junio 25, 2021 4:22 AM

Injustificadas transacciones millonarias de recursos públicos en Gobierno del Estado

MALOVA Y VILLARREAL. Abiertos los expedientes del Megacrédito, Cupón cero y retenciones a trabajadores.
MALOVA Y VILLARREAL. Abiertos los expedientes del Megacrédito, Cupón cero y retenciones a trabajadores.
Considerada como un retroceso histórico en la transparencia del ejercicio de los recursos públicos, entre cifras que alarman, confunden y generan interrogantes, la cuenta pública del gobierno de Mario López Valdez fue cuestionada por sólo tres diputados de los 40 que integran la legislatura local y votada por una mayoría de 34 legisladores que sin dudarlo alzaron la mano para aprobar, de nueva cuenta, un ejercicio irregular.
“Cualquiera de las cuentas municipales, incluso los informes de las paraestatales y paramunicipales, palidece frente a esta”, sentenció el diputado perredista Ramón Lucas Lizárraga, justo antes de iniciar la lectura de un detallado informe sobre las disparidades entre el presupuesto autorizado y el gasto al cierre de 2013, una diferencia que alcanza los 3 mil 905 millones 585 mil 218 pesos.
Tres semanas antes de la discusión en el pleno, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el diputado priista Gómer Mónarrez Lara, colocó en la agenda mediática el impacto de las autoliquidaciones otorgadas en nueve municipios de Sinaloa por una suma total de 10 millones de pesos, acción por la que la Comisión anunció que exigiría hasta demandas penales, sin embargo, de la cuenta estatal nada se informó.
Para la diputada perredista, Imelda Castro Castro, quien el pasado martes 29 de julio presentó una moción suspensiva para la cuenta pública del Ejecutivo, el informe de la Auditoría Superior del Estado (ASE) revela una grave opacidad en el ejercicio de los recursos.
Fue esa misma falta de claridad la que llevó a la ASE a emitir una solicitud de aclaración a la Secretaría de Administración y Finanzas con el objetivo de que explique cómo y en qué ejerció los 2 mil 600 millones de pesos del crédito autorizado por el legislativo a mediados de 2011.
“Lo que parece es que hemos retrocedido dos años en la falta de información que se suponía cubierta, no sólo en términos de fiscalización sino de elemental información pública de oficio”, criticó Castro Castro.
Y es que las observaciones de la ASE al segundo semestre de 2013 van desde disposiciones de recursos millonarios en los que no se argumenta su uso, ni se explica un destino, hasta el uso de recursos etiquetados para obra y utilizados en pagar deuda a corto plazo, entre otros.

INDAGACIONES. La ASE investiga opacidad en el gasto del dinero público.
INDAGACIONES. La ASE investiga opacidad en el gasto del dinero público.

La prórroga de la ASE
Al revisar las cuentas bancarias con las que se maneja el megacrédito de 2 mil 600 millones de pesos, la Auditoría encontró movimientos irregulares en 470 millones 664 mil 238 pesos.
De ese total, se detalla un retiro por 362 millones 978 pesos que se transfirieron a la cuenta bancaria interacciones de la Secretaría de Administración y Finanzas, sin justificar su destino.
Para pagar las retenciones efectuadas en la nómina de trabajadores, la SAF utilizó 38 millones 621 mil 362 pesos de los recursos del crédito y los pagó a favor de Banco Azteca S.A. Fideicomiso F/6 Figlosnte 53.
En otro caso, a pesar de que existe un 2.8 por ciento de recursos del megacrédito que se destinaron a la supervisión y vigilancia de las obras, la SAF empleó 121 mil 339 pesos en pagar conceptos de supervisión técnica de obras.
Finalmente, la ASE destaca ahorros en el costo final de las obras por un total de 68 millones 943 mil 127 pesos, los cuales no se han aplicado en el pago de la deuda.
Al enlistar los cuatro puntos anteriores como las principales observaciones, la ASE solicita a la SAF que informe el total de obras realizadas al 31 de diciembre de 2013 y el total al 30 de junio de 2014, especificando el costo, la institución bancaria y el número de cuenta donde se encuentra el recurso disponible y cuales obras aún no se concluyen.
Del total de las obras, la ASE también requiere que se precise cuáles obras generaron economías y en qué institución bancaria y número de cuenta se encuentra el recurso disponible.
También se pide que se detalle cuál es el monto pendiente de ejercer del crédito al 31 de diciembre de 2013 y cual al 30 de junio de 2014, señalando el banco y el número de cuenta donde está el recurso.
Antonio Vega Gaxiola, Auditor Superior del Estado, explicó que la investigación relacionada con el crédito por 2 mil 600 millones de pesos continuará abierta, pese a la aprobación del Congreso a la cuenta pública del segundo semestre de 2013.
El auditor señaló que al cierre de la revisión todavía hacía falta información por entregar y existían obras que ya habían sido pagadas, aunque estaban en proceso de concluirse.
“La auditoria dejó abierto el expediente, sentíamos que hacia falta algo más de información, estamos requiriendo a gobierno del estado para que nos dé toda la información para en su momento emitir ya una opinión”, dijo.
—¿Qué es lo que hace falta?, se le cuestionó.
—Todavía había obras que a diciembre de 2013 quedaron devengadas, es decir, tengo el recurso, tengo la obra y devengo el recurso pero la obra la termino después. Si concluimos el recurso ahorita vamos a dejar pendiente una parte del recurso que estaba guardado, comprometido, y no tendríamos el crédito completo.
Además de los 2 mil 600 millones de pesos, en la cuenta del Ejecutivo la auditoría dejo abiertos los expedientes del Cupón Cero por 771 millones de pesos y las retenciones a trabajadores del aparato gubernamental por mil 146 millones de pesos, las cuales no fueron pagadas a sus beneficiarios.
En las cuentas municipales y paraestatales, se dio prórroga al dragado del arroyo Jabalines en el municipio de Mazatlán y a las obras de remodelación en el Hospital Pediátrico de Sinaloa. Esto, debido a los señalamientos de falta de información y poco tiempo para realizar la auditoría.
Aunque Vega Gaxiola se mostró enfático al garantizar que la investigación se concluirá, a lo largo de la entrevista dio diferentes fechas para presentar el informe final, principalmente lo relacionado con el megacrédito:
—Voy a revisar todo el crédito y cuando lo concluyamos aquí lo vamos a ver.
—¿Cuando?.
—Octubre, noviembre.
—Hace rato dijo agosto.
—Septiembre pues.
Las placas, contratación innecesaria
En el seguimiento que la ASE realiza al contrato por 331 millones 583 mil 680 pesos para la renovación de un millón 500 mil juegos de placas vehiculares, por adjudicación directa con la empresa Cangnan Riwong Craft, se detectó que no existe una necesidad real que demande la contratación millonaria de placas.
Según se detalla, en el almacén de la Dirección de Vialidad y Transportes existen 54 mil 868 juegos de placas para motocicletas, ómnibus, discapacitados y policías que se entregaron para abastecer las solicitudes del 2013, sin embargo, al cierre del año sólo se
registró la salida de 20 juegos de placas.
A mediados de 2013, Mario López Valdez explicó que las placas se adquirirían conforme se fueran requiriendo, por ejemplo, consideró que al año Sinaloa podría requerir hasta 300 mil juegos de placas. Pero no fue así.
La Auditoría Superior señala una violación al artículo 15 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, el cual establece que las dependencias deberán programar sus adquisiciones, arrendamientos y contratación de servicios, en razón de sus necesidades reales.
El contrato millonario también viola el artículo 22 de la misma ley, el cual exige que los recursos se administren con eficiencia, eficacia, economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a que fueren destinados.
Los criterios de austeridad, disciplina y racionalidad en el gasto público que demanda el artículo 7 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público de Sinaloa también fueron infringidos con la contratación del millón 500 mil juegos de placas, señaló la ASE.
“Se determina que la adjudicación del contrato y las cantidades de entrega no se realizaron en base a las necesidades reales ni a solicitud de la demanda de las mismas, ya que de las placas correspondientes a motocicleta, ómnibus y discapacitados no se ha reflejado ninguna salida y la correspondiente a policías es muy baja la demanda, ya que únicamente se le ha dado salida solo a 20 juegos”, detalla el informe de la auditoría.
Por la violación, el órgano fiscalizador emite una responsabilidad administrativa sancionatoria para que se finquen responsabilidades a los servidores públicos que por omisión incumplieron con la normatividad.
Entre las otras observaciones que la auditoría realizó a la Secretaría General de Gobierno destacan la falta de oficios que acrediten la solicitud y entrega de 50 mil 800 juegos de placas de automóvil y aunque algunos oficios se solventaron en el periodo de evaluación de respuestas, la ASE emite una responsabilidad administrativa sancionatoria por la irregularidad en el manejo administrativo.

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