Muchos de los exfuncionarios demandados siguen en la administración pública y algunos hasta quieren ser candidatos a diputados federales
Están acusados de tener un desempeño irregular de la función pública, al violar el artículo 300 del Código Penal para el Estado de Sinaloa, sin embargo, algunos de ellos continúan en el servicio público.
Ex servidores municipales que fueron demandados penalmente por la Auditoría Superior del Estado por recibir ilegalmente bonos al final del trienio, actualmente ostentan cargos en puestos del gobierno federal, gobierno estatal, municipal y hasta con aspiraciones a candidaturas a diputaciones federales.
Si bien, las defensas de los ex regidores han sido múltiples, desde los que argumentaron que el bono fue parte de un ahorro con su propio salario y otros que consideraron que se trataba de una prestación laboral, finalmente el plazo que la ASE otorgó para que se reembolsara el recurso concluyó y en el transcurso de la semana sumaron 77 demandas penales.
Mazatlán y Ahome lideran la lista de municipios con funcionarios demandados; tan sólo en Mazatlán la suma que no fue regresada a las arcas municipales alcanza los dos millones 400 mil pesos, repartidos entre 21 personas.
En este municipio, además de los ex regidores también se demandó al ex tesorero, Raymundo Rocha Torres y al ex director de Egresos, Julián Castañeda Lizárraga.
En Ahome, el recurso a regresar es por un millón 900 mil pesos, lo que originó demandas contra 18 personas, incluido el ex tesorero, Jesús Acosta Rodríguez, quien en el 2013 recibió el Premio Nacional “Tlatoani”, como mejor tesorero, otorgado por el Instituto Mexicano de Evaluación.
Con cifras menores, ex servidores públicos de Escuinapa, Concordia, Salvador Alvarado, Choix y Badiraguato también entraron en la lista de los demandados.
Demandados pero con “hueso”
Al concluir la administración de la cual fueron parte de 2010 a 2013, los ex regidores además de llevarse un jugoso bono irregular, consiguieron acomodarse en diversas áreas del aparato gubernamental.
De los 21 mazatlecos demandados, cinco continúan en la función pública y uno de ellos es aspirante por el PRD a la candidatura de la diputación federal en el Distrito 6.
El panista, ex coordinador de la comisión de Hacienda, Samuel Noel Sánchez González, es actualmente director de la escuela preparatoria Conalep 3, cargo al que llegó después del nombramiento del ex alcalde, Alejandro Higuera Osuna, en la dirección estatal del Colegio.
Al concluir su regiduría, el priista, Miguel Ángel García Gómez obtuvo la coordinación en la zona sur de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), un puesto que depende del gobierno federal.
Otro priísta que continúa en el servicio público es Sergio Luis Romero Barrera, quien actualmente es el titular de la Unidad de Proyectos Especiales de la Secretaría de Turismo del Estado.
El ex director de egresos, también demandado por la ASE, Julián Castañeda Lizárraga, es funcionario de la actual administración de Carlos Felton González, donde desempeña el cargo de administrador de Servicios Médicos Municipales.
Y aunque la candidatura no ha sido oficializada, la ex regidora perredista, María del Carmen Mendiola Duéñez, se encuentra en la lista de aspirantes para obtener la candidatura a la diputación federal por el distrito 06.
Las mismas aspiraciones se registran en Ahome, donde dos de los 18 ex funcionarios demandados buscan una candidatura federal.
En días pasados, las ex regidoras Guadalupe López Valdez y Juana Minerva Vázquez González, fueron presentadas por la presidenta estatal del PRD, Claudia Morales, como precandidatas a la diputación federal en el distrito 03 y distrito 02.
En Choix, donde se demandó a 12 ex funcionarios, incluidos el ex alcalde Juan Carlos Estrada Vega, también destacan las aspiraciones políticas de los ex servidores.
Por ejemplo, el ex síndico procurador, Manuel de Jesús Grajeda Corrales, acompañará la fórmula del precandidato Víctor Sarmiento Armenta, por el distrito 01 con el Partido Acción Nacional.
En el sur, 20 ex integrantes de las administraciones municipales de Escuinapa y Concordia fueron demandados para que reintegren el recurso por 486 mil pesos en el caso de 10 funcionarios en Escuinapa y 360 mil pesos por 10 ex regidores de Concordia.
En Concordia destaca el caso del ex tesorero municipal, Sergio Valente Domínguez Noriega, quien ahora se desempeña como encargado de contabilidad de la Junta de Agua Potable pero en el municipio de Rosario.
Mientras que en Escuinapa, una de las ex regidoras demandadas, Gladis Toledo Jiménez, labora en el área administrativa del Sistema DIF de Escuinapa.
De acuerdo con el Código Penal para el Estado de Sinaloa, en el título segundo de los delitos contra el servicio público cometidos por los servidores públicos, se especifica que se impondrá una sanción de seis a tres años de prisión y de 35 a 180 días de multa al funcionario que cometa desempeño irregular de la función pública.
En la semana que concluyó, las 77 demandas fueron ratificadas ante la Procuraduría de Justicia del Estado.
Demandas presentadas:
Municipio Demandados Monto
Mazatlán 21 ex funcionarios 2.4 millones de pesos
Ahome 18 ex servidores públicos 1.9 millones de pesos
Escuinapa 10 ex funcionarios 486 mil pesos
Concordia 10 ex funcionarios 360 mil pesos
Choix 12 ex servidores 139 mil 327 peso
Alvarado 2 ex funcionarios 325 mil pesos
Badiraguato 4 ex funcionarios 60 mil pesos
