junio 22, 2021 1:47 PM

Congreso: de burros y burradas

Silvia Miriam. Sinceridad supina.
Silvia Miriam. Sinceridad supina.

La semana pasada se la llevó el Congreso del Estado. Una nota de la reportera Claudia Beltrán, publicada en Noroeste, reveló que a cinco diputados locales, miembros de la Junta de Coordinación Política, no les basta el jugoso sueldo de 180 mil pesos, dietas y bonos incluidos, sino que perciben también 30 mil pesos adicionales solo por pertenecer a dicha comisión. Es decir, 210 mil pesos al mes, en números tan redondos como los pesos. Más que el sueldo formal del gobernador y más de lo que gana el presidente de la república Enrique Peña Nieto, quien tiene un sueldo formal de 204 mil 185 pesos, según el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2014, ya con prestaciones incluidas, sin bonos extra, ni dietas, ni comisiones. (Los negocios son aparte).
Así las cosas, el sueldo de nuestros legisladores es mayor que el de los diputados federales, quienes, de acuerdo a la misma fuente, cobran al mes, con todo y prestaciones, un salario de 124 mil 656 pesos; y que el de los senadores de la república, quienes reciben, prestaciones incluidas, 165 mil 227 pesos mensuales.
¿Dé qué están hechos nuestros diputados? ¿De qué material los sinaloenses?
Ya se habían dado primeras lecturas a las cuentas públicas correspondientes a 2013, de los ayuntamientos, entidades descentralizadas y la estatal. Y se habían propuesto los dictámenes. Destacaban la suspensión de la cuentas de cuatro municipios y del Fideicomiso del Fondo Agropecuario (FOFAES), por haberse encontrado manejos turbios de los recursos.
La suspensión de la cuenta del FOFAES era histórica porque nunca el Congreso del Estado había suspendido una cuenta estatal o parte de ella. Igual que de un manotazo suspendiera las cuentas de cuatro municipios.
Pero de ese tamaño es el atraco que se ha estado ventilando en el gasto de algunas comunas, a las que se les cercena la posibilidad del desarrollo porque el dinero se va a los bolsillos de los funcionarios públicos, alcaldes, tesoreros, regidores…
Aunque es inexplicable que se haya aprobado la cuenta de Sinaloa municipio, que se había estado suspendiendo semestre tras semestre, porque también allí la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó millonarias irregularidades, entre ella la existencia de decenas de facturas falsas atribuidas a una empresa fantasma que manipulaba un cuñado del ex alcalde Saúl Rubio Valenzuela.
También se había generado una discusión sobre el papel que está jugando la ASE, sus facultades y limitaciones, el destino de la información que de sus revisiones se desprende. Pero al final apareció el congreso al que los diputados de legislatura tras legislatura nos han acostumbrado: manso, demagógico, mercader, complaciente, tapadera, cómplice…
Cuando el martes se puso a discusión la cuenta del Gobierno estatal correspondiente al segundo semestre de 2013, en realidad no hubo debate. Solo dos diputados, los dos del PRD, se apuntaron para expresar su rechazo al dictamen y propusieron una moción suspensiva. Pero no hubo un argumento que respaldara la cuenta, solo una caterva de legisladores que parecía les habían castrado el habla. De todos los colores, panistas, priistas, ciudadanos y hasta los dos de nuevo cuño: Héctor Melesio Cuen y Roberpierre
Lizárraga, del PAS. Todos escondidos en el silencio, pero enfáticos, puntuales al responder “aprobada”, con el clásico levantón del índice.
Un día antes, la propia ASE había citado a una inusual conferencia de prensa para informar que le estaba dando al Gobierno estatal una —inusual también— prórroga de seis meses para que aclarara el mugrero que trae en las cuentas, lo cual significó, de facto, un salvoconducto para quienes tienen que hacer las aclaraciones y el pretexto perfecto para que los diputados se “lavaran” las manos.
Vendría la cereza del pastel. El miércoles el Congreso sesionó de forma extraordinaria. Varias reformas había en su agenda, una con carácter “urgente”, según petición del propio gobernador, previa la comilona en Altata, donde las diferencias se disiparon en medio de callos de hacha y camarones: la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría de Justicia, con el pretexto del nuevo sistema acusatorio, pero que termina criminalizando el trabajo periodístico. Una burrada de quien envió la iniciativa y otra de quienes la aprobaron, pues el derecho a la información está garantizado por nuestra Constitución en su artículo 6. Y el Estado no puede perseguir la expresión de las ideas ni acotar el derecho a la información.
Bola y cadena
EL SENTIDO DE RESTRICCIÓN que implica la reforma es evidente y burdo: (…) “En ningún caso se podrá autorizar a los medios de comunicación el ingreso a los lugares de los hechos, la toma de audio, video, o fotografías involucradas en un evento delictivo, ni al manejo de información relacionada con la seguridad pública o la procuración de justicia”. Ah chinga…
Sentido contrario
LA OPOSICIÓN A TAL REFORMA no se dejó esperar por parte de los medios locales y la noticia tuvo alcances nacionales al grado que a la vuelta de dos días, tanto el gobernador como el congreso, decidieron recular. En una apurada conferencia de prensa donde estuvieron todos los coordinadores parlamentarios, los diputados anunciaron que la reforma se cancelaría con una nueva iniciativa. Pero no se dio a conocer todavía el contenido del texto.
Humo negro
PARA EL ANECDOTARIO de esta legislatura quedará la cándida declaración de la diputada Silvia Miriam Chávez cuando fue cuestionada al respecto: “la verdad es que ni la leí… somos unos burros”.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
RÍODOCE EDICIÓN 960
20 de junio del 2021
GALERÍA
Afectaciones como árboles caídos y cables de luz, tras el paso de la tormenta 'dolores' por México
COLUMNAS
OPINIÓN
El Ñacas y el Tacuachi
BOLETÍN NOTICIOSO

Ingresa tu correo electrónico para recibir las noticias al momento de nuestro portal.

cine

DEPORTES

Desaparecidos

2019 © RIODOCE
Todos los derechos Reservados.