El subsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Leoncio Pedro García, dijo que “hay más punteros que elementos de seguridad”.

“La Policía Estatal tendría 783 elementos para todo Sinaloa, y los punteros sumarían más de 700 sólo en la ciudad de Culiacán.”

“Es en Mazatlán donde 80 por ciento de los ciudadanos los ve (a los punteros), mientras que en Culiacán lo hace 70 por ciento”.

Los textos anteriores son fragmentos de un reportaje de Jesús Bustamante publicado en El Universal.

“El narcotráfico es el quinto generador de empleos en México, revela un estudio publicado en Science.

Los cárteles emplean a 175 mil personas”, informa la revista Proceso.

Los jóvenes sinaloenses se han adaptado a la realidad de Sinaloa.

Lo más elemental que hacemos los seres humanos es adaptarnos para sobrevivir.

Si vives y creces en un ambiente violento vas a reproducir relaciones personales, reacciones y conductas violentas.

Las violencias que no se interrumpen, se multiplican y se expanden. Aquí se cantan, se festejan, se proclaman, se cuentan, se les rinde homenaje.

Falla nuestro sistema de valores sociales.

Si vives y creces en un ambiente de impunidad, donde los delitos no se castigan, vas a poder comportarte sin límites ni acotaciones.

De cada 100 delitos solo se castigan cinco en nuestro estado, según un estudio de la organización México Evalúa. Además, la impunidad va en aumento: creció 4.5 por ciento en 2022 respecto a 2021.

Falla el sistema de justicia.

Si vives y creces en una sociedad donde la mayor cantidad de posibilidades de empleo son en la informalidad, sin prestaciones y bajo sueldo, la delincuencia organizada es una opción real.

Son 698 mil sinaloenses los que tienen empleos informales.

Falla la política económica.

Si vives y creces en una sociedad donde la escuela no te da herramientas para una mejor vida y, hasta te expulsa, la educación no es una puerta al bienestar.

Al iniciar el gobierno del presidente López Obrador había, en todo el país, 7 millones de jóvenes de entre 12 y 29 años en rezago educativo, esto es, que no tenían el grado escolar que correspondía a su edad. En 2022, según CONEVAL, esa cifra subió a 8 millones 400 mil.

Falla la política educativa.

En esta realidad sinaloense hay jóvenes que tienen más factores de riesgo.

El investigador Raúl Zepeda, analizó los resultados de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad y encontró que, “en adición a la baja escolaridad y tener un trabajo precario, muchos de ellos (jóvenes presos por delincuencia organizada) reportan: haber pasado por hambre en alguna fase de sus vidas; haber vivido abuso o abandono parental; tener un consumo elevado de alcohol; haber dejado la escuela para trabajar; ser padres, o venir de hogares donde solo hay una madre jefa de familia”.

Ninguna institución de gobierno tiene un programa de atención para familias y jóvenes con mayor vulnerabilidad a sumarse a la delincuencia organizada. No hay ningún acompañamiento a los hijos de los presos ni ningún trabajo efectivo de reinserción.

Falla la política de asistencia a la familia y a la población vulnerable.

Según la Secretaría de Hacienda, en 2020, el 2.1 por ciento del presupuesto del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se dedicó a los hogares más pobres y 6.1 por ciento a los más ricos.

Los programas sociales no están focalizados especialmente para los jóvenes en situación de pobreza. A ese programa, es más fácil que accedan los más ricos que los más pobres, pues, estos tienen muchas barreras que superar, desde no saber que existe, el no tener documentos, no contar con computadora con internet para inscribirte y muchas otras más.

De la misma forma, las becas Benito Juárez para bachillerato destinaron 7.1 por ciento de sus recursos a los más pobres, pero a los más ricos les tocó el 4 por ciento.

Los programas sociales del presidente no apoyan suficientemente a un joven que está ante la disyuntiva entre unirse a la delincuencia y quedarse en la escuela.

No hay una estrategia especial hacia los muchachos con más condiciones para desertar y les dan lo mismo a todos.

Los programas sociales que podrían ayudar a los jóvenes se han aplicado sin honestidad y sin transparencia.

La Auditoría Superior de la Federación encontró en 2021 decenas de irregularidades en Jóvenes Construyendo el Futuro, entre ellas que se entregaron apoyos a personas registradas como beneficiarias que habían fallecido entre 2019 y 2020.

Las Becas para el Bienestar Benito Juárez tienen 263 millones 695 mil 365 pesos pendientes por aclarar de la Cuenta Pública 2019.

El órgano fiscalizador consignó que entre las irregularidades se encuentran pagos a beneficiarios fallecidos, trabajadores por honorarios que desconocieron las firmas en los contratos, pagos duplicados y recursos que no se reintegraron pese a que no se pagaron.

Falla la política social.

Nadie puede estar conforme con lo que está pasando en Sinaloa.

Nadie puede presumir que está sucediendo una transformación histórica cuando se están sacrificando a tantos y tantos jóvenes en el infierno de la pobreza y la delincuencia.

Nadie puede cerrar los ojos ante la tragedia de que un muchacho deba delinquir, robarnos o matarnos para sobrevivir.

Nadie puede sostener que las políticas fallidas deben continuar cuando no han logrado interrumpir el crecimiento de la violencia.

Nadie puede sentirse seguro.

Nadie puede negar la realidad.

Necesitamos una política pública integral que ataque el problema en su complejidad.

Necesitamos ponderar e incentivar las relaciones sanas y los comportamientos pacíficos; fortalecer las instituciones de justicia para abatir la impunidad; detonar un crecimiento económico incluyente y, atender especialmente a los jóvenes pobres de contextos de riesgo.

Se puede.

Empecemos por exigir eso al gobierno y a los candidatos.

Aunque se enojen.

Artículo publicado el 14 de abril de 2024 en la edición 1107 del semanario Ríodoce.