El Congreso del Estado de Sinaloa avaló la semana pasada la Ley Anticorrupción, aprobada una semana antes por el Senado de la República, dando con ello el primer paso para prevenir, investigar y sancionar hechos de corrupción que se den en los tres niveles de gobierno.

Junto con Sinaloa, los congresos locales de Jalisco, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Estado de México, Hidalgo, Chiapas y Coahuila, también ratificaron esta iniciativa, la cual, de ser avalada por otros siete estados para convertirse en ley, pondrá en jaque a servidores públicos de todos los niveles que no puedan comprobar sus bienes patrimoniales.

Además, indicaron senadores, esta ley podría alcanzar a cientos de funcionarios públicos que ya no están en funciones, y que al término de sus administraciones, inexplicablemente, terminaron siendo dueños de extensas propiedades, plazas comerciales, restaurantes, complejos habitacionales u otro tipo de negocios lícitos.

Tal sería el caso de ex gobernadores de Sinaloa como Antonio Toledo Corro, quien de pronto resultó dueño del Rancho Las Cabras, el cual vendió posteriormente en mil 203 millones con 123 mil pesos; o bien de Juan S. Millán, a quien terminando su sexenio se le contabilizaron varias propiedades en Sinaloa, igual que a Jesús Aguilar Padilla.

“Estamos analizando todas esas posibilidades, pero por el momento la meta es que esta Ley Anticorrupción no sea bloqueada en los congresos de los estados, y una vez que ello ocurra, el proyecto de ley se convertirá en reforma constitucional y entonces analizaremos todos los alcances que puede tener”, dijo Pablo Escudero Morales, presidente de la Comisión Anticorrupción y Participación Ciudadana del Senado.

La ley, aprobada en la cámara de senadores el 21 de abril por 97 votos a favor, ocho en contra y dos abstenciones, destaca un apartado conocido como “extensión de dominio”, con el cual se detectarían de inmediato casos de enriquecimiento ilícito, o bien, funcionarios que estén recibiendo dinero por parte del crimen organizado.

“Esta función de extensión de dominio sólo la teníamos para delincuencia organizada, en el tema de los servidores públicos que no puedan acreditar bienes, dinero, o gastos que realicen, podrá surtir efecto de inmediato, porque a través de la Secretaría de Hacienda se determinaría todo ingreso irregular que se tenga”, explicó Escudero Morales, en entrevista con Ríodoce.

Esta medida, agregó, fortalecería el poder de la federación, ya que antes la auditoría de Hacienda debía esperar a que transcurriera un año para poder entrar a revisar, y dar resultados, pero ahora, la auditoría se hace en tiempo real, y en tiempo real se informa sobre adquisiciones, bienes, viajes, o vida ostentosa que lleve cualquier funcionario público, o bien sus familiares.

“Cuando se detecten que hay inmuebles que no se puedan comprobar, entraría de inmediato la Ley por Enriquecimiento Ilícito, y de ese modo no se repetiría lo de Guerrero, que el señor José Luis Abarca (alcalde de Iguala), era dueño de una plaza comercial, o de pronto vemos que hay gobernadores o gente de su gabinete que de la nada, tienen restaurantes, y propiedades, y bienes materiales que no se sabe de dónde salieron. En esos casos donde no esté justificado el dinero, aplica de inmediato la ley, y el estado podrá quitar los bienes a esta persona”, destacó Escudero.

La ley investigaría además a familiares de funcionarios, que sean incapaces de demostrar cómo adquirieron sus bienes, ya que la práctica de prestar nombres es común, y ello estaría contemplado dentro de la Ley Anticorrupción.

También a periodistas y partidos políticos

La ley también contempla castigar a los periodistas que reciban sobornos por parte de funcionarios públicos, o por políticos, ya que el plan es encarcelar tanto a quien soborna como a quien se deja sobornar, y ello incluiría a partidos políticos que de pronto excedan sus gastos de campaña y que no puedan demostrar por qué gastaron tanto.

“Todo se hará mediante un tribunal autónomo, con jueces especializados, que valorarán las pruebas que se encuentren, y que incluyen depósitos, licitaciones, presupuestos, y todo lo necesario para castigar, no sólo a los servidores públicos, sino a personas físicas y morales, ya que la corrupción va de ida y vuelta; es el que acepta pero también el que ofrece”, enfatizó el senador del PVE.

Para el senador Manuel Bartlett, del Partido del Trabajo (PT), el proyecto de ley es una simulación que simplemente convertirá a las instituciones participantes en un comité, que a su vez crearán un sistema de organismos que se darán facultades los unos a los otros, y acabarán tirándose la bolita.

“El problema de la corrupción viene desde el Presidente de la República, y mientras el presidente tenga absoluta inmunidad, y no pueda ser investigado, van a seguir las cosas iguales”.

En noviembre de 2014, el presidente Enrique Peña Nieto se vio envuelto en un escándalo que rebasó fronteras, luego que el portal de Carmen Aristegui dio a conocer una propiedad de su esposa, Angélica Rivera, en Lomas de Chapultepec, en la ciudad de México, la cual tiene un valor aproximado de 87 millones de pesos.

De acuerdo con Bartlett, ese tipo de situaciones, en donde funcionarios en funciones, o sus familiares, aparecen de pronto con propiedades valuadas en millones de dólares, es misterioso, y una ley como la de Anticorrupción, no investigaría realmente algo así, por la “inmunidad de que goza el presidente”.

“Si realmente se quiere atacar la corrupción, empecemos por el presidente, que está involucrado en conflicto de intereses, cohecho y abuso de facultades, y si queremos que esto funcione, esta ley debe ser regida por un organismo realmente autónomo, de otro modo estaremos ante otra pantomima”, dijo Bartlett, entrevistado en el patio del Senado de la República.

El senador perredista Armando Ríos Piter consideró que a más tardar en un año el sistema anticorrupción podría dar resultados, “siempre y cuando realmente se elimine el fuero para legisladores, Presidentes municipales y Presidente de la República”.

En tanto, la senadora Dolores Padierna, también del PRD, criticó algunos huecos en la nueva reforma porque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no fiscalizaría “en tiempo real”, sino que sólo lo hará para auditar.

“Hay grandes vacíos” y “una gran dependencia hacia el Ejecutivo Federal”, acusó.

En una entrevista con Edgardo Buscaglia hace una semana, el analista enfatizó en esa observación: mientras no exista una autonomía real, se va caer en lo mismo, y hoy por hoy, las dependencias mexicanas no son autónomas.

No obstante, para Escudero Morales enfatizó que es apenas un inicio, y que conforme se avance se irán haciendo modificaciones a la ley, para eventualmente dar todas las armas a una entidad autónoma para que entré, y audite a todo servidor público.

Funcionarios enriquecidos tras sus sexenios.

Antonio Toledo Corro

Gobernador de Sinaloa de 1 de enero de 1981 al 31 de diciembre de 1986.

Investigado por la DEA por sus supuestos nexos con el narcotráfico, de quien se cree, recibió millones de dólares para proteger a poderosos narcotraficantes de la época, incluyendo Miguel Félix Gallardo.

Fue propietario de La Cabras, que abarca más de 25 kilómetros que corren a la orilla de las playas del Pacífico, al sur de Sinaloa. Nunca pudo comprobar de dónde sacó el dinero para hacerse de ese predio.

Mario López Valdez le entregó un reconocimiento el año pasado.

Juan Millán Lizárraga

Gobernador de Sinaloa de 1999 a 2004.

Al término de su sexenio, tanto él como su esposa, sus hijos, incluso su chofer, aparecieron con 31 propiedades registradas a nombre de ellos, además de otra a nombre de Luis Pérez Hernández, director de Gobierno durante su sexenio. Pérez fue encontrado muerto a balazos el 25 de enero de 2011 en Culiacán.

El avalúo de las propiedades ligadas a la familia Millán suman más de 70 millones de pesos. Hasta el momento, el ex gobernador no ha dado la cara para precisar cómo se hizo de esas propiedades, que incluyen además el restaurant El Farallón y complejos habitacionales. Hay versiones extraoficiales que lo señalan como dueño del edificio de la Unidad de Servicios Estatales (USE).

Jesús Aguilar Padilla

Gobernador de Sinaloa de 1999 a 2004.

Al actual subsecretario de la Sagarpa se le descubrieron varias propiedades una vez que terminó su sexenio, luego que el Comité Nacional del PAN presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), por “enriquecimiento inexplicable”, según consta en el expediente con número de folio 00005212, presentado el 29 de junio en la Ciudad de México, y primero publicado por el diario Reforma.

Entre las propiedades descubiertas a Aguilar  Padilla y valuadas en varios millones de pesos destaca un mega predio con dos “grandes mansiones” en La Primavera, y una casa en Yameto, Navolato, con un terreno de 2 mil 300 metros cuadrados y con más de 800 metros cuadrados en construcción, con un costo aproximado en 15 millones de pesos. La demanda hace mención de una aportación hecha al Grupo Viz, de la cual es accionista, para lo cual el ex gobernador habría entregado un millón 413 mil pesos.

Aspectos de la ley anticorrupción:

Otorgaría más facultades a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para fiscalizar el gasto público.

Crearía una Fiscalía Especial Anticorrupción.

Convertiría al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa (TJFA), en un Tribunal Especial para casos de corrupción con una Sala Superior de 16 magistrados, designados todos por el presidente de la República y ratificados por el Senado.

Generará un Comité Coordinador integrado por el titular de la ASF, el fiscal anticorrupción de la PGR, el presidente del TJFA, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y del Comité de Participación Ciudadana, que a su vez integrará a cinco especialistas en temas como rendición de cuentas.