Ocho meses después de haber asumido el cargo, el gobernador de Sinaloa, Mario López Valdez, inauguró en Choix la planta minera “María”, cuyo capital de inversión, de diez millones de dólares, se aportó por una sociedad de empresarios chinos y mexicanos.
El gobernador dijo lo que tenía que decir en el evento: que Sinaloa es un campo fértil para la inversión, que este tipo de asociaciones comerciales son un ejemplo para que haya más inversiones en el estado, y que, por ello, siempre se tendrá el apoyo del Gobierno estatal.
La planta pertenece al consorcio Paradox-Xingye y se suponía que con el funcionamiento de la mina se generarían al menos 280 nuevos empleos. El material producido se importaría a China.
Entre lo que dijo el gobernador, porque lo tenía que hacer, es que su gobierno ofrecería siempre las condiciones necesarias para generar esa confianza que requieren los inversionistas.
Y la razón de la insistencia en este punto es que la mina venía arrastrando un conflicto desde años atrás, por el incumplimiento de compromisos que sus administradores habían asumido con los ejidatarios de Potrero de Cancio, a cambio del permiso para explotar el predio Cuauhtémoc, algo que vienen haciendo desde 2006.
Más tardó en echarse a andar la planta, que en resurgir un problema que, a la postre, se convertiría en una pesadilla para todos. Al no obtener lo que reclamaban, el pago de tres dólares por tonelada métrica de material extraída, los ejidatarios presentaron resistencia para que la planta operara con normalidad: bloqueos, protestas, demandas legales…
Meses antes habían bloqueado los accesos a la planta y, aunque la representante legal de la sociedad minera, María Hermila Márquez Rodríguez, se mostraba dispuesta a “seguir ayudando a la comunidad”, la verdad es que escamoteaba todo compromiso con los campesinos.
El conflicto degeneró, pues el despacho que asesora desde entonces a la sociedad minera es “Higuera Gómez y Asociados”, a través del abogado Jonathan Gutiérrez Palomares. Sí, el despacho que dirige el procurador de justicia. Y también porque en agosto de 2013, la Policía Ministerial, que depende del procurador, detuvo a más de 30 ejidatarios que se encontraban bloqueando los accesos a la planta minera y los acusó ¡de despojo agravado!
Al menos 20 campesinos salieron de la cárcel y los 12 restantes ganaron la semana pasada un amparo ante la justicia federal, de tal modo que lograrán su libertad en los próximos días.
El conflicto se agudizaría pues, el 22 de mayo, el líder de los comuneros que se oponen a la explotación de la mina sin beneficios para su comunidad, Ramón Corrales, fue asesinado. Lo levantaron en su propiedad y luego apareció acribillado con impactos de fusil. Fue en esos mismos días que la compañía minera empezó a disminuir su actividad, la producción bajó y se suspendieron los embarques de hierro a China.
Así, a la vuelta de tres años, un proyecto que pudo ser muy productivo para los empresarios, pero también para la comunidad que alberga a la minera, se vino abajo. Y no fue por la protesta de los campesinos que reclaman lo que es suyo, sino por la ambición de los empresarios y por la complicidad de las autoridades que, con el pretexto de que hay que generar empleos y dar seguridad a los inversionistas, pisotean los derechos de sus propios gobernados.
Siempre se ha dicho, aunque no está demostrado, que en la sociedad, de la parte mexicana, se encuentran involucrados el ex gobernador Juan Millán Lizárraga (por el lado mexicano, no de los chinos) y el ex secretario de Finanzas Óscar Lara Aréchiga. Los campesinos sostienen esto porque un cheque de 50 mil pesos recibido por parte del ejido para iniciar las negociaciones, en 2003, estaba firmado por estos dos ex funcionarios. Así que no sería muy complicado establecer qué pitos tocan estos dos políticos en el conflicto, porque copia de este cheque aparece en el expediente que hay sobre el conflicto en los tribunales agrarios.
No debe descartarse el cierre de la empresa minera. Hace días se confirmó que las actividades están suspendidas. Un barco cargado de hierro fue asegurado por el SAT en el puerto de Topolobampo, porque la exportación del material no estaba debidamente documentada.
Bola y cadena
POR LO PRONTO, LA REVISTA PROCESO acaba de publicar la semana pasada que en los últimos cinco años, el crimen organizado ha obtenido ganancias hasta por mil millones de dólares en el robo y exportación de hierro. Michoacán, Jalisco y Colima son las entidades señaladas, donde los yacimientos están siendo explotados en la ilegalidad. Todo con destino a China.
Sentido contrario
¿CUÁNTAS INJUSTICIAS MÁS cometerá este Gobierno infausto? Lo hizo contra los comuneros de Villa Unión, la mayoría ancianos, por reclamar el pago de indemnizaciones por la afectación de sus tierras, cuando se construyó el Libramiento III. Pero lo mismo hizo con los afectados por la construcción de la presa Picachos, igual de injustificado y de arbitrario, lo cual significa que la represión en este gorilato es una constante. Igual que la impunidad con que se ejerce.
Humo negro
¿Y EN QUÉ VARIABLES SINALOA ES PRIMERO? En ninguna, a menos que echemos mano de las negativas: criminalidad, corrupción, feminicidios… Allí están los estudios que demuestran que Sinaloa decrece, respecto a lo que ocurre a nivel nacional. No somos productivos, no tenemos inversión extranjera, somos de los estados con mayor burocracia, de los que tenemos más informalidad en la ocupación. Ah, pero ya estamos desesperados por saber quién será el sucesor.
