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Corrupción de Ayuntamientos en entrega de casas a desplazados

FRACCIONAMIENTOS. Deshabitados.

 

—¿Estas casas se las vendieron?

—A nosotros nos dieron el material y las hicimos nosotros, pero nos regalaron todo, el piso y el material.

—¿Cuánto les costó?

—¿Dinero? 10 mil 600.

Hilario es un hombre de San José de Gracia, pueblo serrano ubicado en el municipio de Sinaloa de Leyva. Vive ahí desde 2012, confinado en un fraccionamiento que se construyó en 2014 por el Ayuntamiento y la Secretaría de Desarrollo Social con fondos federales.

Lea: Desplazados de Concordia, excluidos del interés de gobierno https://bit.ly/2CnHWK3

Debían entregarse a personas desplazadas, pero no sucedió así en su totalidad, debido a que hubo un descontrol con los registros.

El Gobierno del Estado inició un censo de personas desplazadas por la violencia, después de casi cinco años de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos enviara medidas cautelares en favor de dos activistas desplazadas, una de Sinaloa y otra de Choix.

El caso también se revisó por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que emitió la recomendación 39/2017.

Ahora, Gobierno del Estado comenzó a atender las recomendaciones, e iniciará con un censo para poder aplicar programas de seguridad, vivienda, educación y salud.

“Con esto vamos a poder conocer cuántos desplazados se encuentran, cuáles son las razones del desplazamiento”, dijo Álvaro Ruelas Echave, Secretario de Desarrollo Social.

Según la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Sinaloa, hay 36 mil 560 personas que entre 2012 y 2016 habían dejado su hogar obligados por la violencia, el 1.3 por ciento de la población total de la entidad.

La mayoría de los desplazamientos ocurrieron en zonas serranas, las más carentes de personal de seguridad, según informes que compartió la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y activistas desplazados de Sinaloa.

Las principales comunidades expulsoras fueron Ranchería La Noria en Culiacán, Ojo de Agua y Las Palmillas en Escuinapa, Tecomate de la Noria y el Tiro en Mazatlán, La Meza y El Zapote en Sinaloa; El Oro, Tararán, Madriles, Puerto La Judía, Real Blanco y Los Laureles en el municipio de Choix; Corral Quemado en Mocorito, La Ladrillera en Badiraguato, Zaragoza en Ahome, Cieneguilla y Platanar de los Oliveros en Concordia, y El Llano en Angostura.

Los desplazados se reubicaron en Badiraguato, Sinaloa, Elota, El Fuerte, Mocorito, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Rosario, Salvador Alvarado, Concordia y Culiacán.

 

Fraccionamientos vacíos

La Secretaría de Desarrollo Social dio a conocer en otro informe que en los últimos cinco años han vuelto a sus hogares alrededor de 2 mil 500 personas, es decir, sólo el 7.4 por ciento del total de personas desplazadas.

Lea: Desplazados en el abandono mientras violencia azota en la sierra sur de Sinaloa https://bit.ly/2QzaOU6

Sin embargo, hubo personas que prefirieron, como método de seguridad, quedarse en las ciudades y pueblos que los recibieron tras su desplazamiento.

Hubo, además, iniciativas para la construcción de fraccionamientos a través de fondos federales, como en Choix, Concordia y Sinaloa, pero en el caso de Choix y Sinaloa las condiciones de seguridad no fueron suficientes y volvieron a ser abandonadas.

Las colonias debían ser rescatadas, según un proyecto planteado en 2014 por Alejandro Murat Hinojosa, entonces director de Infonavit, el cual también contemplaba comprar o recuperar casas de morosos del instituto. El plan no se concretó.

Esperanza Hernández Lugo, desplazada de Ocurahui en 2012 por actos de violencia, explicó que en el proyecto de las colonias, los ayuntamientos ofrecieron que las personas desplazadas pagaran 10 mil pesos y que fueran ellos quienes hicieran las construcciones.

“Esas casas fueron dadas a otras personas que no eran desplazadas, a los amigos de los alcaldes y del gobierno del Estado”, dijo.

Los fraccionamientos se terminaron, pero quedaron deshabitados.

Pronto se dio razón de que estos habían sido ofrecidos a personas que no habían sido desplazadas, sino elegidas por las administraciones municipales para que pagaran vivienda a bajo costo.

“Se la dieron a gente que ya tiene casa, gente de Mochis, de otra parte, que no la ocupa”, dijo Rosario, mujer desplazada de San José de Gracia.

“Porque yo me apunté en estas y no me dieron, le dieron a gente que ya tiene, le dieron aquí y no se viene. Aquí enseguida hay gente que se la dieron y ya ve, está sola, no tiene vidrios, los plebes las quiebran, le tiran piedra, están solas, pues”.

 

Los nuevos desplazamientos

Los desplazamientos forzados se agravaron en 2017, cuando incrementó la violencia en el sur de Sinaloa.

Ese año, un censo arrojó que 625 familias fueron desplazadas de la zona serrana por violencia e inseguridad, la mayoría de Badiraguato y Concordia.

Por Badiraguato se registraron 295 familias de los poblados Potrerillos, Carricitos, Saucitos, San Javier, San Javier de Arriba, Cieneguita de los López y Sierrita de Potrerillos, que se instalaron en 43 colonias de Culiacán.

En el caso de Concordia sumaron 310 familias desplazadas desde agosto del 2017 hasta septiembre de 2018, que fueron víctimas de asesinatos, desapariciones, violaciones sexuales y amenazas.

Tras esos desplazamientos y la presión de los grupos de desplazados acompañados por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el Gobierno de Sinaloa planteó un nuevo proyecto de atención, para el cual el Congreso del Estado asignó 12 millones de pesos.

La primerar acción es la de un censo estatal que se hará con una metodología elaborada por académicos de la Universidad Autónoma de Occidente.

En un primer bloque, que sirvió como ensayo, se arrojó el registro de 700 familias desplazadas que viven en Mazatlán y Salvador Alvarado, por lo que la advertencia es que pueda romperse con los números que se hicieron públicos en 2016 por Gobierno del Estado.

Ese censo deberá terminarse este año, para continuar con la segunda etapa que consiste en la construcción de viviendas y luego cumplir con las recomendaciones sobre salud, educación y seguridad integral que la Comisión Nacional de Derechos Humanos exigió en su recomendación en 2016.

Artículo publicado el 17 de marzo de 2019 en la edición 842 del semanario Ríodoce.

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