El juez sexto de Distrito de Procesos Penales Federales ordenó ayer martes que la ex dirigente magisterial, Elba Esther Gordillo presente en 24 horas una lista de las visitas frecuentes, que las llamadas telefónicas sean sólo a las personas de esa lista, que abogados o visitantes no entren con celulares o computadoras y si lo hacen, un policía esté presente.

De acuerdo a El Universal la Procuraduría General de la República pidió reforzar la seguridad en el domicilio en el que se encuentra recluida la ex dirigente sindical y controlar sus comunicaciones.

Por su parte y en entrevista al diario nacional, el abogado de la maestra, Marco Antonio del Toro, aseguró que interpondrán un amparo.

La PGR quiere “escuchar lo que hable (Elba Esther) y con quién”, según dijo la defensa a Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

Mediante un escrito presentado el 8 de febrero, la PGR indicó que el “uso desmedido de los medios de comunicación” que tiene Gordillo como ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación podría “desestabilizar la paz y seguridad del Estado Mexicano”.

“Resulta imperioso que se establezca un régimen de control de comunicación para dar cumplimiento de forma adecuada a la medida de seguridad concedida en su momento y evitar un descontrol que permita perder el sentido y esencia de la prisión preventiva domiciliaria”, indicó la dependencia.

La PGR reconoció que Gordillo Morales no representa un riesgo de fuga, pero agregó que es necesario tener un mayor control del domicilio en el que se encuentra recluida, ubicado en Polanco, para que pueda ser localizable y vigilada permanentemente pues únicamente cuenta con vigilancia al exterior del edificio y el departamento.

Esto deriva en que las autoridades no conocen los temas que trata la maestra con las personas que la visitan que, señaló la PGR, llegan a ser más de una decena diariamente.

“Esta representación social estima que la procesada en lugar de tener una prisión domiciliaria tiene una oficina de despacho en donde atiende a un sin fin de personas, desconociendo para qué fines”, agregó.

Todo ello, afirmó que violenta los alcances y consecuencias de la medida de seguridad de prisión domiciliaria concedida por un magistrado federal en diciembre pasado.