Alcaldes, funcionarios y periodistas, los más afectados por la violencia política

SECUENCIA DE VIDEO. El viernes por la noche empezó a circular en redes sociales un video en el que Fernando Purón Johnston, ex alcalde de Piedras Negras y candidato del PRI a diputado federal por el distrito 1, fue asesinado a balazos luego de asistir a un debate. En la grabación se aprecia a un hombre que se acerca a Purón y le dispara en la cabeza. El candidato falleció una hora después en un hospital cercano.

 

El PRI, PRD y PAN —en orden de importancia—, aparecen como los Partidos mayormente afectados por la violencia política que vive el país, donde a la fecha se registran 115 asesinatos de alcaldes en turno, candidatos y precandidatos a cargos de elección popular en este 2018, que según el informe Violencia Política en México 2018 presentado por Etellekt Consultores, esta elección ha sido la más violenta de la historia del país.

Los asesinatos políticos registrados desde septiembre del año pasado a la fecha han golpeado con más fuerza a la Coalición electoral del PRI-PVEM-Nueva Alianza, que registra hasta la primera semana de junio 43 víctimas mortales; le sigue el Frente integrado por el PAN-PRD-MC, con 37; y de Morena-PT-PES, con 17.

Por partido, el informe de Etellekt Consultores destaca que 37 de los 110 asesinatos fueron de candidatos o precandidatos con filiación priista; 18 más de perredistas; 13 panistas; y nueve de Morena. El PT y MC con seis víctimas cada uno. El resto de las víctimas pertenecían a partidos locales.

Sin embargo, al presentarse el jueves pasado el Atlas Nacional de Riesgo Electoral elaborado por la Asociación Nacional de Alcaldes, A.C. se señala a Sinaloa como un estado con alto grado de violencia política —y el de mayor conflicto en el noroeste del país—, en donde Culiacán aparece como el único en Sinaloa con mayor riesgo de violencia política y de los municipios con más casos de figuras públicas asociadas con asesinatos, atentados, tortura y desaparición en contextos políticos.

Para el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, esta situación de violencia política crítica, no enciende los focos rojos en el país y afirmó que la mayor parte de estos crímenes se vinculan con la delincuencia organizada, destacando que la dependencia a su cargo considera que ninguno de los asesinatos está vinculado a posturas políticas e ideológicas, pues de acuerdo con las procuradurías y fiscalías estatales, los casos obedecen a disputas entre la delincuencia organizada.

El informe data que de los 110 políticos asesinados, 28 eran precandidatos y 13 más candidatos, para un total de 41. Además durante el periodo de septiembre de 2017 a junio de 2018, se registraron 382 agresiones contra políticos; 119 de ellas fueron amenazas y actos de intimidación. En el reporte también destacan 14 secuestros y 47 contra familiares de políticos.

En el Atlas Nacional sobre Riesgos Electorales que presentó el jueves la Asociación Nacional de Alcaldes, se asienta que los cargos más vulnerables a asesinatos desde 2006 a 2018 en México, han sido los alcaldes en funciones —con 59 casos—; le siguen los funcionarios de cualquier nivel —47 casos—, en tercera posición sitúan a los periodistas —con 41 asesinatos—, y le siguen en igual número los candidatos, precandidatos y líderes sociales, con 25 casos cada uno.

El documento destaca que los 41 periodistas asesinados cubrían la fuente de “Corrupción y Política” e investigaban actos de corrupción, desvíos de recursos de funcionarios públicos o ex funcionarios.

Al dar a conocer el Primer Mapa de Riesgo Electoral en el país, la Alcalde de Pachuca y la presidenta de la Asociación Nacional de Alcaldes, Yolanda Tellería Beltrán considera que en México se ha hecho costumbre escuchar, leer y ver noticias que anuncian asesinatos de alcaldes, candidatos o periodistas y lamentablemente la cifra de decesos violentos aumenta conforme se acerca el final del proceso electoral.
Aprovechó para hacer un llamado a los organismos internacionales, a los que pidió sumarse a esta causa enfocada a frenar la violencia política que da su primer paso con un Atlas que pone en la mira la problemática que se vive todos los días en diferentes regiones del país.

Por su cuenta, el Representante del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas, destacó que la violencia electoral que vive México es reflejo de las fallas que tiene el Estado por controlar el territorio y garantizar la seguridad, y es evidente que estas formas de violencia son un instrumento de control político de la delincuencia. A los delincuentes, dice, les basta con matar a un político o a un periodista para decir quien controla esa área.

Coincide con la representante de la Asociación Nacional de Alcaldes, al señalar que urge establecer protocolos específicos de protección a los candidatos y sus familiares, que deben ir acompañados de un planteamiento de seguridad para el país, que a estas alturas no existe.

 

Estados sureños, con el 70 por ciento de los casos

Entre los Estados más afectados se encuentran Guerrero (24), Oaxaca (18), Puebla (13), Veracruz (8) y Estado de México (7), que concentran casi el 70 por ciento de 110 casos registrados en el país, donde aparecen 22 Entidades como Chihuahua, Jalisco, Hidalgo y Michoacán con cinco casos cada uno; San Luis Potosí, Guanajuato y Tamaulipas con tres cada uno; Colima, Durango, Morelos y Sonora con dos. Mientras que Zacatecas, Tlaxcala, Chiapas, BCN, Tabasco y Nayarit con uno cada Entidad.

En Guerrero, donde se presenta con más intensidad esta violencia política, hay ciudadanos que renunciaron a sus candidaturas a alcaldías, regidurías y síndicos procuradores y se han aprobado 17 renuncias de candidatos propietarios y suplentes a diputados locales, mientras están pendientes de análisis 90 solicitudes de sustitución para los Ayuntamientos.

Todo porque vivimos un ambiente político muy complicado, señala Nazarín Vargas Armenta, del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la Entidad.

El mayor número de casos de homicidios que observa el Atlas de Riesgos 2018 se perpetran a ex funcionarios, lo cual denota, según los analistas, que los poderes fácticos o el crimen organizado espera a que los funcionarios dejen sus cargos y no tengan protección del Estado, para asesinarlos.

Estos hechos, considera el documento, van debilitando las estructuras del Estado, debido a que un asesinato no solo es la pérdida del individuo, sino que va quebrantando a las instituciones, al poder público y a las estructuras que representa, ya sea un presidente municipal, un diputado o candidato.

Artículo publicado el 10 de junio de 2018 en la edición 802 del semanario Ríodoce.

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