Junta de Coordinación Política se tomó la decisión de agendar el tema en la última y penúltima sesión del pleno del 2015. Así en la sesión del martes 15 se dio la primera lectura  de la iniciativa enviada por el ejecutivo del proyecto de la planta fotovoltaica. Al día siguiente se convocó a una sesión extraordinaria, la cual contenía en su orden día la segunda lectura de iniciativa de la planta fotovoltaica, cumpliendo así con la primera etapa del protocolo legislativo, y el expediente pudiese ser turnado a comisiones para su dictamen. Varias serán las comisiones legislativas que tendrán a su cargo el análisis y discusión: Puntos Constitucionales y Gobernación, Hacienda Pública y Administración, Planeación y Desarrollo, y Desarrollo Económico.

El acuerdo había sido precisamente ese: la iniciativa de la Planta Fotovoltaica sería incluida en la orden del día de las últimas sesiones, siempre y cuando el tema no fuese sujeto de votación en diciembre.

Aunque el expediente de la nueva propuesta de contrato de colaboración público-privada tenía más de un año en los archivos del poder legislativo, la mayoría de los diputados desconocían a detalle el expediente.

El diputado independiente, antes militante del PRD, Ramón Lucas Lizárraga, pidió el día que dio la primera lectura que se entregara una copia del proyecto. La documentación que se había entregado a los diputados asistentes del pleno era solamente un conjunto de cinco hojas del expediente.

A la petición del Lucas Lizárraga le siguió la propuesta de la mesa directiva, el panista Francisco Solano Urías, de solicitar se presentara al Poder Legislativo una explicación detallada del proyecto para tener más elementos y tomar una decisión sobre la iniciativa de la Planta Fotovoltaica.

En corto, la diputada del PRD, Imelda Castro Castro había cuestionado al secretario general del Congreso del Estado, Carlos Loaiza Aguirre, el por qué en esta propuesta de contrato de colaboración público-privada no se había incluido copia del proyecto.

El reclamo por mayor información del expediente, valió un cambio de rieles sobre la documentación que se haría pública. Antes de que concluyera la sesión ordinaria, personal del Poder Legislativo entregó una copia del proyecto a cada uno de los diputados y a los medios de comunicación.

En la primera documentación entregada a los legisladores no se establecía nombre del desarrollador de la planta, costos ni tiempo de duración del contrato, solamente se solicitaba la autorización para que el Ejecutivo del Estado afectara irrevocablemente el monto necesario y suficiente que le corresponda al Gobierno del Estado para destinarlos a la Planta Fotovoltaica, así como cualquier ingreso no presupuestal que genere la operación del mismo, como fuente de pago, de la contratación plurianual a favor del desarrollador, para cubrir las obligaciones derivadas del Contrato de Colaboración Público Privada.

La documentación entregada a los legisladores no precisa costos del proyecto, a pesar de que la solicitud ante al legislativo tiene como punto central la afectación de recursos financieros del gobierno estatal por un plazo que pudiese ser de 25 años o más.

Sin el visto bueno

Aunque la Planta Fotovoltaico de 30 MW a instalarse en Topolobampo no recibe todavía el visto bueno del Congreso del Estado, el Poder Ejecutivo ya ha dado las facilidades para que pueda operar.

El desarrollador de la planta, la empresa AEE Energía Renovable de México S.A. de C.V., logró obtener beneficios de Ceprofies, conocidos como Certificados de Promoción Fiscal del Estado; ello se traduce en estímulos fiscales estatales y municipales, que incluyen descuentos en el pago de impuestos sobre nómina, predial, adquisición de bienes inmuebles, derechos de registro público de la propiedad, tarifas de conexión de agua potable y alcantarillado, ente otros.

El proyecto

De acuerdo con el proyecto presentado por el representante legal de AEE Energía Renovable de México, Manuel Richter, la vida comercial de la planta fotovoltaica será de 25 años, pudiéndose ampliar su vida útil a un periodo entre 5 y 15 años.

La promesa del desarrollador es brindar a las dependencias del estado y de los municipios energía eléctrica con una tarifa más baja que la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

La energía generada sería obtenida al transformar la energía del sol en energía eléctrica, mediante el empleo de 125 mil 802 módulos fotovoltaicos. Entrar a la etapa de construcción de la planta se requerirían 400 trabajadores, pero ya al entrar en operación la contratación de personal sería mínima, al necesitarse solamente 23 operarios de turno para supervisar que el sistema funcione correctamente.