Hartos de engaños, transportistas de carga en general recurren a instancias penales para poner un freno a lo que ellos llaman la “incesante corrupción en la Delegación de Vialidad y Transportes del Norte de Sinaloa”.

José Antonio Chinchillas, presidente de la Alianza de Camioneros del Valle de El Fuerte, afirmó que la imputación penal lleva un nombre: Erick Flores Leal; y un cargo: asesor jurídico.

Chinchillas no va sólo en la denuncia sino respaldado por todas las organizaciones de Transporte de Carga del Norte de Sinaloa.

El miércoles, las brigadas de defensa de trabajo de los aliancistas detectaron movimiento de un camión Dodge, modelo 1980, que desplazaba huevo de una bodega.

Cuando interceptaron la unidad y al conductor para que inspectores checaran la documentación, el chofer alardeo de tener una autorización. Y enseguida mostró el permiso de carga particular 29888 (PERM:001) expedido por la Secretaría General de Gobierno (Dirección de Vialidad y Transportes; Transportes privados) en Los Mochis, Sinaloa el 17 de enero del 2018 a favor de Jorge Saquelares Menchaca para el abastecimiento a los domicilios de sus clientes hasta el 17 de febrero del 2018. El permiso no fue pagado, sino exento de costo.

El permiso fue aprobado por el encargado de la Delegación de Vialidad y Transportes, Hugo Hernando Leal Sañudo, pero sin su rúbrica. En lugar de ella aparece una abreviatura P.A, y una firma ilegible.

Chinchillas acusa: “Es la firma Erick Flores Leal, y es él quien otorga los permisos que nosotros denunciamos. Esto es corrupción, pero ellos no la quieren ver. Por eso vamos a la denuncia penal”.

Recordó que durante la zafra pasada de maíz, la misma dependencia fue exhibida por vender permisos de carga a particulares en 7 mil pesos, los cuales fueron anulados después de movilizaciones masivas.

Afirmó que los transportistas no pretenden canonjías ajenas a lo que la Ley del Transporte obliga, pero tampoco permitirá que esta se manipule para favorecer a terceros a cambio de dinero ilegal. “Sólo buscamos que se aplique la ley, sin favorecer a nadie. Sólo lo que la ley dice”.

Apenas el fin de mes (enero), decenas de permisionarios bloquearon las calles de la delegación de Vialidad y Transportes, exigiendo a Hugo Leal Sañudo la aplicación de la ley de Transporte en contra de camioneros “piratas”, que los han desplazado del acarreo de fertilizantes y granos de las bodegas a otros destinos.

Tras la movilización y bloqueo de unidades privadas, los concesionarios obtuvieron respuesta de la Dirección y los inspectores se movilizaron.

La presencia de los uniformados desalentó la invasión de zonas de trabajo, pero el acarreo de granos disminuyó notablemente.

“Estamos sólo a un 5 por ciento de trabajo de la flota de carga. Es mínimo. Esta crisis se mantendrá hasta mayo, cuando las trillas de maíz arranquen”, expuso Chinchillas.

Leal Sañudo, en su oficina, afirmó que los permisos a carga particular se otorgan cuando el beneficiado cumple con los requisitos que la Ley de Transportes exige, y aseguró, que no hay conflicto con los permisionarios, por ello ya se les han extendido todas las garantías para evitar que sean desplazados por particulares o “piratas”.

“Hoy todo está en orden. Los inspectores están amonestando y multando a los que sorprenden realizando competencia desleal”.

El funcionario dijo que en el caso de los dompes, el conflicto que sostienen con las constructoras locales está en vías de solución, tras 15 días negociaciones.

“La solución se dará en la Dirección de Transportes. Nosotros acataremos y haremos cumplir el acuerdo, mientras tanto, seguimos vigilando las carreteras para que no sean los camioneros ilegales, los que se lleven el trabajo de los concesionados”.

Francisco Luna Bejarano, presidente de la Alianza de Transportadores de Materiales y Agregados para la Construcción y otros dirigentes gremiales se habían reunido en la Dirección de Vialidad y Transportes buscando destrabar el conflicto.

Al final de la asamblea que se prolongó hasta este viernes, los permisionarios levantaron el bloqueo con un acuerdo de distribución del trabajo del 50 por ciento.

Hasta ahora, los empresarios locales Gusa y Calmsa han resultado más voraces que los foráneos, pues los primeros constructores que ganaron la licitación del primer tramo no opusieron trabas para una equitativa distribución del trabajo.

Líderes gremiales afines a las constructores y funcionarios municipales pretendieron responsabilizar a los concesionarios del retraso en la reconstrucción de la carretera Los Mochis-Topolobampo empujando críticas sociales, pero Luna Bejarano aclaró que el retraso se debía a que no había máquina de tendido de concreto y a que la planta de mezclado estaba inconclusa, ambos problemas de los empresarios.

En un comunicado, la diputada local por el Partido Acción Nacional (PAN) Tania Morgan Navarrete afirmó que la aplicación de la reforma a la Ley del Transporte vigente desde el 12 de septiembre del 2017, tiene impedimento en la ineptitud del Gobierno, de la Secretaría de Gobierno y en específico de la Dirección de Vialidad y Transportes, en donde está Guillermo Damián Haro Millán, que afirmó que “omisiones” en la legislación dificultaban la elaboración de un reglamento de aplicación.

“En su respectivo momento, en comisiones se analizará el contenido de la iniciativa y determinará si es procedente o no”, afirmó.

La dependencia debió expedir un reglamento a los 180 días de entrada en vigor la ley o al menos iniciado, pero a cuatro meses de ello el documento no existe.

Recordó que las modificaciones a la Ley de Transportes se realizaron por 14 medidas correctivas para eliminar las barreras a la competencia y libre concurrencia en el mercado del servicio público de transporte de carga en todo Sinaloa.

El 18 de enero del 2018 el Congreso exhortó al Ejecutivo estatal para que en un plazo no mayor a 60 días a realice la armonización al Reglamento General, y en consecuencia al tabulador de infracciones y sanciones de la Ley de Tránsito y Transportes del Estado de Sinaloa, conforme al Decreto Número 5 publicado el día 23 de diciembre de 2016, en el Periódico Oficial “El Estado de Sinaloa”, número 156. A la fecha, nada se ha realizado.

Artículo publicado el 11 de febrero de 2018 en la edición 785 del semanario Ríodoce.