El invierno de AMLO

Con el invierno arrancará la presidencia de Andrés Manuel López Obrador. Tuvo un verano que fue casi una primavera, un spring break mesurado y responsable; llegó el otoño y el panorama se le fue haciendo sombrío. Otoño es el momento de las explicaciones, justo su punto flaco, algunos árboles se muestran en su expresión cuando pierden sus hojas.

Verano y otoño han sido insuficientes para que López Obrador explique con certeza un tema fundamental: cuál es el rumbo que tomará el combate a la violencia en México. No explica, divaga. Y peor, continuamente se contradice o lo contradice su equipo cercano.

Cierto que la seguridad pública no es lo único en que AMLO se anda por las ramas, o sigue con un guión de generalidades, pero a diferencia de otros temas como la macro-economía o los programas sociales, en seguridad pública no hay un andamiaje institucional que marque alguna directriz —como el Banco de México en el control de la inflación— u organismos internacionales como el Fondo Monetario o el Banco Mundial en una vigilancia extrema.

Antes de que concluya octubre se presentará el plan, es verdad, pero las pinceladas hasta ahora adelantadas no ofrecen ninguna claridad. Casi de antemano podría irse sepultando esa vaga idea del perdón y tendrán que sustituirla por alguna otra, ojalá que fuera con la justicia. El perdón naufragó de foro en foro, mientras las víctimas de la violencia reciente desfogaban un rencor ahogado por años en el olvido. Felipe Calderón y Enrique Peña no atendieron a las víctimas, el primero las escuchó y hasta soportó reclamos, el segundo de plano se refugió en su caparazón.

López Obrador está en la posibilidad de rectificar. De nada servirá un documento excelso, lleno de buenos deseos o culpas a los anteriores gobiernos.

La seguridad pública en México está muy lejos de ser un sistema. Aunque en su apariencia existe, se activa y hasta semeja serlo, en la realidad no alcanza la categoría de sistema que integra sus partes. Si tan solo fuera un sistema disfuncional el reto no fuera tan enorme. El sistema en México es más a un Frankenstein. Un ser viviente conformado por distintas piezas, todas diferentes, y aunque se le otorgó la vida no deja de provocar terror.

En la última década se han venido conformado organizaciones de ciudadanos que se han vuelto expertos en las partes que integran el tema de seguridad. Muchas de ellas incluso han conformado índices para medir resultados o publican estudios periódicos de avances. Van desde el trabajo policiaco hasta el estado de derecho. Por informes, documentos, datos y diagnósticos no es necesario preocuparse. Esos sobran. Es en otros puntos del camino donde todo se atora.

Con las propuestas para pacificar al país, como le gusta decir a López Obrador, o la política de seguridad para el próximo sexenio, se juega mucho el Presidente electo.

 

Margen de error

(El plan) Es lugar común decir que la violencia no se ataca solo con armas y policías, ninguna política de seguridad seria incluye únicamente eso. Por ello reviste mayor importancia el plan de seguridad de AMLO, será la primera propuesta concreta y precisa del nuevo gobierno, después de meses divagando y sin comprometerse a fondo en ningún tema. Además, tendrá que abarcar otros asuntos porque el plan obligadamente se encadenará a temas de procuración de justicia, atención a víctimas, educación para jóvenes involucrados en organizaciones delictivas, pobreza y desigualdad.

Es decir, tomando como eje el plan de seguridad tendrá que revelar definiciones en otros temas importantes.

 

Primera cita

(Índice) En este marco, la organización World Justice Proyect presentó el Índice de Estado de Derecho de los Estados de México 2018, donde aplicaron encuestas a más de 25 mil ciudadanos, además de cuestionarios para expertos y otras fuentes. El índice da puntajes a 42 indicadores agrupado en 8 factores. De los 32 estados ninguno alcanzó un puntaje superior a .5 –en una escala de 0 a 1-. Más cerca del 1 es más cerca del ideal de un estado de derecho.

En los extremos del indicador están Yucatán, Aguascalientes y Zacatecas, con los puntajes mejores —aunque ninguno alcanza siquiera el medio punto—, y del otro lado Guerrero, Baja California y el Estado de México con la más baja evaluación.

A pesar de los pobres resultados, los investigadores que participaron en el índice señalan que “México se encuentra en una situación única para mejorar sus instituciones y garantizar que se cumplan las leyes. El WJP está comprometido a ayudar a fortalecer el estado de derecho en México y acompañará este proceso a través de la publicación de herramientas de análisis, evaluación y monitoreo. El Índice de Estado de Derecho de los Estados Mexicanos es el primer paso en este sentido “.

(Sinaloa resultó con .41, entre los primeros diez lugares) (PUNTO)

Columna publicada el 14 de octubre de 2018 en la edición 820 del semanario Ríodoce.

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