La sociedad, los empresarios, los legisladores… “¡no nos entienden!”

Dicen no entender el por qué de los cuestionamientos y atribuyen la polémica a la inexperiencia de los legisladores, de la sociedad y hasta del sector empresarial sinaloense, frente a los primeros proyectos de Asociación Público Privadas en Sinaloa.

La cerrada defensa que había mantenido la Secretaría de Salud a favor de los proyectos hospitalarios al parecer no fue suficiente, pues la mañana del lunes, directivos de GIA Infraestructura, ganadora de la licitación para construir el Hospital General de Mazatlán, convocaron a la prensa para defender el proyecto en el que invertirán mil 250 millones de pesos y por el que recibirán 239 millones de pesos al año, durante 23 años y medio.

Contrario a las críticas y cuestionamientos que llevaron a la suspensión del proceso legislativo, para los directivos de GIA Infraestructura la solicitud de otorgar una garantía de crédito adicional, basada en el 25 por ciento del Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, es un requerimiento para darle más transparencia al proyecto y un trámite normal en todos los esquemas APP en el mundo.

“Esto no es nuevo, se han hecho muchos proyectos APP y todos han sido con la misma metodología, absolutamente todos. Yo creo que no hay experiencia, es la primera experiencia en el Estado en este tipo de esquemas. Se está aprendiendo, se está en una curva de aprendizaje, son temas técnicos y muy sofisticados”, destacó Jorge Iturbe Gutiérrez, director operativo de GIA.

Tras exponer los antecedentes de las APP en el mundo, destacar la trayectoria de la empresa y su experiencia en otros proyectos APP, los directivos englobaron los proyectos hospitalarios a través de tres puntos centrales:

Se contratará un servicio más eficiente y más barato, no se trata de una deuda para el estado, la licitación fue transparente, equitativa y ganó la propuesta más baja.

“El estado durante los años que ha operado ese hospital tiene ya un gasto establecido de mantenimiento, lo único que va a pasar es que ese recurso lo va a pasar de un hospital antiguo a uno nuevo, no es una deuda, es un gasto corriente”, enfatizó Iturbe Gutiérrez.

Licitación transparente

A lo largo de una hora, el director de GIA, respaldado en varios momentos por su asesor personal, respondió a los cuestionamientos de la prensa local sobre la modificación a los decretos 976 y 977, posterior al fallo de la licitación, los supuestos costos sobrestimados de los hospitales y la impugnación del otro participante, Marhnos Construcciones.

Iturbe Gutiérrez aseguró que con la modificación a los decretos no se violan los principios de equidad en el proceso licitatorio.

Según explicó, en las juntas de aclaraciones todas las empresas solicitaron la adición de una garantía de crédito con un porcentaje y origen definido, por lo que se llegó a un acuerdo con la Secretaría de Salud para adicionar la garantía una vez que se diera el fallo.

“Durante la licitación varias empresas decimos ‘precísanos mejor qué recursos vas a usar’. La respuesta de Salud fue vamos a precisar los recursos terminando el recurso (licitación). Esa condición está firmada de conformidad por todos los participantes”, señaló.

Y agregó: “Lo normal es que cuando se firma el contrato, los estados o la federación definen la fuente alterna de pago. Los bancos revisan toda la documentación y hacen propuestas de qué fuente alterna de pago se puede utilizar… Una vez que se dio el fallo, el banco revisó todo y dijo ‘oye gobierno, no me digas que puedes usar los recursos que sean para financiar esto, dime qué recursos vas a usar’. De ahí surge la solicitud”.

Los representantes de la empresa aseguraron que ese acuerdo quedó asentado en las minutas de la segunda junta de aclaraciones y fue firmado por todos los participantes. Enfatizó que el documento se puede consultar públicamente en el portal web de Compranet.

De acuerdo con la minuta elaborada en enero de 2014, al concluir la segunda junta de aclaraciones, sí se acordó establecer algunas precisiones respecto al fideicomiso de fuente alterna de pago y garantía, sin embargo, en los cinco incisos que se adjuntan en la minuta no se expone de forma exacta lo argumentado por GIA.

Un hospital de 5 mil 616 millones de pesos

“El gobierno no está comprando infraestructura, lo que está comprando es un servicio”, aseveró el director operativo de la empresa que construirá y operará durante 25 años el hospital general de Mazatlán.

Iturbe Gutiérrez especificó que la inversión inicial para construir y poner en operaciones el nosocomio asciende a mil 250 millones de pesos, que serán aportados en un 30 por ciento por la empresa y en un 70 por ciento a través de un financiamiento que la firma gestionará con Banobras.

El monto se desglosó en 650 millones para la construcción, 420 millones en el equipamiento y 180 millones en la elaboración del proyecto, adquisición del terreno, permisos y licencias.

Explicó que una vez concluida la obra, la cual se proyecta estaría lista en un periodo de año y medio, el pago anual que erogará el gobierno del estado será de 239 millones de pesos.

Dicha anualidad se realizará durante 23.5 años, lo que en total suma un costo de 5 mil 616 millones de pesos por el funcionamiento del Hospital General de Mazatlán.

Iturbe Gutierrez señaló que el gobierno estatal le pagará a GIA por prestar los servicios de provisión y mantenimiento de equipo médico, infraestructura tecnológica, alimentos para pacientes, personal médico y administrativo, servicios de lavandería, seguridad interna, transporte de pacientes al interior del hospital, administración del estacionamiento y eliminación de residuos hospitalarios.

Durante su visita a Sinaloa, los directivos de GIA aprovecharon para decirle a la prensa que en semanas pasadas tuvieron un acercamiento con Coparmex, pero el organismo empresarial rechazó el encuentro.

“Sabemos de las cámaras que han estado muy activas en el tema, nosotros las buscamos hace tres semanas, solicitándoles que si querían platicar con nosotros para darles nuestra óptica y nos dijeron que no, que ellos tenían que reunirse con el Congreso, no con nosotros”.

“¿De dónde saca Coparmex que la sociedad sinaloense no quiere el hospital?, quién sabe”, señaló Iturbe Gutiérrez.

Un ejemplo a no seguir

En el Estado de México, un hospital nuevo y caro, construido por las empresas que ganaron las licitaciones en Sinaloa, con carencias de hospital viejo

Francisco Sarabia 

Ixtapaluca, Estado de México.- El de Ixtapaluca estaba programado para ser un hospital de tercer nivel; y no era para menos. El nosocomio  administrado por el consorcio Privado GIA+Asignia y Eductrade, liderado en México por Hipólito Gerard Rivero, propietario de la Constructura Gia+A y que pretende adjudicarse la construcción de los dos hospitales generales en Culiacán y Mazatlán, tuvo un costo de 75 millones de euros, es decir, la suma de  mil 360 millones de pesos.

De este total, el 80 por ciento lo financió con el Banco Nacional de Obras (Banobras) en tanto que los inversionistas privados del consorcio solo aportaron el 20 por ciento restante.

Con recursos de Banobras erogados por los contribuyentes mexicanos en su mayoría, se construyeron —según el proyecto inicial— 37 mil 500 metros cuadrados de lo que hoy es el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, distribuidos en cuatro plantas equipadas con tecnología médica de vanguardia que según el ex-presidente Felipe Calderón sería el hospital más grande construido durante su administración” y  una gran obra “para beneficio de la gente más pobre”.

La obra está bajo las órdenes de un grupo de empresarios que explotarán la concesión por un lapso de 25 años y lucrarán con la salud de la población mexicana hasta el año 2035, según lo revela el organismo Desarrollo y Operación de Infraestructura Hospitalaria de Ixtapaluca (DOIHI).

A dos años de inaugurado, el proyecto empresarial de Ixtapaluca, que abre el proceso para privatizar la salud pública en México, arrastra una secuela de irregularidades y contubernios que advierten una observancia rigurosa en la adjudicación de obras y proyectos programados en Sinaloa y otras tantas entidades, donde los gobiernos estatales tienen instrucciones claras de favorecer al que consideran uno de los empresarios consentidos del sexenio de Enrique Peña Nieto.

Las denuncias sobre irregularidades en la adjudicación y operación de los proyectos de obras y servicios en contra del consorcio GIA+A, Assignia y Eductrade, y que han sido documentadas  con la construcción del Hospital El Salvador en Chile y el de Ixtapaluca en el Estado de México, dan cuenta del poder que ostenta este grupo empresarial representado en México por Gerard Rivero, un empresario con un “linaje” que le da autoridad para someter poderes locales serviles y en decadencia, sin la menor dificultad.

Para documentar las irregularidades y denuncias que pesan en contra de GIA+A , y de las deficiencias con que supuestamente opera el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Riodoce constató el hermetismo con que se maneja el personal administrativo del nosocomio al negar todo tipo de información.

El Coordinador de Comunicación Social del nosocomio,  Iván Romero, señala tajante que no se proporciona ningún tipo de datos, salvo una autorización previa de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud.

Por consiguiente, deberá entregarse previamente un cuestionario de preguntas y enviarlo a la Dirección de Comunicación Social de la Secretaría. Esas son las instrucciones de la Secretaria de Salud, Mercedes Juan, confirma Marisol Martínez,  quien dijo no tener cargo alguno y ser “administradora” de comunicación social.

En el mismo sentido, médicos y enfermeras abordados al interior de las instalaciones señalan que tienen estrictamente prohibido dar información que ponga en duda “la eficiencia” en los servicios de salud que proporciona el HORAEI, al grado de que existe la amenaza latente de prescindir de sus servicios ante cualquier violación a esta regla.

Sin embargo, los testimonios aportados por familiares de pacientes que aguardan en la sala de espera  y en el estacionamiento y fuera del hospital confirman la cauda de errores y deficiencias.

La mayor queja del personal operativo y de pacientes del Hospital Regional de Alta Especialidad se enfoca en la evidente  falta de personal que repercute en la calidad de los servicios de atención y cobertura.

Hay áreas del Hospital que desde su apertura permanecen cerradas por falta de personal. Otras como Pediatría y la de Adultos, que solo funcionan parcialmente porque la empresa responsable de contratar profesionales de la salud argumenta que no es necesario.

Uno de los médicos que labora desde la apertura del hospital apunta que el personal médico y de enfermería es el más escaso. En contraparte, hay un  exceso de personal administrativo y de confianza.

Esto dice que todas las áreas, sin exclusión de alguna, operan con severas limitaciones y esto repercute en la calidad de la atención.

Una médica que ofrece sus servicios como pasante coincide que el área de urgencias con que se dispone no fue acondicionada  para un hospital con esa dimensión. Es muy reducida. No tiene áreas de curación específicas porque no están destinadas y, por tanto, no puede atender muchos pacientes a la vez porque no cuenta con los espacios propios de un hospital de segundo nivel.

Por separado, los familiares de pacientes que solicitan internarse mediante la cobertura del Seguro Popular, denuncian que son frecuentes los casos de personas que son retenidas en las instalaciones porque no tienen para cubrir los gastos derivados de medicamentos, que en su mayoría no son cubiertos por esta modalidad de derechohabiencia.

Los estudios socioeconómicos se aplican bajo la discrecionalidad del personal  de Trabajo Social, que pareciera laborar bajo la consigna de que por todo servicio de atención, pobres o ricos “tienen que pagar”.

Desabasto: un mal crónico

El abasto de medicamentos e insumos sigue siendo un mal crónico desde que comenzó a operar, dicen los médicos y enfermeras, quienes estiman que para subsanar estas deficiencias se recurre con frecuencia  a los familiares de pacientes para que adquieran los medicamentos, sobre todo los que están en áreas críticas y donde el faltante es mayor.

El problema se complica sobre todo en pacientes de escasos recursos, porque al no poder adquirirlos tienen que recurrir a organismos altruistas como Cáritas y otros que les surten las recetas con medicamentos donados por la comunidad.

Aun así, ha habido casos de pacientes con seguro popular que han pospuesto sus tratamientos  porque sus médicos deciden no aplicarlos con la excusa de que no son los indicados en la receta,  aunque solo cambie el nombre comercial o la empresa farmacéutica que lo distribuye.

Las mismas enfermeras exponen la insensibilidad de algunos médicos que ordenan a los pacientes comprar antibióticos de los más caros, porque en las ventas de los mismos está asegurada una atractiva comisión para los galenos.

Médicos y enfermeros del nosocomio consideran que el suministro de medicamentos y otros insumos  debe estar garantizado por la Secretaría de Salud. Esta sugerencia ha sido llevada a las Juntas de Gobierno del hospital, pero no hay respuesta porque la dependencia destina la mayor parte de sus recursos a cubrir el pago de la renta de instalaciones a la empresa proveedora de insumos y servicios, DOIHI —que también es propiedad de Gerard Rivero— y lo poco que queda se ejerce en la cobertura de gastos primarios del hospital.

Al parecer ninguna de las partes —gobierno y empresa— se interesa por dar una solución integral al problema, que lo mismo afecta la relación laboral de los trabajadores que la atención de los pacientes.

Transparencia México, tras sus pasos

Ante los constantes señalamientos de que han sido objeto las licitaciones adjudicadas a GIA+A, por su oscuro historial que obligó al Gobierno de Chile a cancelar contratos de hospitales debido a los elevados costos que representaba para el  erario de ese país, Transparencia Internacional Capítulo México hizo una petición solicitando los contratos de obra federal con el actual gobierno desde el inicio de sexenio.

Esta solicitud permitió conocer que la constructora tiene a su cargo cinco obras en proceso, que en total suman un monto de superior a los mil millones de pesos. Entre las obras está la  “construcción de terracerías, estructuras, obras de drenaje, pavimento de concreto asfáltico, señalamiento vertical y horizontal, obras inducidas y obras complementarias de diversas  carreteras en distintas entidades de la República”.

El “consorcio” y sus redes

A la sombra de su cuñado, el ex presidente Carlos Salinas de Gortari, Hipólito Gerard Rivero ha posicionado a GIA+A entre las doce más importantes del país, según lo señala el diario Milenio. Pero sus lazos consanguíneos le han abierto espacios en el entramado del poder político y económico del país, por su parentesco con el club de industriales regiomontanos y hasta con los dueños de Televisa.

Hipólito es hijo de Hipólito Gerard Butler, otrora socio del banquero Carlos Abedrop en múltiples empresas, y además es nieto de Bertha Azcárraga Vidurrreta, hermana de Emilio, Rugiero y Gastón, y del industrial de origen neoleonés, Enrique Rivero.

Ha trabajado desde 1996 al 2013 más de 550 proyectos relacionados con el ramo de la infraestructura carretera, arquitectura y construcción pesada, acumulando una cuantiosa fortuna que le permiten facturar cerca de cuatro mil millones de pesos al año, según su reporte anual del 2013.

Sus operaciones de inversión dentro y fuera del país son compartidas en sociedad con las empresas Assignia Infraestructura  S.A. y Eductrade, S.A. Con el contrato de Participaciones Público Privadas (PPS) se formó un consorcio constituido por las empresas Constructora y Edificadora, GÍA+A, S.A. de C.V., Assignia Infraestructuras, S.A. y Eductrade, S.A.

Assignia Infraestructuras es una empresa española subsidiaria o perteneciente al gigante Essentium, que se adjudicó  contratos millonarios para perforar pozos a Pemex, así como el mantenimiento de los ferrocarriles de la ruta Buenavista–Cuautilán, la concesión para la prestación de servicios en el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca y la modernización y ampliación de la Carretera Federal # 2, tramo Sonoyta-Río Colorado, entre otros.

Essentium es un corporativo español internacional dedicado “a la construcción, la infraestructura y la prestación de servicios.