Agresiones contra periodistas en total impunidad; en Sinaloa Unidad de Protección a medias

 

REUNIÓN EXTRAORDINARIA. Del Presidente con Gobernadores del país.

El asesinato del periodista Javier Valdez, el 15 de mayo de 2017, caló al gobierno de Enrique Peña. Dos días después el gabinete de seguridad y todos los gobernadores del país se encerraron por tres horas para el anuncio de “medidas extraordinarias”, porque “la protección a periodistas y defensores de derechos humanos” así lo requiere, dijo el presidente.

Los reclamos por las condiciones de seguridad para el ejercicio de la libertad de expresión de por sí ya insistentes, se multiplicaron. Organizaciones mexicanas y gobiernos extranjeros condenaron el asesinato de Valdez Cárdenas y exigían justicia.

Peña Nieto pretendió atajar la situación con tres “medidas extraordinarias”: Fortalecer el Mecanismo existente para protección de defensores de derechos humanos y periodistas; coordinarse con las entidades federativas para detectar situaciones de riesgo; y fortalecer a la Fiscalía Especializada dependiente de la PGR, con mayor presupuesto y equipo humano capacitado.

De las tres, la única verdaderamente novedosa era la segunda: que los gobiernos estatales fueran corresponsables en la problemática, involucrándolos con sus propios mecanismos locales. Sin embargo, la organización Artículo 19 definiría la medida como una mayor burocratización del mecanismo, y el esquema local sería solo una oficialía de partes para recibir las llamadas de emergencia, una simple escala para terminar otra vez en el mecanismo federal.

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En México la actividad periodística y de defensa de los derechos humanos se tornó peligrosa a niveles de países en guerra a partir de la lucha antidrogas del presidente panista Felipe Calderón, en 2007. En el sexenio del retorno del PRI a la presidencia no disminuyó, y organizaciones no gubernamentales de defensa de la libertad de expresión coincidían en la crisis que enfrentaba México en materia de agresiones a periodistas y defensores de derechos humanos por más de una década.

Una semana antes de su asesinato, Javier Valdez entrevistó a Carlos Lauría, Coordinador para América del Comité para la Protección a Periodistas —CPJ, por sus siglas en inglés—, al presentar en Veracruz el informe Sin excusa: México debe quebrar el ciclo de impunidad en asesinatos de periodistas.

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Le dijo: “Hay un círculo vicioso de impunidad, que es un problema de democracia, una crisis profunda de libertad de expresión que está afectando hoy en día la calidad democrática. Los temas que están afectando la vida de los ciudadanos no se pueden hablar, escribir, comentar”.

Sinaloa, a medias

El gobierno de Sinaloa sería el primero en atender la instrucción del presidente Peña aquel 17 de mayo de 2017, y seis meses después el gobernador Quirino Ordaz promulgó el decreto que conforma el mecanismo local. Otros seis meses después, la Unidad de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos humanos no tiene titular, ni se nombra al Consejo Consultivo que lo acompañará.

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Óscar Loza Ochoa, activista permanente en reclamos por violaciones a derechos humanos, fue incluido junto a otros periodistas en las mesas que convocó Quirino Ordaz para buscar un mecanismo local de protección. Dice que se quedaron “a medias, como todo”. Y que muestra debilidad el estado ante una realidad peligrosa en Sinaloa.

EL GOBERNADOR. Ante la presión del gremio.

Mientras la Unidad existe pero opera a medias y sin una cabeza visible, se presentan casos de agresiones, refiere Loza Ochoa el más reciente en Mazatlán, cuando un activista es amenazado:
“La reacción —de la autoridad— no fue en tiempo la adecuada, ni tampoco en los informes que se tienen que generar para que luego se haga una evaluación del problema. No se está trabajando con la claridad que debe trabajar un organismo con este”.

Un año después

El 2017 terminaría peor que el anterior en los informes sobre agresiones a periodistas y activistas. Artículo 19 en su informe anual documentó 517 agresiones y 12 asesinatos, entre ellos los de Javier Valdez y Miroslava Breach. En lo que va del sexenio de Peña Nieto son casi 2 mil agresiones y durante su mandato México es considerado el país más peligroso para el ejercicio del periodismo junto a Siria, según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras. En Siria el conflicto armado provocó la muerte de 12 periodistas, los mismos que en México.

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Leopoldo Maldonado es abogado y miembro de Artículo 19, además acompañó la primera mesa de exigencia de justicia por el caso Javier Valdez con el gobierno de Sinaloa. Un año después, dice, “la violencia contra la prensa no solo no disminuyó sino que ha aumentado desde el asesinato de Javier”.

Hace un panorama nacional del último año, luego de las medidas anunciadas por el presidente Enrique Peña dos días después del asesinato de Valdez Cárdenas. “No fueron eficientes de ninguna manera, concluye, sí se crearon las Unidades Estatales, los enlaces estatales con el mecanismo federal. [Pero] Fue un poco caótico este proceso. No hay indicadores claros, no hay un seguimiento claro de las medidas, siguen siendo cuestiones que se constriñen a los botones, a los escoltas, ha mejorado la coordinación entre instituciones, pero sin que establezca de manera de una política pública integral”.

Para Leopoldo Maldonado además, el tema fundamental sigue siendo la impunidad. “Porque la impunidad sigue en niveles muy altos. A pesar de que la Fiscalía Especial (FEADLE) ha mostrado avances en algunos casos, siguen muchas asignaturas pendientes y muchos casos sin resolver. Es muy importante que se dé con los autores intelectuales y se esclarezca el móvil de los hechos. En los casos que no se han resuelto se sancione a todos los responsables, materiales e intelectuales”.

Artículo publicado el 13 de mayo de 2018 en la edición 798 del semanario Ríodoce.

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