El DIF de Zenén no hizo nada
En el 2011, el yerbero empírico avecindado en el ejido Felipe Ángeles, José Bañuelos Jiménez ya sabía lo que pasaba en el albergue michoacano Casa Hogar La Gran Familia, ahora intervenido por la Procuraduría General de la República (PGR), pero ninguna autoridad le hizo caso.
No le faltaban razones para sospechar que algo pasaba en ese orfanato de Zamora Michoacán, pues su sobrino, Jorge Heriberto Ramírez Bañuelos estaba interno. Todos, desde mamá Rosa Verduzco, fundadora de La Gran Familia, hasta Marisol Rojo de Xóchihua, entonces presidenta del Sistema DIF de Ahome, se lo impedían.
Don José, un zacatecano analfabeto y criador de dos familias con la venta callejera de yerbas y otros remedios caseros, tampoco comprendía por qué su sobrino no querría regresar con los suyos, al cumplir los 18 años de edad en marzo de ese año, y optaba por quedarse en el orfanato.
Incluso, no sabía cómo éste había enfermado de cáncer y también ignoraba si el hijo de su hija, Guadalupe Bañuelos Macías, era bien atendido. Esas preguntas, tres años después, no tienen respuesta.
Menos ahora cuando Rosa Verduzco se encuentra detenida en la PGR tras que se allanó el albergue por denuncias de trato inhumano e insalubre para 500 personas. Entre esos individuos, Jorge Heriberto es uno más.
Jorge Heriberto fue internado en la casa hogar porque el sistema DIF Ahome convenció a la madre de que firmara un permiso de seis meses para que su hijo fuese llevado a la casa hogar La Gran Familia. No pasó un semestre fuera de casa, sino que ya lleva un lustro, cinco años de ausencia. Y de él nadie sabe nada. Ninguna autoridad le informa al abuelo materno, que pese a ser analfabeto persiste en su afán de ver a sus nietos.
De acuerdo con un informe de la asociación civil Dignifica tu Vida en Familia, en la que se apoyó Don José, conocido por los vecinos como el Charro, para buscar ver a su nieto, Mamá Rosa prometió atenderlo bien, pero negó el permiso de visitas.
Mirna Duarte, presidenta de la asociación civil, afirmó que han buscado por todos los medios rescatar a Jorge Heriberto, pero no lo han conseguido.
Incluso notificaron del caso al presidente de Canacintra, Jorge López Valencia, quien promovió reunión con Martín López Félix, director jurídico de la Comuna, para analizar el caso y buscar la integración familiar, que desintegró el DIF en tiempos de Karla América Rojo Montes de Oca, como funcionaria.
El drama de José Humberto se repitió también con cuatro de sus medios hermanos.
El calvario para los niños comenzó en el momento en el que el sistema DIF de Ahome se enteró de la situación de abandono de los menores Bryan Guadalupe, Myriam Janeth, Esmeralda Gisel, y William, entonces criados por sus vecinos María Emilia Solís Castro y sus hijos Rafael y Liliana Bon. A doña Emilia, los niños la llamaban abuela y a los hijos de ella, tíos.
Entonces apareció el personal del DIF Ahome. Engañaron a doña Emilia para que firmara ceder a los niños a la casa hogar Santa Eduwiges, en donde estarían bien atendidos. Ella cedió porque le ofrecieron que podría verlos cada vez que quisiera.
Una vez en la casa hogar, a doña Emilia se le prohibió convivir con los menores, y durante cinco años sólo le han permitido verlos a la distancia, en misa, pese al legítimo reclamo del abuelo materno, Don José, de que se le abran las puertas para verlos, tras cinco años de ausencia.
Dos José asegura que su hija jamás fue procesada por abandonar a sus hijos, que serían sus nietos. Pero los niños fueron separados de sus familias sustitutas, aprobadas por la familia, pero repudiadas por el sistema DIF de Ahome.
Por todos los medios se ha buscado reincorporar a la familia desintegrada, pero los intentos han fracaso.
Duarte considera que el caso de los chiquillos del ejido Felipe Ángeles es una violación flagrante contra los derechos de los niños, pues más que protegerlos les causan un daño tan severo que terminan distanciados de sus familias biológicas, cuando no hay razón delictiva de por medio.
Hasta ahora, el DIF Ahome y las casas hogares continúan desintegrando familias impunemente. Incluso, violando juicios familiares, de derecho familiar y convenciones internacionales sobre Derechos de Los Niños, cuyas observancias son del orden constitucional.
Los abusos contra la niñez son institucionales.
