Los Grupos Parlamentarios del PAS y el PAN coincidieron en señalar la necesidad de reformar la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa para incluir el servicio de transporte de pasajeros mediante el uso de plataforma digital, como es el caso de Uber.
Rafael Mendoza Zataraín, diputado del PAS, consideró necesario atender el descontento del gremio taxista, pero también tomar en cuenta la aspiración legítima del ciudadano de contar con un mejor servicio de transporte.
Comentó que desde que se anunció la entrada de Uber en Sinaloa se creó un ambiente de encono entre los ciudadanos que ya laboraban en las tradicionales empresas de taxis contra quienes proponían el nuevo tipo de servicios de transporte, llegando incluso a la realización de altercados y físicos.
Evidentemente, dijo, Uber viene a ser una alternativa más de transporte, que no implica la eliminación del tradicional servicio de taxis, sino una opción más para lo usuarios.
Enfatizó que Uber inició a trabajar en Sinaloa al margen de toda normatividad jurídica, lo que no ocurre en estados o ciudades como Querétaro, Yucatán, Guanajuato, Tijuana y Ciudad de México, en donde se han regulado las condiciones de los vehículos, la existencia de seguros de cobertura amplia, precios y forma de pago, requisitos de los choferes, aportaciones a los municipios, entre otras condiciones.
Precisó que el Grupo Parlamentario del PAS ya incluso presentó una iniciativa de ley para reformar la Ley de Tránsito y Tranportes para reglamentar el servicio de pasajeros con el uso de plataformas digitales.
Carlos Castaños Valenzuela, coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, sostuvo que Uber no se debe prohibir, pero se debe regular.
“Debe tributar lo correspondiente en los impuestos estatales y la autoridad debe deberá tener vigilancia sobre ello como lo tiene sobre todas las empresas que aquí operan porque los usuarios deben tener múltiples garantías de seguridad, eficiencia y satisfacción”, señaló.
El legislador mencionó que en cada entidad la regulación de Uber se ajustó a las dinámicas locales y a los modelos tributarios que hacen una competencia justa.
Indicó que debe trabajarse en una reforma o una nueva Ley de Tránsito y Transporte del Estado, que permita eliminar barreras a la competencia que impiden el funcionamiento eficiente del mercado.
Debe, dijo, superarse los lastres que niegan la competitividad para el desarrollo para crear un un marco normativo más competitivo para Sinaloa que brinde mejores condiciones para las inversiones y la creación de empleos.
