Señalar que las entidades públicas de Sinaloa, los gobiernos municipales, el estatal, los organismos autónomos y descentralizados, manejan turbiamente los recursos que se les asignan, se está volviendo un cuento de nunca acabar, como aquellos que se inventaron para sobrevivir al insomnio.
No hay consecuencias para nadie, más allá de los señalamientos públicos, porque luego de los informes de la Auditoría Superior del Estado (ASE) viene la etapa de las reconsideraciones, los acuerdos palaciegos o, simplemente, el olvido.
Ni la federación, a través de la Auditoría Superior (ASF) ni el Congreso del Estado, han tomado medidas para evitar el saqueo que se está haciendo de los recursos públicos de todas o casi todas las entidades gubernamentales.
El atraco no solo es evidente —las pruebas están en cada informe de los organismos fiscalizadores—, sino, ahora también, compulsivo, burdo, abusivo, cínico y, a pesar de ello, impune.
Lo que se observa en las cuentas de la secretaría de Agricultura, por ejemplo, es doblemente inmoral, pues los programas que la ASE señala en su revisión de la cuenta pública del segundo semestre de 2013, fueron creados para ayudar a la gente más necesitada, y resulta que fueron aprovechados por los funcionarios de primer nivel para enriquecerse. Y si el lector quiere agregar un agravio adicional es que esa secretaría está dirigida por gente que ha navegado, durante décadas, con banderas de izquierda, una ideología que tiene en el centro de sus propósitos el apoyo a los sectores marginados.
Es vox populi que desde los altos mandos de esta secretaría hasta los operadores de los programas a ras de tierra, han estado haciendo negocios con esos programas, inventando beneficiarios, escamoteando apoyos que les corresponden a los verdaderos productores y creando empresas fantasma para bajar recursos que al final terminan en sus bolsillos. Lo hicieron con los recursos asignados para apoyar a los productores después de las heladas de febrero de 2011, lo que motivó que, fuera del presupuesto y furtivamente, se tuvieran que contratar los servicios de despachos contables para “enderezar” las cuentas. Y ahora está saliendo la mugre en el programa Apoyos a la Inversión en Equipo e Infraestructura del Sector Agrícola, Ganadero y Pesquero, que tiene recursos de la federación y del Gobierno estatal. En la revisión del presupuesto ejercido en 2013, la ASE ha detectado recursos ejercidos pero no documentados de esos programas y podemos prever lo que pasará con las observaciones, que es lo mismo que ha ocurrido con los cientos de señalamiento del órgano fiscalizador en estos tres años que ha estado revisando las cuentas: nada.
Desde el inicio de la administración malovista, esa secretaría estaba destinada al fracaso y al escándalo. Primero, porque su titular, Juan Guerra Ochoa, desconocía por completo el tema agrícola y pesquero, pero había llegado al cargo por un pago de cuotas del gobernador a Juan Millán Lizárraga, con quien Guerra Ochoa ha mantenido desde hace décadas una relación de colaboración mutua. Segundo, porque uno de los subsecretarios, Óscar Félix Ochoa, ha sido ligado, por muchas razones, a la estructura política del cártel de Sinaloa. A la misma que pertenecía Enrique Mendívil Flores, asesinado dos semanas antes de las elecciones de 2010. Y, tercero, porque Juan Figueroa Fuentes, director de la Unidad de Enlace y Evaluación de Programas de Desarrollo de la Secretaría de Agricultura, había sido demandado por el Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco), por no pagar casi 30 millones de pesos que le había prestado en 2006.
Bajo el proyecto para la adquisición y venta de 7 mil 800 toneladas de fertilizantes entre los productores del sector social, Figueroa Fuentes (a través de Comercializadora Don Chano) recibió 29 millones 700 mil pesos de Nacional Financiera como institución fiduciaria en el año 2006.
Pero nunca los pagó y en diciembre del 2008 la institución decidió entablar una demanda mercantil en su contra por incumplimiento. Como representante legal de la comercializadora aparecía Claudia Érika Román Acosta, la misma que ahora ocupa el cargo de jefa del Departamento de Normatividad y Seguimiento de la dirección cuya titularidad recae… en Juan Figueroa Fuentes.
Bola y cadena
PERO AQUÍ HAY UN RESPONSABLE político de estos manejos y es el gobernador del estado, Mario López Valdez. Como también de lo que ocurre en el Icatsin, administrado por Audómar Ahumada Quintero con la misma turbiedad y cuyo desorden también se señala en el más reciente informe de la ASE. Como lo es por lo que hizo a su paso por el Conalep el ahora diputado Ramón Lucas Lizárraga. ¿Es esa la izquierda que merecen los sinaloenses? ¿Y ese es el cambio que pregonaron? ¿Pues que traían mucha hambre?
Sentido contrario
SON LOS MISMOS QUE critican a Andrés Manuel López Obrador —quien está estrenando partido político— de mesiánico, loco, divisor. Tal vez sea cierto. Pero de ladrón nunca lo han acusado.
Humo negro
LA REFORMA ENERGÉTICA tampoco tiene límites en el cuidado del medio ambiente, pues el Senado de la República, a pesar de la oposición manifiesta de organismos ambientalistas de México y del mundo al uso de la técnica del fracking para la extracción del gas shale, ésta se aprobó. Ya se contarán las consecuencias.
