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No más privilegios a los medios empoderados por el priato: Alfonso Durazo

 

Poner fin a las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos, promete el equipo de AMLO en el foro sobre libertad de expresión; también promover contrataciones justas de periodistas

El anunciado titular de la Secretaría de Seguridad Pública para el próximo sexenio, Alfonso Durazo, afirmó que en el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se permitirán más agresiones a periodistas y se castigará con todo el peso de la ley a los grupos políticos, económicos o criminales que reaccionen con violencia porque ven afectados sus intereses con la labor informativa.

Libertad de expresión y nuevo gobierno https://bit.ly/2MLjhlc

“Medios empoderados por el Priato se van a acabar. Nada de medios empoderados artificialmente por el Gobierno. Hay un replanteamiento de la política de comunicación  social y se va a gobernar bajo principios democráticos dentro de la legalidad”, dijo ante periodistas y defensores de derechos humanos que demandaron al gobierno federal entrante crear políticas públicas para castigar la violencia contra periodistas y restablecer las garantías para el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.

“No vamos a perder de vista a los estados y con todo el respeto a la soberanía… estamos en una situación de emergencia nacional en la que la solución de la violencia e inseguridad trasciende ya la responsabilidad de un solo poder y compete a los tres poderes y a los tres niveles de gobierno y ya no habrá forma de que los gobernadores eludan su responsabilidad en los problemas de incidencia delictiva en sus estados”, advirtió.

Pide RSF a próximo presidente una verdadera protección a periodistas https://bit.ly/2tFZHA0

“Habrá reuniones estatales presididas por los gobernadores de cada estado y se promoverán a nivel regional donde habrá un representante del Presidente de la República y del gobernador correspondiente para que se conozcan los puntos delictivos y se atoren los puntos rojos.  Y aquel funcionario que no respete las líneas de gobierno tendrá que asumir sus consecuencias porque no habrá protección, ni impunidad, ni influyentismo, ni amiguismo para funcionario que actúe al margen de la ley”.

En el Foro sobre libertad de expresión enfocado a recoger propuestas para diseñar políticas públicas relacionadas con la libertad de expresión, el primer reclamo hecho por el gremio fue que estaban mejor cuando no había tantas instituciones para frenar las agresiones contra periodistas.

2018, una oportunidad para los periodistas https://bit.ly/2IYlpVu

En su intervención en el Foro, realizado en el Museo Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, Alejandro Encinas, anunciado como Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación en el próximo gobierno, afirmó que el mecanismo de protección a periodistas, continuará. Va a fortalecerse y seguirá adscrito a la Segob, con una Presidencia de la Junta del mecanismo que el mismo presidirá.

BALBINA FLORES.

Habló de que el Mecanismo de Protección necesita fortalecerse, pero no solamente con dinero sino de garantizar una atención real de los derechos humanos de los periodistas, entendido este como un instrumento para atender emergencias y riesgos. Su obligación es buscar que se haga justicia en cada caso y crear condiciones para revertir lo que ocasionó el o los desplazamientos forzados de periodistas.

Revisarán sobremanera la participación que corresponde a los gobiernos estatales y crear una ley general —no federal— de protección a periodistas para que se obligue a los estados a adecuar las legislaciones locales y coordinarse con la federación para que se sancionen las agresiones cometidas por agentes del Estado y hacerlos que asuman su responsabilidad con el mecanismo de protección a periodistas.

#AgendaDePeriodistas: una renuncia de alto costo para el periodismo https://bit.ly/2NpnCzN

Habló Encinas de revisar el tema laboral de los periodistas y las condiciones precarias con que trabajan, como el caso del periodista veracruzano que le pagaban con ejemplares de periódicos y su venta sería el salario. Con esto explica cómo las empresas se desentienden no solo de la responsabilidad laboral sino jurídica, porque los envían a la guerra sin fusil y cuando los amenazan se desentienden de ellos, los despiden y encima de ello los boletinan provocando que no los contraten en otros periódicos, señaló Encinas.

Ante esto, dijo se procederá a revisar los términos en que se otorgan las concesiones a las empresas de radio y televisión para exigirles de acuerdo a la ley, el cumplimiento de sus obligaciones laborales, y garanticen condiciones dignas a los periodistas aun cuando su situación es de alta vulnerabilidad. Revisarán caso por caso el tema de la amnistía a defensores de derechos humanos que están presos.

La organización de periodistas, de vida o muerte https://bit.ly/2Krhtgp

Alejandro Encimas dijo que todas estas acciones que impulsarán para cumplir con la protección de los derechos humanos lo coordinarán con organismos internacionales como ONU, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos para restablecer una política de respeto que le fue arrebatada al Estado Mexicano.

Luisa María Alcalde, una joven con formación de izquierda —que a sus 31 años ocupará desde diciembre próximo la Secretaría del Trabajo—, dijo que por tratarse de una profesión de alta especialidad se replanteará la situación laboral de los periodistas porque el periodismo es una de las profesiones con enormes grados de informalidad laboral.

“Existen enormes abusos que hay en la subcontratación, en el tema de contratos laborales simulados con honorarios y sobre todo en la seguridad social. En el periodismo se ha convertido en deporte nacional inscribir a los trabajadores con salario mínimo. Estos temas serán centrales para cumplir con la Ley Federal del Trabajo”, dijo.

Consideró crucial el salario mínimo profesional para el periodismo; la seguridad social; el derecho a la vivienda y demás  mecanismos para la organización laboral, que es junto con el “amor al arte” una de las debilidades por las que se aprovecha el empresario de este ramo para desatender sus obligaciones.

Los periodistas reclamaron que ahora que existe un mayor andamiaje de instituciones del Estado para defender la libertad de expresión, hay más agresiones contra periodistas que antes que no había.

Pidieron observar bajo lupa a los gobiernos de los estados y sus procuradurías y policías municipales, que son los principales promotores de las  agresiones contra periodistas.

Daniela Pastrana, directora del grupo independiente Periodistas de a Pie, criticó la simulación enfermiza con que están operando las instituciones del gobierno federal, que ha puesto un mecanismo para proteger periodistas, una fiscalía para investigar las agresiones, sin que funcione nada.

El gran problema de esta simulación es que no hay una condena ni voluntad política para castigar los asesinatos y agresiones contra periodistas. A Peña Nieto se le ocurrió condenar estos crímenes cuando asesinaron a Javier Valdez, pero ya habían matado a 100 periodistas en el país, y jamás lo ha vuelto a condenar  y el asunto es que para cualquier nivel de autoridad estas muertes pasan desapercibidas.

MARCELA TURATTI.

Para la ONG Propuesta Cívica, la defensa de la libre expresión en México sigue siendo muy compleja porque el gobierno no aborda de forma estructural la problemática y solo da respuestas emergentes ante la presión internacional. En la Feadle hay graves deficiencias en materia de investigación y procuración de justicia; los casos más encumbrados por la dependencia —los de Javier Valdez y Miroslava Breach— siguen impunes porque no revelan aún a los autores intelectuales.

Propuesta Cívica y Ríodoce coincidieron en la utilización política de las leyes por el aumento alarmante de casos de periodistas hostigados por políticos que se declaran afectados por daño moral. Funcionarios con poder político están utilizando el derecho penal para criminalizar a los periodistas y el Gobierno debe abordar esto desde una política pública que garantice una protección integral de los comunicadores. No queremos que desaparezcan las instituciones, exigimos que las hagan funcionar, señaló Propuesta Cívica.

Ismael Bojórquez, director de Ríodoce, enfatizó que las instituciones enfocadas a garantizar el libre ejercicio del periodismo operan con muchas deficiencias, pero más que desaparecerlas deben fortalecerse porque es obligación del Estado a través de estos organismos, atender estos derechos y dar garantías. Por ello consideró que el mecanismo de protección no debe declararse autónomo.

Explicó que cifras oficiales señalan que el 80 por ciento de las agresiones contra periodistas provienen de agentes del Estado y eso ilustra el por qué en las entidades federativas no ha funcionado el mecanismo de protección ni se castiga a los responsables.

Marcela Turatti, Periodista independiente expuso que el tema laboral siempre ha sido telón de fondo para la violencia contra periodistas y viene bien que se incluya en los resolutivos del próximo gobierno. Hay periodistas amenazados y despedidos y casos de los que las empresas ni siquiera pagan el funeral.

Exigió a nombre del gremio, derechos no favores. Transparencia en la publicidad y reglas claras con los medios. No más boicot a medios libres y se investigue a los gobernadores no solo por corrupción sino también por crímenes contra periodistas. Hay un clima de linchamiento contra los periodistas de investigación y demandó restablecer con urgencia condiciones para poner fin al hostigamiento por parte del Estado.

La organización Internacional Reporteros Sin Fronteras declaró que del año 2000 a la fecha van 133 periodistas asesinados y 21 desaparecidos, de los que casi nunca se habla, subrayó su titular en México, Balbina Flores.

Igualmente se planteó integrar comisiones de la verdad para tratar los casos de defensores y defensoras de los derechos humanos que han sido víctimas de desaparición forzada y elaborar una ley general de protección a personas defensoras de los derechos humanos y periodistas que solucione —por lo menos en el papel—, la parte de justicia porque la ley actual no tiene un capítulo de justicia.

Artículo publicado el 16 de septiembre de 2018 en la edición 816 del semanario Ríodoce.

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