750 maestros denuncian a Gobierno estatal y sección 27 del SNTE por fraude y asociación delictuosa

Fraude, asociación delictuosa, destrucción y falsificación de documentos, son los delitos que más de 750 trabajadores de la educación, afiliados al SNTE 27, acusan en una demanda penal en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de su patrón y su líder sindical.

El ex dirigente del SNTE 27, Salomé Rodríguez Manjarrez; el actual delegado del SNTE 27, Jorge Cota Katzenstein; el secretario de Administración y Finanzas (SAF), Armando Villarreal Ibarra; el subsecretario de la SAF, Gildardo Amarillas López; el jefe del Departamento de Prestaciones y Servicios Laborales, Salvador Viedas Valdez; el secretario de Educación Pública y Cultura del Estado, Francisco Frías Castro, y el gobernador Mario López Valdez, fueron demandados por la base sindical, tras las irregularidades que surgieron con la disolución del Fideicomiso del Sistema de Ahorro y Préstamo SIAP, en diciembre de 2014.

La tarde del martes 30 de junio, un grupo de más de 250 profesores y administrativos afiliados a la sección 27, se reunieron afuera de su sindicato para sumarse a la demanda penal en contra de los responsables de administrar su recurso.

Y es que a pesar de los intentos que la dirigencia nacional ha hecho en los últimos meses para calmar a los docentes, en la Procuraduría General de la República se abrió la averiguación previa AP/PGR/SIN/CLN/788/2015/MII respaldada por las firmas, identificaciones y comprobantes de pago de más de 750 profesores.

La sospechosa disolución

Todo comenzó el jueves 18 de diciembre de 2014, cuando más de 30 mil maestros abarrotaron los bancos Santander de todo el estado, al recibir un aviso informal de que se había creado una cuenta personalizada con un dinero que no se esperaban.

Algunos trabajadores encontraron sumas desde 100 mil hasta 300 mil pesos, que ante la sorpresa fueron bien recibidas pero con el paso de los días, las dudas surgirían.

Mientras el SNTE 27 reportaba oficialmente la repartición de 854 millones 090 mil 814 pesos, diversas voces al interior del sindicato aseguraban que el Fideicomiso contaba con más de 2 mil millones de pesos.

Meses atrás, el Comité Técnico del Fideicomiso SIAP, integrado por la sección sindical y gobierno del estado, había comenzado a preparar el destino del fideicomiso conveniado en 1996 a través del Plan Ibarrola, bajo el argumento de que con la centralización de la nómina era imposible continuar operándolo.

Pero según el testimonio de Salomé Rodríguez Manjarrez, entonces secretario general del SNTE 27, el gobierno del estado se adelantó y realizó la disolución sin coordinarse con la sección sindical, sin dar aviso de que se entregaría el recurso a cada trabajador, y sin explicar los mecanismos para su repartición.

De acuerdo con un oficio firmado y sellado el 11 de agosto de 2014, la dirigencia del SNTE 27 había solicitado a la SAF una copia del convenio que dio origen al SIAP, así como un informe del estado de las finanzas del fideicomiso, para preparar los ajustes y adecuaciones que la centralización de la nómina generaría.

La solicitud formal para obtener el convenio y el informe financiero se volvió a realizar el 19 de diciembre, un día después de la disolución; el 23 de enero de 2015 y el 21 de mayo de 2015, pero ninguna solicitud tuvo respuesta.

Antes de pedir licencia para contender como candidato a la diputación federal, por medio de un oficio fechado al 8 de enero de 2015, Rodríguez Manjarrez le aseguró a su dirigencia nacional y al Comité Ejecutivo Seccional que la disolución del fideicomiso se realizó de manera unilateral, acusó al gobierno estatal de negar información y se deslindó de cualquier responsabilidad legal.

Mientras el Comité Ejecutivo Seccional intentaba calmar a sus agremiados, entre los docentes crecían las sospechas de irregularidades pues al comparar los montos recibidos no se lograba encontrar el criterio utilizado para la repartición del recurso.

Trabajadores con la misma antigüedad y categoría discrepaban en el monto recibido, algunos con mayor antigüedad habrían recibido menos dinero que otros con menor antigüedad o viceversa.

Con la licencia de Rodríguez Manjarrez, el Comité Ejecutivo Nacional del SNTE nombró como delegado especial en la sección 27 a Jorge Miguel Cota Katzenstein, quien continuaría con las gestiones para transparentar el cuestionado fideicomiso.

El 21 de mayo de 2015, Cota Katzenstein difundió un comunicado entre los integrantes del Comité Ejecutivo Seccional en el que les aseguraba que el Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición de Resultados, y el Colegio Nacional de Asuntos Jurídicos del CEN intervendrían en la situación y presentarían una demanda en contra del gobierno estatal por la negativa de brindar información sobre el fideicomiso.

Cuatro días después, Mirna Isabel Saldívar Paz, presidenta del Comité Nacional de Vigilancia y Transparencia, confirmó en entrevista con Ríodoce la investigación que encabezaba el CEN ante la presión e incertidumbre de sus agremiados, pero descartó actuar por la vía legal.

Los laberintos de la opacidad  

Acusado en el vox populi de la base sindical de corrupción, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, Salomé Rodríguez Manjarrez perdió el control de su sección. Además de desconfiar del gobierno estatal, los docentes también acusaron a Rodríguez Manjarrez de llevar su parte en la sospechosa disolución.

El 27 de abril de 2015, cientos de profesores presentaron una queja ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), para que intervenga en contra del Consejo de Administración del Fideicomiso SIAP, integrado por la sección 27 y el gobierno estatal.

A la Condusef le pidieron que al quejoso se le entregara la copia certificada del acta de disolución total del fideicomiso, el monto total del fideicomiso al momento de la disolución y el porcentaje que le corresponde a cada miembro del fideicomiso.

Además, alegaron que la cantidad pagada al trabajador era mucho menor a lo que le correspondía.

Pero la Condusef rechazó su queja al explicarles que sólo los fiduciarios pueden solicitar dicha información y en el caso del trabajador éste tiene la figura de beneficiario.

Sin darse por vencidos, los inconformes presentaron solicitudes de información a través del sistema Infomex Sinaloa, pidiendo al gobierno estatal la misma documentación, pero ésta fue nuevamente negada, aludiendo que sólo la dirigencia sindical podía tener acceso.

Con número de folio 00200615, el 20 de abril Ríodoce presentó una solicitud de información, vía Infomex, en la que se le requirió a la Secretaría de Administración y Finanzas el informe financiero del Fideicomiso SIAP al cierre de 2014, el total de los recursos entregados a los trabajadores de la educación, y cuáles fueron los criterios utilizados para la distribución del recurso.

A la secretaría estatal también se le pidió el convenio firmado entre el SNTE 27 y el gobierno del estado, mediante el cual se acordó la implementación del SIAP o antes CEBE en 1996. Así como el informe de las auditorías realizadas al manejo del Sistema de Ahorro y Préstamo SIAP (CEBE).

El 6 de mayo de 2015, la dependencia estatal respondió que la información solicitada no tiene carácter público, sino confidencial al tratarse de un patrimonio que pertenece a los trabajadores de la educación y en el que el estado no participa con recursos públicos.

Ante la respuesta, Ríodoce presentó un recurso de inconformidad ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (Ceaipes), al considerar que la postura de la Secretaría limita el derecho al acceso a la información.

El 11 de junio, la Ceaipes resolvió el expediente 115/15-1 en el que detalla que la SAF le presentó un informe justificado en el cual cambia el sentido de su respuesta.

En primer término, la SAF, a través de la dirección de Recursos Humanos, asegura que los únicos fideicomitentes son los trabajadores de la educación afiliados al SNTE 27 y que los recursos que conforman su patrimonio son exclusivamente de los trabajadores en mención.

Dicha información se contradice con el argumento expuesto a los trabajadores, a quienes la misma SAF les había respondido que sólo su dirigencia sindical podía tener acceso a la información.

En el segundo apartado de su justificación, la SAF asegura que el Convenio solicitado es inexistente.

“Se informa que se hizo una búsqueda exhaustiva en sus expedientes y no se encontró tal documento en ninguna modalidad (original, copia simple o archivo electrónico). Asimismo se realizó una búsqueda en el archivo de concentración y por referirse a documentos de 1996, se informó que no se localizó ningún documento con las características mencionadas, por lo cual se declara inexistente este documento”, indicó la SAF.

En su resolución, la Ceaipes concluyó que la modificación a la respuesta de la SAF fue congruente y apegada a la oportunidad que tienen las entidades públicas de rectificar su actuar durante el desarrollo del recurso de revisión, establecido en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa.

“Es de risa que digan que no existe el convenio, con mayor razón, si no existe el convenio entonces ¿cómo fue que liquidaron el fideicomiso?, ¿en qué se basaron?, ¿dónde está ese convenio?”, reclamó Anatacio Loza Bazán, uno de los integrantes del Frente de Defensa del Magisterio Sinaloense, agrupación que encabeza la demanda colectiva contra las irregularidades del fideicomiso.

“De hecho, en la denuncia especificamos la cuestión de destrucción de documentos, porque ellos dicen que el banco del fideicomiso ya no lo tienen”, agregó.

Loza Bazán explicó que la demanda penal la realizan los trabajadores en su calidad de beneficiarios afectados, acusando fraude, asociación delictuosa, y destrucción y falsificación de documentos.

Descuentos inexplicables

Pero si el fideicomiso fue disuelto bajo el argumento oficial de la centralización de la nómina, ahora los trabajadores no se explican cómo es que continúan apareciendo descuentos en su nómina por préstamos que adquirieron a través del SIAP.

Según ha explicado el SNTE, el Fideicomiso SIAP, también conocido como CEBE, se conformaba con el recurso del Impuesto Sobre la Renta de cada trabajador.

El fideicomiso brindaba al trabajador el beneficio de un seguro de vida con un valor de 30 meses del monto correspondiente al último salario, un fondo para el retiro y la posibilidad de préstamos.

Aparte de las inconformidades por los montos entregados en diciembre de 2014, cientos de trabajadores comenzaron a cuestionar por qué luego de la disolución se continúan cobrando los préstamos.

Mientras hace fila para entregar su documentación y adherirse a la demanda colectiva, Luis, un profesor de telesecundaria, muestra su talón de pago con fecha marzo de 2015, tres meses después de la disolución, en el que aún aparece el descuento bajo el concepto C1, correspondiente al CEBE o SIAP.

“El préstamo lo adquirí hace un año y en un año se pagaba, pero si se supone que en diciembre cerraron el fideicomiso, entonces a la hora de darme mi liquidación ahí debieron de descontar mi préstamo. Ahora ¿a dónde se van esos fondos?”, cuestiona el docente.

“Creo que es una prueba de que no hicieron las cosas correctamente, da mucho qué pensar, mucho de decir. Hay mucha incertidumbre entre los compañeros porque se echan la bolita unos a otros, tanto gobierno, la SEP, el banco, la SNTE, no sabemos quién es el responsable por qué no hay claridad en la situación”, critica el profesor.

Los casos se repiten y los profesores tienen en sus manos pruebas para demostrar que el concepto C1 se le sigue aplicando a todos aquellos que contaban con préstamos antes de que se disolviera el fideicomiso.

Los descuentos van desde 400 a 600 pesos, de acuerdo con el monto que se había solicitado y aunque los descuentos sí corresponden con lo que el trabajador acordó, la duda surge al desconocer hacia donde se destina ese recurso una vez que el fideicomiso desapareció.

¿Usted quedó conforme en diciembre cuándo le dieron su dinero?, se le pregunta a un profesor que también se suma a la demanda.

“No sabía decir si conforme, puedo decir que sí, puedo decir que no, pero el asunto es bajo qué circunstancias me dieron esa cantidad, yo tengo compañeros con más antigüedad que yo que recibieron menos o yo tengo más antigüedad que otros y recibí menos, no sabemos el parámetro que tomaron como referencia, lo desconocemos y ahí surgen todas las dudas”, critica.

DATOS:

El SNTE 27 reportó oficialmente la entrega de 854 millones 090 mil 814 pesos repartidos entre los trabajadores afiliados al SIAP. Los trabajadores calculan que en el fideicomiso había 2 mil millones de pesos.

Tras la disolución del fideicomiso, 750 trabajadores de la educación presentaron una demanda penal por fraude, asociación delictuosa y destrucción y falsificación de documentos en contra de Gobierno del Estado y el SNTE.

Gobierno del Estado asegura que el convenio mediante el cual se conformó el fideicomiso SIAP en 1996 es inexistente.

H&H Consejería, Consultores y Sistemas es el despacho que administraba el fideicomiso SIAP.

Fotos:

Historial de oficios enviados a la SAF por el SNTE

Foto 1:  Destacar la fecha, a quien va dirigido y la segunda línea que dice: Solicitar una copia del convenio que dio origen al Seguro SIAP (Antes Cebe)

Foto 2: Destacar la fecha, a quien va dirigido y el quinto párrafo que dice: Nos eximimos de cualquier responsabilidad administrativa y legal que hubiese en un futuro con la forma en cómo se finiquitó el fideicomiso.

Foto 3: Destacar la fecha, a quien va dirigido y párrafo segundo que dice El gobierno del Estado dispone unilateralmente cerrar dicho programa entregando a cada trabajador la liquidación pertinente calculándose los montos de esta bajo criterios que hasta el momento se desconocen.

Foto 4: Destacar fecha, a quien va dirigido y párrafo primero que dice La Sección 27 patentiza su inconformidad por la determinación y procedimiento realizado y se deslinda de cualquier responsabilidad administrativa y legal al respecto.

Foto 5: Destacar fecha, a quien va dirigido y párrafo tercero que dice: Al mismo tiempo le pedimos con sentido de urgencia que sea el conducto para acordar fecha de entrevista con funcionarios de la administradora del fideicomiso SIAP (H&H Consultores).

Foto 6: Destacar fecha y párrafo: Para que interpongan una demanda jurídica y utilicen todas las vías legales necesarias hasta la completa y satisfactoria aclaración del caso.

Respuestas vía Infomex

Foto 7: destacar el tercer párrafo la frase que dice La información solicitada no tiene carácter público sino que es de carácter confidencial.

Foto 8: destacar primer párrafo la última línea que dice Se declara inexistente el documento solicitado.

Recibos que acreditan los descuentos que se continúan realizando a los trabajadores

Foto 9

-Destacar el concepto C1 Crédito CEBE y la cantidad, en la columna de deducciones

Foto 10:

-Destacar clave C1 y el importe, en la última columna