Transportistas enfrentados por acarreo de cosechas en Los Mochis

CRISTHIAN BURGOS. Alianzas monopolizan el acarreo.

Siete años de disputas continuas por corrupción en el transporte agrícola

Ante el inminente inicio de las cosechas de grano del ciclo agrícola Otoño-Invierno 2017-2018, inició el estira y afloja por el acarreo de campo a bodegas y de éstas a muelles entre concesionarios de carga en general, transportistas libres y el gobierno estatal.

En el ciclo anterior (Otoño-Invierno 2016-2017) se dio la venta indiscriminada de permisos de carga a particulares a razón de 8 mil pesos cada uno, responsabilizando de ello al entonces director, Guillermo Damián Haro Millán; a su asesor jurídico externo, José Luis Polo Palafox y al jurídico local, Erick Morales, a través de Cristhian Burgos Bojórquez, presidente de la Unión de Maquileros y Ejidatarios Particulares de la República Mexicana.

Todos los involucrados negaron las imputaciones, y estas no se han comprobado oficialmente, pese a que los concesionarios se manifestaron en carreteras exigiendo un freno a la corrupción y el retiro de los permisos temporales que fueron comercializados sin reparo de culpa.

Los camioneros también denunciaron el cobro de piso por los jurídicos ofreciendo dejarles trabajar sin inspecciones y de minimizar los efectos de multas, pero sin llegar a querellas penales.

Tras el escándalo que estalló en julio del 2017, convirtiéndose en el primer caso de corrupción documentado en el gobierno del priista Quirino Ordaz Coppel, éste resolvió degradar a Director de Vialidad y Transporte a su entonces director de gobierno, Octavio Ruiz Fonseca, y cesar del cargo a los involucrados, pero sin sanciones.

Del caos en el transporte, maquileros denunciaron que todo se debe a la trama del ex gobernador, Juan S. Millán Lizárraga que tiene sobre ellos un férreo control.

“Puede más que el gobierno en turno, bloquean camiones, imponen y quitan delegados, fustiga políticas del ejecutivo. Es un tipo agazapado, oculto en una sábana blanca, al que nadie ve, excepto los efectos de su manipulación. Es el Maquiavelo del transporte”, aseguró Burgos Bojórquez.

En la víspera de un nuevo conflicto, Ruiz Fonseca se apersonó con los dirigentes aliancistas buscando conciliar los intereses, pero sin mucho éxito, excepto por un compás de espera con la oferta de que más de 100 permisos temporales de transporte de carga y de pasajeros fueron retenidos por haber sido otorgados con irregularidades, y con la promesa de esculcar el otorgamiento de autorizaciones para carga en general durante los últimos tres años del gobierno anterior (Mario López Valdez).

Por separado, Cristhian Burgos Bojórquez puso en la mesa la manzana de la discordia, pues reclamó para su organización la asignación de cuando menos 50 permisos particulares para el acarreo de maíz desde los campos a las bodegas.

“Nosotros no nos metemos con el cabotaje, porque sólo pretendemos abaratar los costos de flete y trilla al productor y evitar que las trilladoras estén paradas por falta de camiones, exponiéndolas a un incendio porque el maíz muy seco tiende a encenderse”.

 CAOS. Por las concesiones de transporte.

Dijo que el transporte de carga agrícola es “muy injusto. Estamos hablando exclusivamente de corrupción, porque unas cuantas alianzas monopolizan el acarreo, parando las trillas cuando se saturan las mil 200 unidades para transportar el grano pues es imposible que ellos transporten tres millones de toneladas de maíz en unas cuantas semanas”.

Afirmó que éste será el séptimo año de disputas continuas y de caos por venir propiciando la corrupción, pues los camioneros deberán pagar cuotas de 200 pesos a cada inspector de transporte por permitirles descargar en bodegas.

Los organizados culpan de los conflictos a los “transportistas piratas”, pretendiendo satanizar a particulares que buscan abaratar costos ofreciendo servicios en volumen, cuando en realidad son ellos, por su insuficiencia e ineficiencia quienes provocan los altercados pues pretenden imponer a la fuerza su criterio a clientes o terceros, dijo.

“Una trilladora ocupa cinco camiones para movilizar la cosecha de una parcela: un camión cuesta 200 mil pesos, y una trilladora 5 millones de pesos. Esa inversión no puede detenerse por falta de acarreo caprichoso”.

José Antonio Chinchillas, presidente de la Alianza de Camioneros del Valle del Fuerte, aseguró que el gobierno estatal no debe ceder a chantajes, y hacer lo que la Ley del Transporte le permite, de lo contrario, propiciaría el caos y la corrupción, ambas situaciones perjudiciales para todos.

Por ello, dijo, los permisos de carga particulares para prestar fletes son ilegales pues estos se deben de otorgar al propietario de la carga, en este caso al ejidatario, y no al maquilero o al dueño de un camión.

Ambos casos son ilegales, por lo tanto se convierten en “transportistas piratas” que deben ser sancionados pues su operación está fuera de todo control.

Artículo publicado el 22 de abril de 2018 en la edición 795 del semanario Ríodoce.

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