Con el fin de inhibir la participación de servidores públicos en la evasión de reos, el Congreso del Estado aprobó reformas a los artículos 336 y 338 del Código Penal para el Estado de Sinaloa.

Las reformas contemplan castigar con penas más severas a aquellas personas que favorezcan la evasión de los presos recluidos en los centros penitenciarios.

Las nuevas penas van de los cinco a 12 años de prisión a quienes indebidamente pongan en libertad o favorezcan las evasión de reos, en lugar de los dos a ocho años que se aplicaban.

La reforma contempla que en caso de que los reos evadidos sean dos o más, se duplicará la sanción.

La iniciativa fue presentada por el gobernador Quirino Ordaz Coppel, quien en la exposición de motivos argumentó que la baja graduación de las penas por evasión de reos en el Código Penal, no guardaba proporción con el daño que a la sociedad y al sistema de Justicia Penal genera.