Más de 20 iniciativas congeladas, la herencia legislativa en Sinaloa

DIPUTADOS. Dejan pendientes.

Matrimonio igualitario, desplazados, discapacitados, Ley del Congreso, reformas electorales… y 20 iniciativas más ‘congeladas’ por diputados

Atrapados en una Ley Orgánica del Congreso del Estado obsoleta, la LXII Legislatura concluyó su último periodo ordinario de sesiones con un rezago de iniciativas que no dictaminó, menos discutió y votó.

Aunque legalmente los actuales diputados que concluyen su encargo el próximo 31 de septiembre tienen la posibilidad de convocar a un periodo extraordinario de sesiones para disminuir el tamaño de la llamada “congeladora legislativa”, existen temas que se estima no se llevarán al Pleno, no por falta de tiempo, sino por ausencia de consensos al interior de la Junta de la Coordinación Política.

Ley Orgánica del Congreso

La Ley Orgánica del Congreso del Estado ha sido señalada en diversas ocasiones como obsoleta por diputados de diversos grupos parlamentarios, quienes han propuesto diversas modificaciones. En la anterior legislatura sumaron 50 iniciativas de reformas. Durante la actual Legislatura se han presentado 61 propuestas más, de las cuales 10 han sido aprobadas.

En la última etapa de la anterior Legislatura, el entonces presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Jesús Enrique Hernández Chávez, aseguró que se trabajaba en un proyecto de nueva Ley Orgánica para el Congreso del Estado que serviría de base para que los nuevos diputados entraran con el pie derecho.

El objetivo era hacer una reingeniería al Poder Legislativo para que operara con un enfoque de mayor modernidad y transparencia. Sin embargo, al final de la 61 Legislatura no fue expedida ninguna nueva Ley Orgánica del Congreso del Estado, lo único que se heredó fue un proyecto avanzado, cuyo borrador estaba en la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico, prácticamente listo para ser presentado ante el pleno, pero no se hizo.

A la fecha no existe ningún dictamen elaborado sobre una nueva Ley Orgánica del Congreso del Estado, expedida hace 23 años.

MATRIMONIO. Entre personas del mismo sexo.

Matrimonio igualitario

La reforma al Código Familiar de Sinaloa para incluir el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo fue heredada a la actual Legislatura, sin que a la fecha se haya agendado el tema para su discusión.

El tema llegó a la actual Legislatura con el precedente de que en julio de 2014, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había emitido una tesis en el sentido de que no existía razón de índole constitucional para no reconocer el matrimonio de personas del mismo sexo.

La posición de la SCJN derivó entonces en la afirmación de que las parejas homosexuales se encontraban en una situación equivalente a las parejas heterosexuales, de tal manera que era injustificada la exclusión del matrimonio en Sinaloa.

Sandra Lara ratificó su propuesta de reforma al Código Familiar que había presentado en la anterior Legislatura en calidad de diputada. Esta plantea modificar el artículo 40 del citado código para definir al matrimonio como una institución mediante la cual se establece la unión voluntaria y jurídica de dos personas, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con el objeto de realizar vida en común.

Durante la presente Legislatura se sumaron nuevas iniciativas presentadas por los diputados Roberto Cruz (PAN), Efrén Lerma Herrera (PRD) y Merary Villegas junto con Jesús Baltazar Rendón (MORENA).

A la par, la comunidad de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (LGTB) acudió en diversas ocasiones al Congreso del Estado para exigir se legislara en torno al matrimonio igualitario, pero el tema nunca tuvo una fecha para ser discutido en la orden del día del Pleno.

DESPLAZADOS. Problemática desatendida.

Desplazados, deuda pendiente

Durante la actual Legislatura, diputados de MORENA, PRI y PAS plantearon la expedición de un nuevo marco legal para prevenir y atender la problemática de desplazados en Sinaloa. Las propuestas no se atendieron.

El Grupo Parlamentario del PAS presentó en formas conjunta la expedición de una Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno. Plantearon que desde 2012 inició el desplazamiento de personas de comunidades serranas como consecuencia de los enfrentamientos de organizaciones criminales. Destacaron que en el 2016 algunas poblaciones de Badiraguato se desplazaron en un 96 por ciento.

La propuesta recogió elementos vertidos en una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humano (CNDH) emitida en septiembre de 2017, al acreditarse violaciones a los derechos humanos, a cuando menos 2 mil víctimas de desplazamiento forzado interno.

El objetivo de la ley planteó establecer las bases para prevenir, proteger y asistir a las personas desplazadas internamente y después del retorno.

El diputado priísta Jesús Antonio Marcial Liparoli señaló que sumaban 4 mil personas que habían dejado sus comunidades en busca de refugio ante la violencia provocada por el crimen organizado.

Badiraguato, Concordia y Escuinapa fueron señalados como los municipios más afectados.

Entre otros puntos, la iniciativa contempló un registro estatal de desplazados, la creación de un consejo estatal integral, y el nacimiento de un fondo de contingencia para la atención del fenómeno, entre otros puntos.

En mayo de 2017, la diputada de Morena, Merary Villegas, había plateado reformas a la Ley de Seguridad Pública para crear el observatorio ciudadano para la Seguridad Pública, la atención de la violencia, la migración y el desplazamiento interno del Estado de Sinaloa.

Ninguna de las propuestas llegó a ser discutida en el Pleno.

Reformas electorales y financiamiento a partidos
En la congeladora legislativa quedaron también propuestas de modificación a la forma que se eligen regidores y síndicos procuradores, la posibilidad de que en la elección a gobernador puede realizarse la segunda vuelta, y cambios en el financiamiento a partidos políticos.

Un grupo de ciudadanos propuso que el financiamiento a los partidos políticos sea calculado en función del número de electores que votaron, no en relación a los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, y planteó que los gobiernos municipales eliminen la partida de prerrogativas a partidos por considerarla irrazonables y sin justificación política, por recibir ingresos por el gobierno federal y estatal.

Los ciudadanos propusieron que fuese reformada la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa en materia político electoral.

En el mismo sentido presentó una iniciativa de reforma el diputado panista Juan Pablo Yamuni para que el monto total del financiamiento público que se distribuye a los partidos políticos se calcule utilizando el número de votos válidos en la última elección, similar a la propuesta que hiciera en Jalisco el entonces diputado local Pedro Kumamoto Aguilar, con la iniciativa que se llamó “Sin voto no hay dinero”.

El diputado panista Zenén Xóchihua presentó también una iniciativa de reforma a la mencionada Ley, para que los recursos que actualmente otorgan los Ayuntamiento al financiamiento de partidos políticos, se destine a becas.

Carlos Castaños, quien se desempeñara como coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, propuso se incluyera en la Constitución la posibilidad de realizar la segunda vuelta en la elección a gobernador. La propuesta planteó que en las últimas elecciones la votación que alcanza el gobernador electo no supera la mitad de los votos emitidos, por lo que se hace necesario fortalecer la representatividad y legitimidad del mandato conferido, un recurso que ya existe en 10 países de Latinoamérica.

En la congeladora también quedó la iniciativa presentada por todas las representaciones de COPARMEX en Sinaloa, que propusieron modificaciones en material electoral para que la elección de las planillas de alcaldías no se integren al síndico procurador, sino que deba ser producto de una fórmula separada.

OLVIDADA. La atención a discapacitados.

Discapacitados olvidados

A la fecha suman un total de 12 iniciativas de reformas en favor de discapacitados presentadas durante la presente Legislatura, sin que a la fecha ninguna haya sido discutida ni sometida a discusión.
Las primeras fueron registradas en octubre de 2016 y fueron ratificaciones de planteamientos realizados en la anterior legislatura. Una de las primeras fue la presentada por la exdiputada panista Laura Galván para garantizar el acceso a oportunidades de educación a las personas con alguna discapacidad; y otra la del grupo parlamentario del PAS, que propuso una Ley de Inclusión Social de las Personas con Discapacidad.

La más reciente iniciativa fue la presentada por el diputado del PANAL, Ismael Arias López, quien planteó en su propuesta que se brinde oportunidades de trabajo a discapacitados, en el cinco por ciento de puestos de trabajo en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, incluyendo los órganos autónomos y ayuntamientos.

Otras propuestas contemplan que en el transporte público exista al menos dos asientos exclusivos para minusválidos, fortalecer facultades de los gobiernos municipales y gobierno estatal para inspeccionar y vigilar que todo inmueble de servicio al público cumpla con medidas de seguridad o facilidad para personas con alguna discapacidad, y aplicación de multas a quienes ocupen indebidamente los espacios de estacionamiento u obstruyan las rampas o accesos para personas con discapacidad.

Artículo publicado el 12 de agosto de 2018 en el edición 811 del semanario Ríodoce.

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