Una historia de equívocos garrafales en la llamada “casa del pueblo”

Sea por ignorancia o por malicia, la actual legislatura sigue acumulando yerros en su producción legislativa. Las erratas han sido señaladas no solo por integrantes de la sexagésima primera legislatura, al calor del debate parlamentario, sino por instituciones como la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Estatal Elector, y el Ejecutivo estatal.

Para el diputado ex perredista  Ramón Lucas Lizárraga, esta legislatura ha tenido muchas “metidas de pata”, algunas de ellas graves y descomunales.

Sin embargo, esta visión contrasta con la que sostiene el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jesús Enrique Hernández Chávez, quien considera que la actual legislatura será marcada como aquella que más iniciativas de mayor impacto aprobó en la última década.

Los primeras fallas y tropiezos del Congreso se hicieron patentes desde el arranque del sexenio, en la anterior legislatura, cuando técnicamente no se lograban embonar los engranes de la logística parlamentaria con la agenda del poder ejecutivo. Fue necesario, a inicios de 2012, llamar a Raúl René Rosas Echavarría, para que se hiciera cargo del trabajo operativo. Fue entonces que tomó protesta como subsecretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado, un cargo para el cual estaba curtido, al asumirlo por cuarta ocasión.

La controversia de la “Ley Mordaza”

Una de las más controvertidas erratas de la legislatura actual fue la promulgación del artículo 51 bis  de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que prohibía a los medios de comunicación estar presente en el lugar de los hechos relacionados con temas  de seguridad, obteniéndose la información por la vía del boletín de prensa. El propio Hernández Chávez declaró públicamente que nunca, ni en su mejor momento de político, había recibido llamadas de representantes de cuatro países diferentes para manifestar su contrariedad por la promulgación del referido artículo.

En el dictamen, los legisladores reconocen que no existía referente federal ni estatal. “A nuestro juicio y el de diversas organizaciones de periodistas, la redacción del artículo 51 bis, limita el ejercicio del periodismo”, coincidieron después, y aceptaron que la disposición se oponía al Manual de Buenas Prácticas en la Escena del Crimen, expedido por la Procuraduría General de la República en 2012.

El decreto número 159 había sido publicado apenas el 30 de julio de 2014, con reformas y diversas adiciones a la Ley Orgánica de la PGJE y de la Ley de Seguridad Pública, pero tuvo que ser derogado 20 días más tarde ante la ola de cuestionamientos que recibió del poder legislativo, principalmente por parte de agrupaciones de periodistas.

La controvertida Ley de Niños y Adolescentes

El día 1 de octubre de 2015, el gobernador Mario López Valdez devolvió al Congreso del Estado el decreto 407 aprobado el 31 de julio que contenía la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, tras una efervescente participación de agrupaciones ciudadanas que buscó incidir en el texto.

De acuerdo con las observaciones hechas por el ejecutivo estatal, la ley aprobada por el poder legislativo tenía inconsistencias constitucionales y legales que contravenían los estándares internacionales en materia de los derechos de la niñez y la adolescencia.

El texto aprobado por el legislativo, había establecido en su artículo primero de la referida ley un texto que vulneraba la Convención sobre los Derechos del Niño, que considera que niñas y niños y adolescentes no son propiedad de sus padres ni beneficiarios indefensos, sino que se les reconoce como agentes activos de sus propios derechos.

El otro motivo que provocó devolver el decreto fue que el legislativo incluyó una fracción al artículo 45, en donde se establecía que la prestación de atención médica y el acceso a métodos anticonceptivos se realizarían con la participación de quienes detentaran la patria protestad, tutela, guarda y custodia. Este artículo contravenía la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

El ejecutivo estatal advirtió en el documento enviado al poder legislativo que el decreto, en caso de mantenerse, sería susceptible de ser impugnado y con ello declarado inconstitucional.

Desde la discusión, la diputada perredista Imelda Castro Castro, ya había observado que había una contradicción entre la ley general con el texto de la ley local que se pretendía aprobar, por lo que no firmó el acuerdo presentado por la Junta de Coordinación Política.

Quien se definió entonces como una diputada convencida del respeto a los procedimientos legislativos, diría más tarde: “Se confunde la mayoría, con la razón”.

La presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Judit del Rincón, minimizaría el hecho del regreso del decreto por parte del Ejecutivo y lo encuadraba solamente en un asunto técnico jurídico para prevenir el riesgo de una controversia jurídica.

Ley electoral a la Suprema Corte

El 15 de octubre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció como válida la inconstitucionalidad de 14 artículos promovidos por cinco partidos políticos: Nueva Alianza, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena y PAS, a la Ley de Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa.

La sentencia de la SCJN llegó al poder legislativo el 21 de octubre, a unos días de que se venciera el plazo para convocar oficialmente a iniciar el proceso electoral para renovar ayuntamientos, el poder legislativo y el ejecutivo estatal.

Entre los artículos impugnados y reconocidos en la sentencia, se incluye el referido al financiamiento de los partidos políticos. Sin embargo, la tesis de los magistrados estableció que si bien era inconstitucional, por la cercanía del proceso electoral, los criterios que son afines a la legislación federal serán aplicados una vez que concluya el proceso electoral inmediato a fin de no vulnera certeza jurídica de los participantes.

Si la resolución de la SCJN fuese válida para el próximo proceso electoral se aplicaría el 65 por ciento del salario mínimo y no el 75 por ciento multiplicado por el padrón electoral.

Más que una impericia jurídica, la forma en cómo se legisló el nuevo marco legal, pareciera que se hizo un cálculo fino, apostando a llevar el proceso jurídico legislativo a los plazos fatales, para que aunque se perdiera una controversia constitucional, como sucedió, se ganara, al aplicarse montos mayores de financiamiento en el proceso electoral para elegir al próximo gobernador de Sinaloa.

El revés del Tribunal

El Tribunal Estatal Electoral (TEE) le hizo un llamado de atención al Congreso del Estado en agosto de 2015. El señalamiento fue motivado porque no cumplió con el proceso legislativo de dictaminar dos iniciativas en pro de la municipalización de Juan José Ríos y que se habían quedado inmóviles en la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

En el expediente del  recurso de revisión ante el TEE, el magistrado Diego Medina Rodríguez   señaló que el Congreso del Estado ha caído en omisión, al rebasar el plazo de seis meses  para dictaminar sobre las iniciativas presentadas desde 2014, en perjuicio de la Asociación Civil “Coordinadora Ciudadana Pro-Municipalización de Juan José Ríos A.C.”.

En la controversia jurídica, el Congreso del Estado había señalado al TEE que no era procedente el recurso de revisión presentado por la agrupación civil.

“La circunstancia de que el Congreso del Estado o la comisión correspondiente en el proceso legislativo (en este caso la de Puntos Constitucionales  y Gobernación) no hayan emitido dictamen alguno ni,  por lo tanto, lo hayan sometido al Pleno para su votación, implica una omisión que viola   en   su  perjuicio   el   derecho   de   participación   política   como   lo   es la iniciativa ciudadana”, se señaló en la ponencia presentada por el magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez y aprobada por unanimidad en el pleno del Tribunal Estatal Electoral.

El TEE ordenó se desahogara el proceso legislativo y se allegara la información necesaria para tomar una decisión sobre el planteamiento ciudadano de convertir a Juan José Ríos en un municipio.

A la fecha, la orden del IEE no se ha cumplido por el Congreso del Estado, aunque el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, Marco Antonio Irízar Cárdenas, afirma que se ha dado el seguimiento del expediente, pero se está a reserva de solicitar la autorización de la autoridad  electoral para poder realizar una consulta, toda vez que se empatarían los tiempos con los de proceso de renovación de alcaldes, diputados y gobernador.

La oportunidad perdida

Lucas Lizárraga señala que no solamente las iniciativas que son presentadas por los legisladores no avanzan, sino también los puntos de acuerdo que se presentan en tribuna con carácter de urgente. “Aquí se decide lo que el grupo mayoritario quiere”.

Al referirse a la controversia presentada por el grupo pro-municipalización de Juan José Ríos, señala: “A lo mejor vamos a tener que ir al Tribunal Electoral para que le ordene al Congreso apagar la congeladora, porque aquí no hay poder humano que pueda lograrlo”.

En opinión de Imelda Castro, la actual legislatura ha desaprovechado la gran  oportunidad de convertirse en un poder de contrapeso en el esquema de la vida republicana. Debiese ser, señala, el dique de los excesos del Ejecutivo en los que se incluyen todos los ayuntamientos, secretarías del gobierno estatal, e incluso a la federación.

En contraparte, expone, lo que ha habido ha sido el desacato como al Tribunal Estatal Electoral por incumplimiento.

Desde su  óptica el principal problema de la actual legislatura no es de incapacidad jurídica, aunque admite que puede haber errores por ignorancia, pero en general es un menosprecio a la ley y a una política de respeto general.

“En lugar de respetar la ley, se impone la política, se imponen los cálculos electorales. Hay una intencionalidad política, hay una intención permanente de invisibilizar al poder legislativo, sino también una autocensura, la cual es más grave que la primera”.