Pagará Comuna de Mazatlán 6 mdp más para conservar vehículos arrendados

Con la promesa de “brindar mejores servicios a la ciudadanía y responder eficazmente ante el crecimiento que está teniendo Mazatlán”, Carlos Felton González entregó oficialmente —el 13 de diciembre pasado— 77 vehículos por los que deberá pagar 6 millones de pesos más para conservarlos y formen parte de la flota vehicular municipal.

A escasas semanas de que se cumpla un año de signado el contrato, desde el punto de vista del alcalde, beneficioso para el Ayuntamiento, el Oficial Mayor declaró que existe el compromiso con la arrendadora para no regresarlos.

La administración pagará a la empresa Lumo Financiera del Centro S.A. de C.V. 120 millones 241 mil 429.36 pesos, por el arrendamiento y mantenimiento de los vehículos, no obstante que el precio en el mercado de éstos no llega a los 50 millones de pesos.

Cada mes, la comuna paga 4 millones 624 mil 670.36 pesos, siendo la única ventaja observada desde un principio, que la empresa absorbería los gastos generados por su mantenimiento.

Con cargo al erario también quedó asentado en el contrato el pago de las licencias, permisos y autorizaciones requeridas.

A un año de que concluya el contrato, es decir, noviembre del 2016, la administración ya revisó con la empresa la adquisición de los vehículos, por los que aparte de los más de 120 millones de pesos, deberá pagar 6 millones más, declaró el Oficial Mayor Salvador Reynosa Garzón.

Aún y cuando el contrato no incluye ninguna cláusula, el municipio comprará los vehículos.

“Al término del arrendamiento, la arrendataria deberá entregar a la arrendadora los bienes arrendados en el mismo estado en que los recibió, salvo el deterioro normal causado por el uso de los mismos”, establece el documento en la cláusula número veinte.

“Sí se van a quedar (en el Ayuntamiento los 77 vehículos), hicimos un convenio posterior”, declaró Reynosa Garzón.

—¿En qué consiste ese convenio, cuánto van a pagar?

—Te vas a sorprender, creo que un promedio de 6 millones de pesos.

—¿Y no penalizó la empresa al Ayuntamiento por no haber estipulado desde un principio?

—No está estipulado como penalización, es una opción que tiene el municipio (…) todo contrato de arrendamiento establece la posterioridad de poder llegar a un acuerdo, ya sea hasta el final, pero viendo que el final iba a ser noviembre 2016 ya podría haber algunas otras condiciones políticas, económicas, administrativas, entonces nos sentamos con la empresa, empezamos a entablar el interés, y logramos tener una carta compromiso donde queda establecido el valor.

“Se paga 4.6 millones de pesos mensuales, y con un pago extra de 5.9 millones de pesos, la totalidad de los 77 vehículos quedarán formando parte del parque vehicular del Ayuntamiento, y esta es una buena noticia.

“Lo que te puedo decir ahorita es que hay un arrendamiento de 77 vehículos que se decidió el año pasado en base a varias circunstancias, uno: la necesidad urgente de que el municipio tuviera vehículos en condición de prestar servicios de calidad, involucrar no solamente vehículos utilitarios, sino también pesados, como lo fueron recolectores, de volteo, seis pipas, ¿por qué fue el arrendamiento? Muy sencillo; el Ayuntamiento no estaba en condiciones de comprometer un recurso

“Viendo la necesidad, y platicando con el sindicato y viendo de que el Ayuntamiento debiera de quedarse con ese equipamiento, en reuniones con la empresa arrendadora establecimos ya un costo de valoración del total de las unidades, lo que te puedo decir, es que ya está el compromiso de que las 77 unidades, una vez terminado el servicio de arrendamiento, formarán parte de la flota vehicular municipal”, aseguró.

Este acuerdo quedará concretado antes de que concluya la administración y por ende, antes de que finalice el contrato, especificó. “Les vamos a dejar 77 vehículos seminuevos”, dijo.

—¿Si todo es tan ventajoso para el municipio, por qué la Auditoría Superior del Estado les hizo observaciones sobre este tema?

—Bueno, no nada más hizo observaciones sobre este esquema, hizo observaciones de muchos esquemas…”

—Sí, pero la pregunta es en este esquema…

—Porque es innovador, pero te puedo decir ahorita que en Sinaloa no somos el único municipio que tiene esta situación, que es en este momento como la novedad de las APP’s; todo mundo se asusta, pero creo que en la medida en que hagas las cosas transparentes, que mandes los contratos que se elaboraron, que cualquier ciudadano que lo ha pedido, cuales son los contratos, se los hemos otorgado. No hay nada que ocultar.

Es un atraco: regidores

Para el regidor del PRI Humberto Becerra Batista, el pago por el arrendamiento de los vehículos es un atraco que pretende repetirse con la adquisición de seis camiones recolectores más de basura.

“Hay una nueva intención, estamos preocupados por este nuevo atraco, así le llamo: atraco. Porque todavía no está claro el arrendamiento de los otros vehículos, se hizo una investigación a través de una corrida financiera y haciendo un ejercicio de compra—venta como cualquier empresa, hay un diferencial de alrededor de 50 millones de pesos”, expuso.

Acompañado por su compañera de partido, la regidora Esperanza Kasuga, señaló que nadie sabe dónde están esos 50 millones de pesos, “alguien está gastando 50 millones de pesos de más, ¿por qué?, ¿Y en qué se están invirtiendo?, no hay razón, ¿por qué? Se debieron de haber comprado los vehículos conforme se haya tenido el dinero”.

Esperanza Kasuga dice que el contrato tiene cláusulas opacas que más que un contrato de arrendamiento, se trata de un crédito puro con pagarés.

Empresarios, ambos regidores indicaron que se dieron a la tarea de revisar el contrato y las condiciones y no encuentran el beneficio del que tanto se habla obtuvo el municipio.

En todos los contratos de arrendamiento se establece que existe la opción de compra, pero en este caso se omitió, ¿por qué?, cuestionó la regidora.

“La comuna no obtuvo ningún beneficio, pero los que intervinieron en ese contrato sí… no sé quién, los que firmaron y estuvieron involucrados”, dijo.

Las inconsistencias encontradas en el contrato derivaron en una solicitud a la Auditoría Superior del Estado (ASE) para que lo investigue con la información proporcionada por los regidores.