El secretario de Educación, Emilio Chuayffet, insistió en que los docentes deben tener la preparación suficiente para poder impartir clases a los alumnos.

“De poco sirven los planes educativos si no se sustentan en los docentes preparados que asuman la misión esencial de ayudar al pensamiento autónomo de sus alumnos”, comentó Emilio Chuayffet.

La insistencia del secretario para que los docentes tengan la capacidad de impartir clases se da en el marco de las movilizaciones de los profesores integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el segundo aniversario de la promulgación de la Reforma Educativa en la Constitución Mexicana, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de febrero de 2013.

Uno de los objetivos de la modificación de los artículos 3° y 73 constitucional es precisamente la educación con calidad y equidad.

Para ello, se estableció la evaluación obligatoria de todos los docentes, directores y supervisores, además del concurso de ingreso al servicio profesional docente, la nueva batería de exámenes para los alumnos, las sanciones a los profesores faltistas y la promoción a través de pruebas y ya no con el escalafón establecido por el sindicato magisterial.

La transformación del sistema educativo mexicano fue celebrada por un amplio sector de la sociedad; los gobernadores aprobaron la modificación constitucional y armonizaron las leyes estatales de educación en un plazo inédito.

Sin embargo, a dos años de su promulgación, el gobierno federal insiste en la necesidad de implementarla, pues no ha conseguido que todos los docentes acaten lo establecido en la legislación.

En Oaxaca, Michoacán y Guerrero los integrantes de la CNTE se mantienen movilizados desde mayo de 2013, justo después de que la reforma fuera promulgada a nivel federal y en las entidades.
Durante 22 meses, la Coordinadora ha puesto en jaque a la administración de Enrique Peña Nieto con movilizaciones en todo el país, que se han calmado por temporadas gracias a las negociaciones que se realizan en la Secretaría de Gobernación y en las que el gobierno ha cedido millones de pesos en plazas, prestaciones y recursos para “mejorar” el sistema educativo de cada entidad.

Aunado a eso, el Censo de Alumnos y Maestros de Educación Básica y Especial no se aplicó en estos estados, a pesar de que Chuayffet advirtió en distintas ocasiones que aquellos que no participaran en el conteo no estarían en la nueva nómina federal y no podría cobrar.

ESTO NO SE CUMPLIÓ

En enero pasado entró en vigor el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE), del que es responsable la SEP en conjunto con Hacienda y que pagaría únicamente a los profesores que participaron en el censo y estaban en el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED).

No obstante, durante el anuncio oficial los funcionarios aceptaron que se pagó a todos los profesores que estaban en las nóminas estatales, sin importar que participaran en el censo o no.

No conforme con eso, la CNTE logró que el gobierno federal aceptará pagar el sueldo de al menos 16 mil trabajadores de la educación que no estaban en la nómina y que no aparecían en las listas de empelados regulares.

Las movilizaciones en los estados y la amenaza de un plantón en el Distrito Federal fueron suficientes para que el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava y los representantes de Hacienda y SEP aceptaran la demanda del magisterio disidente.

A dos años, el plan de trabajo de la implementación de la reforma señala que en el último trimestre de 2015 se debe aplicar la primera evaluación a los profesores de educación básica. No obstante, la CNTE advirtió desde hace unas semanas que no permitirán que las pruebas se apliquen a sus agremiados y mucho menos que éstas sirvan para ingresar, ascender de puesto o permanecer en el servicio magisterial.

Además, los maestros de Oaxaca y Michoacán insisten en la convocatoria a una gran huelga nacional, en la que participen todas las organizaciones sociales y sindicatos del país para paralizar las actividades del país.

CRONOLOGÍA

La reforma educativa se aprobó en tres meses, pero su implementación ha tomado dos años y no ha podido completarse en todo el país.

10 de diciembre de 2013. El presidente Enrique Peña Nieto envió la iniciativa al Congreso de la Unión, junto con el documento del Pacto por México que avalaba la modificación.
19 de diciembre de 2013. La Cámara de Diputados aprueba en lo general la iniciativa de ley y se remite al Senado.
20 de diciembre. Los senadores discuten el documento, lo modifican y aprueban en un solo día.
21 de diciembre. La Cámara de Diputados recibe la iniciativa con los cambios y la aprueba con 360 votos a favor.
6 de febrero. Los Congresos de 25 entidades aprueban la modificación a la Constitución Mexicana.
25 de febrero. El ejecutivo promulga la reforma educativa y al día siguiente aparece en el Diario Oficial de la Federación.
13 de agosto 2013. El presidente presenta al Congreso sus iniciativas de las tres leyes que normarían la modificación constitucional.
10 de septiembre. Las tres leyes reglamentarias se promulgaron en un evento en la residencia de Los Pinos. (Eje Central)