mayo 12, 2021 12:48 PM

Poder judicial: Los secretos de un relevo abrupto

José Antonio García Becerra.
José Antonio García Becerra.

La elección de José Antonio García Becerra como presidente del Poder Judicial de Sinaloa marca el tercer capítulo de una relación entre poderes que se había vuelto tirante desde la elección a gobernador del 2010, tanto con Mario López Valdez como con su Secretario de Gobierno, Gerardo Vargas.

El dos de enero de este 2015, como cada inicio de año, se renovó la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia, pese a iniciativas de reforma que buscan que la elección sea por cuatro años, como sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como única propuesta y votada por unanimidad se eligió a José Antonio García Becerra, quien llegó como Magistrado siendo gobernador Jesús Aguilar Padilla, después de una larga estancia en el Congreso de Sinaloa por cinco legislaturas en la Secretaría General.

Para el relevo, Enrique Inzunza Cázarez pidió de entrada ser excluido de cualquier propuesta, después de presidir cuatro años el Poder Judicial, del 2010 al 2014. Para muchos abogados que esperaban una nueva reelección, resultó sorpresivo el resultado.

Pero tal como no pudo influir el gobernador en el 2011 para la elección del presidente del poder Judicial, tampoco influyó a su gusto en 2015.

CAPÍTULO UNO
En el largo periodo de cinco meses entre la elección de julio de 2010 y la toma de protesta, el gobernador electo fue dejando al último al Poder Judicial. La tradición en México marcaba y marca la intervención del Ejecutivo en la decisión del titular del poder Judicial, y obligaba a Mario López a intervenir.

Una tarde del mes de diciembre de aquel 2010, el gobernador electo invitó a comer a todos los magistrados a un restaurante de mariscos del malecón nuevo, y aunque no se trataba de una reunión oficial, era claro que ahí se decidiría el relevo de Canuto López.

Presidía la mesa Mario López sentado a la cabecera y alrededor los once magistrados y magistradas, y a un lado del gobernador electo, quien sin nombramiento aún seguramente asumiría la Secretaría General de Gobierno, Gerardo Vargas.

Un par de asistentes definieron aquella reunión como fría y distante en su arranque, por más cordialidad y ligereza que buscaba imprimirle el gobernador electo. De existir una foto de aquella primera reunión entre poderes —con todo y que López Valdez aun no tomaba protesta—, sería notoria la diferencia: los magistrados solemnes hasta en el vestir, Malova en camisa de manga corta y suelto.

Pero López Valdez no solo iba a escuchar, ya llevaba una decisión a aquella comida: que Canuto Alfonso López no continuaría como Presidente del Tribunal de Justicia de Sinaloa. Lo había tachado en medio de la paranoia de quienes, según él, no habían apoyado su proyecto opositor. Pero al mismo tiempo, sabía el próximo gobernador, que no le alcanzaban los votos entre los magistrados del Poder Judicial para sacar adelante su propuesta, o al menos es lo que decía en público y en privado el Magistrado Claudio Raymundo Gámez Perea: que él estaría al frente del Supremo Tribunal de Justicia por su apoyo al coterráneo Malova.

Los platillos se servían pero la tensión impedía comer. Hablaron un par de Magistrados sobre los retos en materia de aplicación de justicia, los pendientes del futuro, especialmente la implementación de la reforma para los juicios orales, y se fue rompiendo el hielo. Al concluir la reunión-comida, aunque no se tocó la elección del nuevo presidente de manera directa, ya quedaba claro que si el gobernador le mandaba un mensaje al poder judicial de descartar a uno de sus miembros —Canuto López—, a su vez ellos no aceptarían la imposición de otro —Claudio Gámez—.

Los días pasaron y unas horas después de rendir protesta como gobernador, el último día del 2010, Mario López Valdez hizo un recorrido vertiginoso para las tomas de protestas de los alcaldes de todo el Estado. En el helicóptero de norte a sur, de Los Mochis a Mazatlán con sus escalas, se hizo acompañar de los representantes de los otros dos poderes: Cenovio Ruiz del legislativo y Canuto Alfonso López, del Judicial.

Ruiz Zazueta ya presidía al legislativo —también con él la química estaba rota— y ahí se quedaría, pero Canuto López no. Tres días después, el tres de enero de 2011 resultaría electo el más joven de los magistrados, Enrique Inzunza Cázarez, con dos votos en contra, el del propio Claudio Gámez Perea —que antes ya había votado en contra de López López— y José Manuel Sánchez Osuna.

CAPÍTULO DOS
El gobernador no rechazaba a Enrique Inzunza, más aún, él mismo por descarte aceptó que fuera electo como presidente. Inzunza Cázarez tenía una carrera en el poder Judicial, donde presidió el Instituto de Capacitación Judicial antes de ser nombrado Magistrado por el Congreso.

Como Presidente del Tribunal encabezó las destituciones y demandas penales ante la Procuraduría General de la República contra miembros del propio poder judicial, entre ellos actuarios, secretarios, e incluso jueces, por su participación en un desfalco a la Comisión Federal de Electricidad. El asunto ya estaba encaminado desde la presidencia de Canuto López. Esos funcionarios del poder judicial habían dado curso a demandas millonarias por la “servidumbre de paso” de los cables de alta tensión en predios y parcelas, aun cuando no les competía ni territorial ni judicialmente.

Pero el gran tema para el poder judicial seguía siendo la migración al nuevo sistema penal acusatorio, conocido coloquialmente como Juicios Orales. Sinaloa estaba entre los estados con mayor retraso en la implementación, peor aún, sin respaldos presupuestales y ni siquiera las adecuaciones legislativas locales que exigía la reforma federal.
Y es que pese a los presupuestos “históricos” que ha logrado Sinaloa, el Poder Judicial no va a la par con esos incrementos.

Los cinco presupuestos de la era López Valdez han tenido para el poder judicial un incremento ligeramente superior a la inflación entre el 2011 y el 2015 que está por ejercer. De los 382 millones 386 mil 501 del 2011, se pasó a 480 millones 467 mil 349 en el 2015, eso es 25.64 por ciento más en el periodo, apenas 6.4 por ciento anual, cuando la inflación fue en promedio en ese periodo de 5.26 por ciento. Incluso, del 2012 al 2013 el presupuesto se redujo: de 407 millones 914 mil 925 bajó a 403 millones 753 mil 915 pesos. Es decir, pese a la necesidad de implementar los juicios orales, el Ejecutivo castigó al Judicial con los presupuestos.

Desde la toma de protesta del gobernador Malova, coincidente con la de Inzunza Cázarez, se priorizaba la implementación de los juicios orales, pero solo en el discurso, porque presupuestalmente en ningún año el Ejecutivo estatal destinó los recursos correspondientes.

Finalmente, casi al concluir el 2014, se puso en marcha la primera etapa de los juicios orales en la zona centro norte de Sinaloa. Se inauguró el Centro de Justicia Penal para cubrir Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Sinaloa de Leyva y Guasave.

El retraso de Sinaloa ubica a la entidad con una calificación entre los 4 y 5.9 puntos de 10, en un ranking elaborado por la Secretaría de Gobernación para medir los avances en cada entidad en el sistema acusatorio. Eso quiere decir que el Estado va lento a solo año y medio de que se cumpla el plazo establecido.

CAPÍTULO TRES
Con la señal de los presupuestos enviada por el Ejecutivo, y con unas relaciones frías entre las cabezas de los poderes, especialmente después del discurso de Enrique Inzunza en la ceremonia de traslado de poderes a El Fuerte, en septiembre del año pasado, el cambio de Presidente en el Poder Judicial para el 2015 estaba anunciado.

Fuentes cercanas al despacho de López Valdez aseguran que aquel discurso se interpretó por el gobernador como con dedicatoria, aunque solo se refería didácticamente al equilibrio de poderes: “Toda sociedad en la que la garantía de los derechos no esté asegurada, ni determinada la división de poderes, carece de Constitución”, citaría Inzunza la declaración de Universal de los Derechos del Hombre de 1789.

Ya en el último trimestre del 2014 entre algunos de los 11 magistrados empezó a crecer la necesidad del relevo de Inzunza Cázarez, pero en una decisión de los propios Magistrados y no una imposición desde el Ejecutivo.

Así, de manera natural por sus características, las coincidencias fueron apuntando a José Antonio García Becerra.

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