Francisco Sarabia/ Ciudad de México

Comunidades indígenas y campesinas de distintas regiones del país, respaldadas por organizaciones sindicales, organismos no gubernamentales, estudiantes, ecologistas, maestros, activistas sociales, defensores del medio ambiente, comunidades religiosas y colectivos de la sociedad civil por la defensa de los derechos humanos, realizarán una movilización nacional este lunes 11 de mayo, para denunciar ante la comunidad internacional el despojo de tierras ejidales y comunales y los daños irreversibles que está causando la extracción de recursos naturales al medio ambiente y a las poblaciones rurales del país.

El vocero del movimiento de indígenas yaquis en el Estado de Sonora, Tomás Rojo, declaró vía telefónica que en esta caravana nacional, a la que se suman familiares de víctimas de desapariciones forzadas, participarán miles de habitantes de comunidades indígenas y campesinas afectadas por el modelo económico neoliberal.

Se concentrarán esta semana en la capital del país, procedentes de Pijijiapan, Chiapas; Piedras Negras, Coahuila, y Cajeme, Vicam y Potam, Sonora, y en su trayectoria visitarán más de 70 ciudades y pueblos de al menos 20 estados de la República.

Según dio a conocer, las caravanas han convocado a todos los movimientos sociales del país a participar y sumarse al descontento general y al reclamo al Presidente de la República y a los legisladores a revertir reformas constitucionales que están entregando el patrimonio de los mexicanos al capital financiero internacional, con leyes y reglamentos que obligan al Estado a renunciar a la custodia de bienes de uso común como el agua, yacimientos de petróleo, gas, minerales y extensas áreas con potencial para producir energía eléctrica.

La caravana abandera demandas específicas en cada región, como el rechazo a la imposición de trasvases en la nación Yaqui en Sonora, la imposición de megaproyectos eólicos e hidrológicos en los estados del sureste, la fracturación del subsuelo —fracking— para la extracción de agua en entidades como Coahuila, la devastación de bosques y contaminación del ambiente derivada de la explotación de minas a “cielo abierto” y la construcción de gasoductos que impulsan las empresas multinacionales con la complacencia del gobierno federal y los gobiernos locales.

A la caravana se suman colectivos de madres y padres de familia que llevan siete años o más buscando sin respuesta ni resultado a sus hijos, hasta ahora desaparecidos, secuestrados o asesinados.

El vocero del movimiento yaqui destacó que en el 2007 los pueblos indígenas de América reunidos en Sonora, pactaron una alianza internacional para defender sus usos y costumbres en caso de agresión a cualquiera de los pueblos originales. Ahora están convocando abiertamente a la  sociedad mexicana a crear un frente común nacional con miras a hacer uso de las herramientas legales y la movilización social para recuperar los bienes de propiedad social y restablecer la paz social en el campo y la ciudad.

En juego, la propiedad colectiva

La vicepresidenta de la Fracción Parlamentaria del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Lilia Aguilar Gil, considera que los movimientos indígenas y campesinos que están resurgiendo en el país son muy legítimos y muy valiosos en el contexto de una verdadera transición democrática.

Pero considera preocupante la actitud de indiferencia que asume el Gobierno de Peña Nieto frente a estas movilizaciones y la complicidad de los legisladores priistas y panistas que obstruyen iniciativas de ley enfocadas a prohibir prácticas nocivas de extracción de recursos naturales.

La legisladora por el estado de Chihuahua considera que la propiedad colectiva de la tierra juega un rol muy importante en el tejido social de las comunidades rurales y forma parte de la memoria histórica, producto de los logros de revolución de 1910. El desmantelamiento jurídico plasmado en estas reformas iniciadas por los gobiernos del PRI y el PAN ha propiciado una destrucción gradual de las comunidades y su relación con el territorio, lo que origina desplazamientos masivos de habitantes, señala.

En su opinión, la única alternativa viable para frenar esta avalancha de agresiones al medio ambiente y a las comunidades rurales está en la organización de la sociedad civil, para hacer un ejercicio efectivo de sus derechos ciudadanos a la manifestación. La ceguera y sordera del Presidente de la República, dice, no da esperanzas de una solución política consensuada al problema.

Balance final

La concentración de las caravanas en la Ciudad de México, programada durante la próxima semana, permitirá encuentros con académicos e investigadores de distintas disciplinas del conocimiento, asignados en centros, universidades e institutos de investigación superior del país, y con los sectores progresistas de la Iglesia Católica, líderes sindicales y organizaciones estudiantiles  interesadas en buscar una solución conjunta a los problemas de los mexicanos.

La agenda incluye también encuentros de pueblos indígenas del norte del país con comunidades campesinas e indígenas de Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca, para intercambiar experiencias y ratificar la estrategia de movilización social contra la problemática común que viven desde sus territorios.

En la semana posterior a la movilización nacional, las caravanas de manifestantes elaborarán un documento sobre el balance de la protesta y las estrategias de seguimiento para hacer efectivas las demandas orientadas a la defensa de sus territorios y su identidad.